Por CyberNews
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La directora de la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos, Aixa Pabón Valentín, denunció este jueves a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes la negligencia de pasados titulares del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras agencias pertinentes para atender el crimen ambiental cometido en la zona desde que comenzó a revelarlo hace seis años.
La bióloga, quien presentó a la comisión una extensa cronología de eventos relacionados a la controversia, defendió la labor que ha realizado junto con su equipo de trabajo para proteger la Reserva, una vez asumió la dirección en noviembre de 2014.
“Me causa emoción, porque esta Reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer; dando seguimiento; solicitando reuniones; documentando todos los informes mensuales que se les envía a las agencias…”, manifestó conmocionada.
“Siempre la Reserva ha notificado este crimen ambiental”, agregó.
La también oceanógrafa compareció al tercer día de vistas públicas que celebra la comisión para investigar el crimen ambiental cometido en la Reserva por alegados invasores que desde hace más de dos décadas han destruido parte del área protegida realizando construcciones ilegales.
En su ponencia, Pabón Valentín detalló las múltiples ocasiones en las que solicitó a los exsecretarios del DRNA, Rafael Machargo y Tania Vázquez, que intervinieran en los diversos casos. Sin embargo, aseguró que la respuesta por parte de estos titulares, particularmente de Machargo, no fue lo suficientemente ágil para prevenir la continuación de la invasión en los pasados años.
La directora mencionó que parte de esas comunicaciones a Marchargo, quien dirigió la agencia hasta el pasado 1 de abril, contenían denuncias sobre alquileres de facilidades publicadas en la página de la plataforma Airbnb, y fotos de las descripciones generales de las parcelas registradas en la página del Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM).
Asimismo, indicó que el 8 de febrero de 2020 le evidenció al secretario que siete contadores reportados dentro de los terrenos invadidos de la Reserva contaban con un mismo número de permiso de uso emitido por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), y que correspondían a una localización en Aibonito.
Además, en una comunicación fechada el 1 de marzo de 2021, Pabón Valentín aseguró que remitió un escrito al secretario Machargo, con copia a la comisionada sargento del Cuerpo de Vigilantes, Haydelin Ronda Torres, en la cual denunció la pobre comunicación con el personal.
También solicitó la necesidad de activar el Plan de Vigilancia que se le había presentado a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) en el 2017, pero la directora afirmó que nunca recibió respuesta por parte de los funcionarios.
Fueron decenas las instancias en las que Pabón Valentín se dirigió nuevamente a Machargo, Ronda Torres, y a la supervisora inmediata Damaris Delgado para denunciar el crimen ambiental, particularmente al oeste de la comunidad de Las Mareas. De igual forma, resaltó la necesidad de personal del Cuerpo de Vigilantes para realizar patrullajes, intervenciones, presentar los casos a la Oficina de Asuntos Legales y asistir en la seguridad de las facilidades.
Tan reciente como el pasado 10 de marzo, resaltó un evento en el que un vigilante pidió asistencia para orientar a una persona que rellenó y taló mangle, pero a esta persona no se le radicó una querella porque, según el agente, no la vio realizando el acto.
“En conclusión, no se hacen querellas, pero tampoco se trabaja en un plan activo para sorprender a los criminales ambientales, ni se les da seguimiento para que remuevan el relleno y mitiguen el daño ocasionado al hábitat”, reprochó.
Aclara posición del Cuerpo de Ingenieros
En su ponencia, Pabón Valentín destacó que el 17 de junio de 2018 participó en una llamada conferencia con miembros de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés), el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos (USACE, en inglés), DRNA y NOAA.
“La recomendación del Cuerpo de Ingenieros y de la EPA fue que el DRNA debía en primer lugar aclarar la titularidad de los terrenos antes de poder llevar una acción más contundente de su parte y que iban a estar pendientes de la resolución del caso cuasi-judicial del DRNA contra los querellados”.
El 30 de noviembre de 2018, Recursos Naturales dio continuidad a la vista en su fondo del caso DRNA vs. Guillermo Godreau Veguillla, en las oficinas de la agencia en San Juan.
“Momentos antes de iniciarse la vista, la licenciada Claribel Díaz expresó que no va a ver el caso, porque consideraba que era mejor acogerse a la transacción y acordar un pago de hasta $5,000 (cantidad propuesta inicial) por parte de los querellados”, indicó la bióloga y oceanógrafa.
“La licenciada Díaz argumenta que este caso no se puede ganar por que no hubo testigos que vieran a los imputados cortar el mangle, ni hacer los rellenos, ni remover la corteza terrestre, que únicamente los observamos construir una verja en esos terrenos”, añadió.
Expresó también que el 9 de mayo de 2019, la secretaria Tania Vázquez, envió una carta de solicitud de investigación a la exsecretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez Garced.
“En la carta se solicita una investigación para todas las construcciones ilegales, instalaciones de servicios de agua y electricidad en los terrenos de la Bahía de Jobos al final del Camino del Indio”, indicó.
Exigen estado de emergencia ambiental
En su turno, el representante popular Héctor Ferrer Santiago expresó la necesidad de exigirle al gobernador Pedro Pierluisi una declaración de estado de emergencia ambiental para el área de la Bahía Jobos.
Ferrer Santiago destacó también que “es necesario que se realice un estudio de suelo sobre la Reserva y áreas aledañas, para entender cuáles han sido los efectos de los rellenos y construcciones sobre los ecosistemas marítimos”.
Según ha trascendido en las vistas públicas, tanto la directora de la reserva como el biólogo Milton Muñoz contabilizaron en 2015 un total de 2,297 metros cuadrados de mangle talados. En total, para esa fecha se talaron 732 árboles.
A preguntas del presidente de la comisión, Edgardo Feliciano Sánchez, la directora aseguró que, actualmente, la deforestación debe ser “cinco veces más” que en el 2015.
Feliciano Sánchez sentenció, luego de culminado el turno de Pabón Valentín, que “ahora sabemos quiénes han estado del lado de Puerto Rico, han hecho su trabajo, y también quiénes fallaron en el camino. Ese fue el principal objetivo de estar en esta vista en la tarde de hoy”.
El representante del Distrito 12 anunció en la vista pública que la comisionada sargento Ronda Torres será citada para comparecer el próximo miércoles, 27 de abril. “La comisionada tiene mucho que aclarar”, puntualizó.
