Por CyberNews
Una coalición de organizaciones ambientales y agrícolas exigió este martes que se investigue al Secretario de Agricultura, Ramón González Beiró ante denuncias de la ex directora ejecutiva de la Autoridad de Tierras, quien trajo a la luz pública ilegalidades por parte del funcionario.
Entre estas alegadas acciones ilegales está autorizar a agricultores sub alquilar terrenos agrícolas públicos custodiados por la agencia para convertirlos en instalaciones a escala industrial de producción de energía renovable.
“El permitir proyectos industriales de generación de energía renovable en terrenos agrícolas y de valor ecológico es preocupante ya que además de destruir el suelo, uno de los recursos naturales más importantes que tenemos, este tipo de acción reduce drásticamente la cantidad de tierras disponibles para la agricultura y la capacidad de poder alimentarnos nosotros mismos”, planteó el profesor David Sotomayor Ramírez, catedrático de Ciencias de Suelo, de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez en declaraciones escritas.
La coalición y campaña Tierras pa’ Agricultura y Techos pa’ Energía compuesta por organizaciones ambientales y agrícolas del país le exige a la Legislatura que se realice una investigación para confirmar si en efecto el Secretario de Agricultura promueve y permite este tipo de ilegalidad. Además, exigen que el Secretario se exprese ante lo que representa este desafío para el país.
El Negociado de Energía de Puerto Rico hasta ahora le ha dado el visto bueno a 18 proyectos industriales de producción de energía renovable propuestos en terrenos de alto valor agrícola y ecológico que impactan miles de cuerdas en el país.
“Por más de 10 meses, desde la coalición y campaña venimos denunciando nuestras preocupaciones ante esta amenaza de gran impacto para el futuro del país. Le hemos expresado nuestras preocupaciones a Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, a Ramón González, Secretario de Agricultura y a Manuel Hidalgo, presidente de la Junta de Planificación. Les hemos solicitado audiencia y ninguno ha respondido. Se le ha negado al pueblo el debido proceso de participación pública”, manifestó Ruth Santiago, abogada ambiental portavoz de la coalición ambiental. Santiago es también integrante del Consejo Asesor de Justicia Ambiental del presidente de Estados Unidos, Joseph Biden.
Dorally Rivera Martínez, ex directora de la Autoridad de Tierras ha expresado entre las razones para su despido que no se prestó para dejar pasar ilegalidades dentro de la agencia. Una de las alegadas ilegalidades señaladas consiste en permitir que los agricultores que alquilan fincas agrícolas pertenecientes a la agencia puedan subarrendar estos terrenos; en este caso para establecer proyectos industriales de generación de energía renovable. Determinar que los suelos rústicos especialmente protegidos agrícolas sean usados para la producción de energía va en contra de la ley del Plan de Uso de Terrenos del 2014, la cual está vigente y va por encima de cualquier reglamento establecido por la Junta de Planificación.
“Los funcionarios y las agencias de este país no han comprendido lo urgente que resulta preservar y garantizar estos recursos. Hay tantas personas con deseos de trabajar la tierra que no tienen acceso a ella y el Secretario de Agricultura está apostando por promover proyectos industriales en los terrenos con la mayor capacidad de producción agrícola en la isla. Estos terrenos tienen que ser protegidos y utilizados para producir los alimentos que el país necesita con urgencia. Las acciones del Secretario de Agricultura ponen en riesgo nuestras tierras agrícolas, de alto valor ecológico y la soberanía alimentaria del país”, expresó Marissa Reyes, portavoz de El Puente-Enlace Latino de Acción Climática y agricultora ecológica.
Alfredo Vivoni, portavoz del Frente Unido en Pro Defensa del Valles de Lajas, coincidió en estos planteamientos al indicar que “seguimos insistiendo que la transición energética que necesitamos como archipiélago es su producción descentralizada y distribuida en espacios impactados como vertederos y estacionamientos y en los techos de los hogares. Necesitamos que el gobierno avale la propuesta de Queremos Sol como alternativa a implementar en Puerto Rico. Por estudios recientes, sabemos que tenemos techos suficientes para la producción de nuestra energía. No permitamos que se impacte negativamente otro recurso natural”.
La coalición está compuesta por: El Puente- Enlace Latino de Acción Climática, el Frente Unido Pro Defensa del Valle de Lajas, la Organización Boricuá de Agricultura Ecológica de Puerto Rico, El Bosque Modelo de Puerto Rico, el Comité Diálogo Ambiental, Earthjustice, académicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez y del Servicio de Extensión Agrícola.
