Por CyberNews
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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) concurrió con la recomendación del Departamento de Justicia y no asignó un fiscal para investigar a un funcionario de Naranjito ni a su alcalde Orlando Ortiz Chevres, trascendió el viernes.
Según, el Panel emitió una amplia Resolución analizando los hechos contenidos en un Informe de la Oficina del Contralor sobre transacciones de personal, de las cuales Justicia adquirió jurisdicción.
Las transacciones de personal se realizaron durante el periodo de veda electoral, en las que se alegó no se obtuvo la correspondiente dispensa de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del gobierno (OATRH).
No obstante, en la investigación preliminar realizada por la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), se encontraron tres hallazgos principales:
- No medió intención ni negligencia criminal
- Ninguno de los funcionarios involucrados procuró beneficiarse personalmente de las transacciones
- Los fondos federales que se utilizaron para cubrirlas, habrían tenido que ser devueltos.
La investigación analizada por el PFEI reveló que las señaladas transacciones coincidieron con la pandemia del coronavirus. Entre los nombramientos cuestionados:
- Técnicos de Emergencias Médicas
- Cuidadores
- Técnico de comunicaciones
- Una persona a cargo de facilidades de limpieza.
La DIPAC examinó la documentación, evidencia y testimonios, así como la existencia de varias órdenes ejecutivas emitidas por el Alcalde, amparando acciones urgentes de emergencia, para contrarrestar la propagación del virus y su efecto adverso sobre la salud y seguridad de la ciudadanía.
También, las órdenes ejecutivas emitidas por La Fortaleza durante toda la pandemia. Además, examinaron dos cartas que Ortiz Chevres escribió para replicar los señalamientos de la auditoría.
El Alcalde explicó que cuando se trata de fondos federales, él conoce la fecha de radicación de la propuesta para solicitar fondos, pero no tiene forma de saber cuándo será aprobada.
Argumentó, que las contrataciones no pusieron en riesgo al erario y que estuvieron dirigidas a salvaguardar la salud del pueblo en una pandemia.
La oficina del PFEI concluyó que, en ausencia de intención o negligencia criminal, los remedios no han de aplicarse por la vía penal, acogiendo así la recomendación del Secretario de Justicia de no designar un FEI.
