Por Redacción Es Noticia
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El Departamento de Justicia informó la radicación de 12 cargos por posesión y traspaso de documentos falsificados contra uno de sus agentes que presentó más de una decena de pruebas de laboratorio de COVID-19 falsas.
Con las pruebas falsas, el agente de la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía, en Carolina, buscaba trabajar de manera presencial sin cumplir con el requisito de vacunación establecido debido a la pandemia provocada por el coronavirus.
El juez Wilfredo Viera, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto contra el agente Iván Molina Casiano, a quien le impuso una fianza de $12,000, que fue diferida mediante el Programa de Servicios con Antelación a Juicio.
El agente podría enfrentar una pena de reclusión por un término fijo de tres años por cada cargo.
“Agradecemos al Departamento de Salud y al Departamento de Justicia, la diligencia con la que actuaron para procesar este caso, referido por la División de Seguridad y Protección del Negociado de la Policía de Puerto Rico, tras identificar un potencial patrón de falsificación de pruebas de COVID 19, por parte de un agente adscrito a esta división”, expresó el comisionado del Negociado de la Policía, Antonio López Figueroa.
«Estamos muy conscientes de que el cumplimiento de las leyes comienza desde la casa. Por eso, no toleramos conductas contrarias a nuestro ordenamiento jurídico, sobre todo cuando se trata de un agente que juró cumplir con la ley y el orden”, dijo.
La investigación se originó tras un referido de la División de Investigaciones de la Secretaría Auxiliar para la Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud (SARAFS) del Departamento de Salud.
El agente determinó no vacunarse contra el COVID-19 por motivos religiosos. Según la Orden Ejecutiva número 2021-058 del 28 de julio de 2021, éste podía continuar trabajando presencialmente siempre y cuando se realizara una prueba de laboratorio de COVID-19 semanalmente.
Durante los meses de agosto de 2021 a febrero del presente año, Molina entregó a su supervisor más de 20 pruebas de COVID-19. De la investigación se desprende que 12 de las pruebas fueron falsificadas.
Por lo cual, la fiscal María Teresa Carro Lahongrais le radicó 12 cargos por violación al Artículo 217 del Código Penal de Puerto Rico, que tipifica como delito la posesión y el traspaso de documentos falsificados.
“El Ministerio Público cuenta con la evidencia para probar más allá de duda razonable la posesión y traspaso de los 12 documentos falsificados”, sostuvo la Fiscal.
“Un agente o funcionario no solo debe cumplir la ley sino dar ejemplo de honestidad y ética. Estamos seguros de que la mayoría cumplen con este estándar de integridad. El Departamento de Justicia se encargará de aquellos que se desvíen”, expresó el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández.
