Por Redacción Es Noticia
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La comisionada residente Jenniffer González Colón presentó una medida bipartita que mejoraría la paga de los abogados de asistencia legal y reducir la sobrecarga de casos.
Explicó que la falta de una paga adecuada y la sobrecarga de casos no propicia el reclutamiento de abogados de asistencia legal ni permite la celeridad y dedicación que amerita cada caso judicial.
Empero, la situación no es exclusiva de Puerto Rico, esto se ve y hasta se agrava en otras jurisdicciones en los Estados Unidos, propiciando una crisis nacional de defensa pública, indicó González Colón.
Para buscar soluciones a esta situación, González Colón se unió a los congresistas Suzanne Bonamici (D-OR), Kelly Armstrong (R-ND), y Jasmine Crockett (D-TX) para presentar la medida bipartita Ensuring Quality Access to Legal (EQUAL) Defense Act, H.R. 3758, con la cual buscan:
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- aumentar el acceso a abogados de calidad mediante la concesión de subvenciones para la asistencia legal.
- establecer límites en la carga de trabajo.
- introducir gradualmente la paridad salarial entre los defensores públicos y los fiscales en un plazo de cinco años.
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“Nuestro sistema de justicia penal es fundamental para preservar el orden y garantizar que se cumplan con las leyes. Para que el sistema sea efectivo, también debemos asignar los recursos necesarios a la defensa pública para enfrentar los desafíos actuales, incluyendo la escasez de defensores públicos y la falta de asistencia legal oportuna para quienes puedan necesitarla. Esta medida busca facilitar que los defensores públicos hagan su trabajo sin estar sobrecargados y que los gobiernos cumplan con su obligación constitucional de brindar asesoría y representación legal efectiva en casos penales”, expresó González Colón.
El H.R. 3758 cuenta con el respaldo del National Legal Aid & Defender Association (NLADA), American Bar Association (ABA), National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL), Gideon’s Promise, National Association for Public Defense (NAPD), Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law, Color of Change, y Project On Government Oversight.
El H.R. 3758 dispone lo siguiente:
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- Crear un programa de subvenciones de $250 millones para ayudar a financiar la defensa pública y limitar la carga de trabajo de los defensores públicos de tiempo completo.
- Establecer la paridad salarial entre defensores públicos y fiscales en un plazo de cinco años.
- Recopilar datos sobre la carga de trabajo de los defensores públicos, incluida la cantidad de horas trabajadas por mes y el porcentaje de horas trabajadas por mes en una variedad de tareas.
- Proporcionar $5 millones para organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para la capacitación integral de los defensores públicos.
- Exigir a los destinatarios de Byrne-JAG que proporcionen datos sobre la medida en que el estado proporciona defensores públicos para las personas indigentes en el sistema de justicia penal.
- Reautorizar el programa de préstamos estudiantiles John R. Justice, aumentar el monto de autorización general del programa de $25 millones a $75 millones y aumentar los límites de pago por prestatario.
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