Por Redacción Es Noticia
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La Junta de Supervisión Fiscal le respondió que no a la petición que le hizo el gobernador Pedro Pierluisi de liberar $200 millones para mitigar el aumento en el costo de la electricidad ante el alza en el precio del combustible.
«Retirar fondos de la Reserva, tal como propone el Gobierno, dejaría a Puerto Rico sin los fondos necesarios para responder a futuros huracanes u otros desastres naturales».
La respuesta a la carta que el Gobernador le envió el pasado del 10 de marzo, en la que solicitó la liberación de $200 millones de la Reserva de Emergencia estatal para cubrir una parte de esos costos, fue referirle otras ayudas disponibles que mitigarían ese impacto.
La JSF le indicó que utilizara:
- Los $35 millones disponibles a través del Programa de Asistencia para la Energía de Hogares de Bajos Ingresos (LIHEAP, en inglés).
- Los $565 millones disponibles a través del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP, en inglés) para brindar alivio a los hogares más afectados por los aumentos en los costos de energía.
- El Gobierno también podría utilizar una parte de los $1,700 millones actualmente disponibles a través del Fondo de Recuperación Fiscal Estatal y Local para complementar aún más los programas LIHEAP y ERAP proporcionando a los hogares que cumplan con los requisitos una ayuda adicional.
La Junta de Supervisión no estuvo de acuerdo con la solicitud del Gobernador de recurrir a la Reserva de Emergencia Estatal debido a una serie de preocupaciones económicas y fiscales, especificó.
«Una inyección única de efectivo a la AEE por parte del Gobierno solo brindaría a los clientes un alivio a corto plazo, ya que los dejaría expuestos a mayores aumentos en el futuro, además de que no prioriza los hogares de bajos ingresos, que son más vulnerables a los aumentos del precio de la energía», escribió el organismo federal en una carta a Pierluisi.
La Junta dijo que le preocupaba «el agotamiento de la Reserva de Emergencia Estatal» que se destina específicamente a acontecimientos extraordinarios, como catástrofes naturales.
«Exhortamos al Gobierno a buscar soluciones sostenibles. La respuesta a largo plazo a los retos de la AEE es completar la transformación del sector energético de Puerto Rico y crear las condiciones necesarias para una transición acelerada hacia el uso de recursos renovables, lo que implica, en particular, establecer un proceso de tramitación de permisos para los proyectos de energía renovable».
«El Gobierno debe permitir y facilitar la inversión en las fuentes de energía renovable para que los residentes y empresas de Puerto Rico reciban los servicios seguros, fiables y asequibles que se merecen», afirmó la JSF.
