Por Redacción Es Noticia
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PONCE – Una auditoria de la Oficina del Contralor reveló que la administración municipal ponceña incurrió en irregularidades durante varios procesos fiscales entre el 2018 y 2021.
Los auditores también levantaron tres Comentarios Especiales, entre ellos, el haber pagado $50,000 en demandas de empleados que determinaron transar y que afectó los recursos del municipio para ofrecer servicios.
Un empleado demandó al municipio -en el 2007- y el caso lo transaron -en el 2021- pagándole al demandante $35,000. Mientras, a otros 31 empleados que demandaron por la reducción de jornada también le transaron la demanda por $15,000 divididos a partes iguales entre todos.
“El municipio tuvo que pagar (un total de) $50,000 sin recibir ningún beneficio a cambio. Además, (eso) afectó los recursos del municipio para prestar servicios a los ciudadanos”, señala el informe de auditoría OC-21-27, el cual cubrió del 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021.
El documento también menciona que hay 17 demandas civiles que están pendientes en los tribunales y cuyos reclamos superan la suma de $4.7 millones, de los cuales $4.1 son por daños y perjuicios. Una gran mayoría de las demandas que enfrenta el municipio están ligadas al personal.
La Auditoria también reveló, entre los hallazgos, que hubo un contratista al que el adjudicaron la construcción de la verja del auditorio Juan ‘Pachín’ Vicens y cuyo contrato fue de $84,500, pero seis días después autorizaron trabajos adicionales por otros $60,000, esto elevó el costo del servicio a $144,500 sin que mediara subasta para los trabajos adicionales que le adjudicaron al mismo contratista.
La auditoría de cinco hallazgos señala “múltiples deficiencias” con las conciliaciones bancarias y los inventarios de recibos y cheques, reza el informe.
Por otro lado, hicieron una transferencia de créditos por $649,050, sin la autorización de la Legislatura, esto fue el 5 de febrero de 2020. Para efectuar esta transferencia, que rebajó las asignaciones presupuestarias de 39 partidas, utilizaron una resolución que no estaba firmada por la entonces Alcaldesa.
Los auditores también detectaron que el 77% de los expedientes de los participantes del Programa de Asistencia Económica para el pago de hipotecas atrasadas, le faltaba la certificación o carta que validara que los participantes no habían recibido asistencia de otro programa federal.
Además, la auditoría comenta que el Municipio tuvo que pagar $100,000 al Departamento de Energía de los Estados Unidos, por haber contratado servicios profesionales para la instalación de un sistema fotovoltaico sin haber obtenido al menos, tres propuestas.
El presupuesto del Fondo General del Municipio fue de:
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- 2018 – $82,733,960
- 2019 – $82,436,605
- 2020 – $82,546,631
- 2021 – $93,852,685
- 2022 – $92,342,794
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Los estados financieros auditados reflejaron déficits acumulados por $48,311,306 para el 2018, $33,058,781 para el 2019, y $21,904,236 para el 2020. Para los años fiscales de 2021 y 2022, los estados financieros reflejaron superávits de $3,605,502 y $5,774,487, respectivamente, señala el informe.