Por Rafael R. Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo
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El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) informó que 16 puentes sufrieron daños tras el paso del huracán Fiona, mientras que una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) encontró que esta cifra es incorrecta y que, de esta lista, nueve puentes tenían su fuerza y estabilidad seria o severamente afectada previo al paso del ciclón que impactó a Puerto Rico el pasado 18 de septiembre.
El CPI solicitó al DTOP cuáles son y dónde están los puentes que tuvieron daños a consecuencia del huracán Fiona y la agencia envió una lista que hace referencia a solo 16 puentes afectados y ocho accesos a esas estructuras. No obstante, una revisión que hizo el CPI de videos e imágenes publicadas en medios de comunicación y en las redes sociales muestra que la lista provista por el Gobierno está incompleta.
Los datos obtenidos por el CPI apuntan a que hay decenas de puentes que colapsaron o se socavaron como consecuencia de Fiona y que no fueron incluidos por el DTOP en la petición de información que el Centro hizo. Algunos de estos puentes se ubican en carreteras municipales, como fue el caso del puente vado del sector Guaraguao en Bayamón. Los vados son estructuras viales pequeñas que se construyen sobre cuerpos de agua de poca profundidad, como es el caso de algunas quebradas.
Según el DTOP, Fiona solo afectó tres puentes en Yabucoa, dos en Naguabo, dos en Patillas y un puente en cada uno de los municipios de Arecibo, Cidra, Coamo, Humacao, Jayuya, Naranjito, San Germán, San Lorenzo y Utuado.
Según el DTOP, en Utuado solo se afectó un puente en la PR-6104, que según la agencia es la estructura que colapsó con la crecida del río Grande de Arecibo, cuyas imágenes del momento fueron ampliamente difundidas. El Nuevo Día publicó este lunes que, a consecuencia de Fiona, de los 65 puentes y vados que tiene Utuado, hay 44 que necesitan restauración.
No es la primera vez que el DTOP y su Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) omiten información sobre el estado de los puentes afectados por el embate de un ciclón tropical, principalmente aquellos localizados en carreteras de jurisdicción municipal. En el año 2020, el CPI ganó un caso de acceso a la información en el cual solicitó a la ACT la lista de los puentes cerrados o afectados por el huracán María en septiembre de 2017. Entonces, la agencia admitió en el tribunal que la lista que inicialmente proveyó al CPI no tenía todos los puentes y tuvo que añadir aquellos puentes municipales que fueron encontrados por el CPI en su búsqueda independiente. Además, la lista de puentes afectados por el huracán María que la ACT le entregó al CPI incluyó solo 32, a pesar de que un informe financiado por el Gobierno federal y firmado por DTOP en el 2018 indicaba que 388 puentes fueron reportados con daños como consecuencia de ese evento atmosférico, lo que constituyó una omisión de 356 estructuras.
Menoscabada la infraestructura
El Inventario Nacional de Puentes de los Estados Unidos para el año actual, cataloga a siete puentes de Puerto Rico incluidos en esa lista con una “fuerza y estabilidad seriamente afectada” y dos estaban con su “fuerza y estabilidad severamente comprometida”. Según los datos de la Administración Federal de Carreteras, solo un 17.4% de los puentes en Puerto Rico están en buenas condiciones. De la cifra de los 2,335 puentes que hay en el país, 410 están identificados como en buenas condiciones, 1,613 aparecen que tienen una condición razonable, mientras que 312 se identifican como en pobre estado.
El CPI preguntó a la ACT si, previo al huracán Fiona, existía un plan de monitoreo de los puentes clasificados con un estatus de “condición seria” y “condición crítica”, según los estándares del Departamento de Transportación federal. Además, se le cuestionó a la ACT si existe un plan para trabajar con estos puentes que tienen un estado de socavación crítica, que es cuando los cimientos de un puente están debilitados, vulnerando así el sostenimiento de esta infraestructura vial. Ninguna de las preguntas fue respondida por la Oficina de Gerencia de Puentes de la ACT ni por ningún oficial de la agencia. Según el documento de las Especificaciones para el Inventario Nacional de Puentes, un puente con “su estabilidad seriamente afectada”, “necesita “monitoreo frecuente”, “restricciones de carga” y “acciones correctivas”. Los puentes con “su estabilidad severamente comprometida” necesitan “restricciones significativas de carga”, y de no ser monitoreados adecuadamente pudieran ser cerrados hasta que se reparen.
Para el ingeniero civil estructural Félix Rivera Arroyo, si bien un puente en “condición seria” puede ser transitable, es indispensable que el Gobierno lo monitoree constantemente, específicamente el promedio del peso de los vehículos que lo transitan.
“Los puentes se clasifican por toneladas. Entonces, dependiendo las toneladas es que entonces tú dejas transitar. Hay unos camiones que son bien pesados. El Gobierno debería velar el peso, debería estar constantemente monitoreando y poner estaciones de monitoreo para ver si hay algún tipo de movimiento, de situación que no empeore”, explicó Rivera Arroyo al CPI.
Así también, el experto, que además preside la Comisión de Terremotos del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR), mostró preocupación por la permanencia de varios puentes temporeros que fueron erigidos hace más de dos años para sustituir aquellas estructuras que colapsaron o se destruyeron tras el paso del huracán María en el 2017. Por ejemplo, uno de los puentes que colapsó completamente tras el embate de Fiona fue la estructura temporera ubicada en el barrio Salto Arriba del municipio de Utuado, y que se había instalado hace cuatro años a un costo de $762,800. En una conferencia de prensa celebrada el pasado 19 de septiembre, la secretaria del DTOP, Eileen Vélez Vega, expresó que los “puentes provisionales tienen una vida de hasta 75 años”. Asimismo, en el 2019, el entonces secretario de la agencia, Carlos Contreras, dijo que esos puentes temporeros podían durar “muchos años”, defendiendo así la construcción de este tipo de infraestructura como parte de los trabajos de recuperación después del huracán María. Sin embargo, Rivera Arroyo opina distinto.
“Esos son puentes temporeros, para uno o dos años, y cuidado. Pero ya llevamos cinco años después de María”, expresó el ingeniero.
Propondrán enmiendas al Código de Construcción para fortalecer puentes
El actual Código de Construcción de Puerto Rico establece que el estándar de referencia para la construcción de puentes es el período de retorno de la lluvia de los 100 años. El período de retorno se refiere al tiempo estimado en el que se espera que ocurra un evento atmosférico con determinada cantidad de pulgadas de lluvia en una región. El período de retorno de lluvia de 100 años implica que, en términos probabilísticos, ese evento debe ocurrir una vez cada 100 años.
Aunque la cantidad de pulgadas de la lluvia asociadas al evento de los 100 años varía por municipios y regiones en Puerto Rico, lo cierto es que, en apenas cinco años, hubo lugares en donde se reportaron aproximaciones a esas cantidades, tanto por el huracán María, como por el huracán Fiona, en un periodo de cinco años entre un evento y otro.
“En el caso de Ponce, cuando lo llevamos a tres días [a partir del paso del huracán Fiona], todavía se queda entre un evento de 50 años, casi acercándose a los 100 años. Un evento de 50 (años en esa área) es de 27.7 pulgadas y tiró casi 32 [pulgadas]. Estuvo dos pulgadas corto de ser un evento de uno en 100 años”, explicó al CPI el climatólogo José Javier Hernández Ayala.
El también investigador de la Universidad Estatal de Sonoma en California comentó que, en áreas de Caguas, cayeron pulgadas de lluvia equivalentes al período de retorno de 200 años, mientras que en sectores de Utuado hubo cantidades asociadas a una lluvia de cada 50 años.
“De María a Fiona solo pasaron cinco años. Lo que estamos viendo es que en los períodos de retorno de la lluvia extrema y en las descargas de ríos, lo que antes era un evento de uno en cada 100 años, ahora es uno en cada 50. Lo que era uno en cada 50 años, ahora es uno en cada 20”, comentó Hernández Ayala, en referencia a que hubo sectores de municipios en donde ocurrieron estos eventos de lluvia extrema, tanto para el ciclón del 2017, como para el ocurrido este año. En los 19 años entre el huracán Georges de 1998 y el huracán María de 2017, se reportaron eventos de lluvia equivalente al período de retorno de 500 años. Por ejemplo, en áreas del municipio de Caguas se registraron hasta 20 pulgadas de lluvia como consecuencia de Georges. Esa cifra, que corresponde a las pulgadas esperadas en un evento de lluvia de una vez cada 500 años, se repitió en Caguas durante María, según explicó el climatólogo Amílcar Vélez.
Esta frecuencia de eventos atmosféricos extremos debe ser razón, no solo para reevaluar los promedios que actualmente se asocian con diferentes períodos de retorno de lluvia, sino también para cambiar el estándar actual en la construcción de puentes, de acuerdo a Hernández Ayala.
“Tiene que hacerse un análisis de la isla entera y ver cuáles son esas descargas de río más significativas, cómo se están comportando en cuestión de su magnitud, con cuánta frecuencia están ocurriendo estos eventos extremos y quizás podemos diseñar [los puentes] para el peor de los casos. Quizás el área que tiene mayor necesidad de una infraestructura más sólida y resistente sea en Utuado, por dar un ejemplo, pero si utilizamos esos parámetros y se aplica a toda la isla, uno puede pensar que otras áreas [de puentes] van a [poder] estar protegidas”, comentó el también colaborador del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático de Puerto Rico.
El ingeniero Rivera Arroyo coincidió con la propuesta del climatólogo Hernández Ayala de cambiar el estándar para la construcción de puentes en Puerto Rico. Rivera Arroyo representa al CIAPR en el comité que evalúa las enmiendas al Código de Construcción de Puerto Rico. La nueva versión del documento, según Rivera Arroyo, debe estar lista entre febrero y marzo del 2023. Una de sus propuestas será cambiar el estándar de construcción de puentes para que sea basado en lluvia que responde al período de retorno de 200 años, en vez de 100 años como es ahora. Esta propuesta parte del reconocimiento de que los eventos de lluvia extrema en Puerto Rico son cada vez más frecuentes.
“Nosotros tenemos la potestad de revisar el Código que usamos. En el (Código de Construcción) del 2018 aparecen los 100 años, pero podemos cambiar eso para Puerto Rico, por la situación y condición que tenemos. Los códigos establecen parámetros mínimos. Nunca vas a estar protegido 100%, pero [enmendarlo] va a ayudar a lidiar con eventos futuros”, explicó Rivera Arroyo, quien advirtió que los costos de construcción aumentarán con los cambios al Código.
Multimillonarios cambios de órdenes
En el 2022, la ACT ha firmado contratos y enmiendas por casi $218 millones bajo la categoría de Construcción y Reparación de Vías, según la oficina del Contralor (OCPR).
Entre esos acuerdos se ordenan obras en el puente sobre el río Yagüez, trabajos en los puentes en la PR-2 entre Sabana Grande y Guánica, mejoras en el puente sobre el río Guanajibo en la PR-2 en San Germán, reemplazo del puente sobre el riachuelo en la PR-3 en Ceiba, mejoras al puente en la PR-681 en Toa Alta y trabajos de preservación de un puente en Utuado en la PR-10 entre el kilómetro 39.60 y 39.10. También la rehabilitación de un cable del puente suspendido sobre el río La Plata, entre las municipalidades de Naranjito y Toa Alta.
Asimismo, la ACT firmó este año cerca de 10 contratos que extienden hasta 2024 el término de varios proyectos a realizarse en puentes. En esos casos, aunque no se trató de una nueva licitación, la corporación pública, en lugar de enmendar el contrato original para extender el término, hizo un acuerdo nuevo con numeración distinta, pero que corresponde a un proyecto asignado entre cinco a 10 años atrás y cuyos periodos de culminación de los proyectos expiraron.
La extensión del término para completar obras cuyos contratos originales vencieron hace tiempo no es exclusiva de los trabajos en puentes sino también en otros tipos de proyectos en vías públicas. Por ejemplo, el pasado 29 de septiembre, la Autoridad firmó un contrato para extenderle a la compañía L.P.C. & D., Inc. el término para un proyecto en la PR-778, en Comerío, que se le asignó en 2003 y cuya vigencia fue hasta 2014. El acuerdo firmado en septiembre de 2022 señala que el proyecto está completado o sustancialmente acabado, pero que queda un remanente de $339,010 y se hace necesario extender el acuerdo por dos años más debido a los atrasos que ocasionó la pandemia del COVID-19. Así, este contratista ha tenido el control de las obras en el expreso de Comerío durante 19 años.
De igual manera, el registro de contratos de la ACT muestra acuerdos bajo la categoría de Construcción y Reparación de vías que tienen decenas de cambios de órdenes que han elevado en millones el monto original de los contratos. Por ejemplo, el pasado marzo, la ACT hizo la enmienda 63 a un contrato otorgado en marzo de 2012 al contratista L.P.C. & D., Inc. para proyectos en tres carreteras del Municipio de Fajardo. Los cambios de orden que establecen estas enmiendas añadieron $5.5 millones al contrato original de $14.4 millones.
El pasado mes de junio, Carreteras otorgó la enmienda 56 a un contrato que en marzo de 2014 dio a Ferrovial Agroman para mejoras en la PR-18 y PR-21. Las enmiendas añadieron $1.7 millones al contrato original de $16.1 millones que originalmente expiraba en 2017.
Por otra parte, entre el 19 de septiembre y 19 de octubre de 2022, la ACT otorgó 20 contratos de emergencia para atender los daños ocasionados por el huracán Fiona en las cinco regiones norte, sur, este, oeste y metro. Con contratos maestros por $200,000 y $400,000 se repartió en 20 contratistas las labores por regiones geográficas. Ya se firmaron acuerdos con ocho empresas para atender la región norte, cuatro para la región sur y este, tres para la oeste y una para la metropolitana.
Fondos federales para puentes y carreteras En noviembre del 2021, el Presidente de Estados Unidos Joe Biden firmó la Ley Bipartita de Infraestructura para proveer $550 mil millones entre 2022 y 2026 para proyectos como carreteras, puentes, infraestructura de agua, entre otros.
Para Puerto Rico, se proyecta que en esos cinco años se reciban cerca de $1.1 mil millones para mejorar el estado de las carreteras y puentes. Parte de la justificación del Gobierno federal para autorizar esta asignación es que un total de 282 puentes y sobre 1,492 millas de carreteras están en “condición pobre”, según vio el CPI en un documento del Departamento de Transportación de los Estados Unidos.
La Ley Bipartita de Infraestructura aspira a “reparar y reconstruir nuestras carreteras y puentes con un enfoque de mitigación por el cambio climático, resiliencia, equidad y seguridad para todos los usuarios, incluyendo ciclistas y peatones”.
La periodista Wilma Maldonado Arrigoitía colaboró en esta historia.
