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Acusan a cuatro personas por esquema de soborno para eliminar multas del DTOP

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Por Redacción Es Noticia

redaccion@esnoticiapr.com

 

Un gran jurado federal acusó a cuatro personas de participar en una conspiración de soborno y fraude electrónico para defraudar al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP).

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Los acusados fueron identificados como:

      • Juan Carlos Cruz-Hernández
      • Verónica Forte Roig
      • Nancy Báez Flores
      • Josselyn Figueroa Rosario

La acusación incluye 17 cargos y fue anunciada este jueves por W. Stephen Muldrow, fiscal federal del Distrito de Puerto Rico.

“El soborno de empleados gubernamentales corroe la confianza del público en las instituciones vitales y no será tolerado”, afirmó W. Stephen Muldrow en declaraciones escritas.

Explicó que esta acusación y los arrestos «reflejan otro paso en el enfoque continuo de la oficina para llevar ante la justicia a quienes se involucran en esquemas de soborno ilegales”.

Tres de los acusados fueron arrestados y comparecerán ante el juez magistrado Marcos López en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. Nancy Báez-Flores está pendiente de arresto.

Según los documentos del tribunal, Nancy Báez Flores y Josselyn Figueroa Rosario eran empleadas del DTOP asignadas a los Centros de Servicio al Conductor (CESCO), en Caguas y Carolina, responsables de acceder a información de conductores y vehículos, y de eliminar multas.

Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig negociaron y realizaron pagos de sobornos a Báez-Flores y Figueroa-Rosario a cambio de actos oficiales, como:

  • acceso a información del DTOP-CESCO.
  • obtención de documentación duplicada.
  • eliminación de multas.

Desde noviembre de 2018 hasta octubre de 2023, Nancy Báez Flores recibió más de $62,000 en sobornos de Juan Carlos Cruz Hernández y Verónica Forte Roig.

Desde abril de 2019 hasta junio de 2023, Josselyn Figueroa Rosario recibió más de $7,000 en sobornos de los mismos individuos. Muchos de los pagos se realizaron directamente a través de ATH-Móvil.

“HSI está comprometida a investigar actividades de lavado de dinero que representan una amenaza para nuestra economía. Es imperativo priorizar cualquier tipo de corrupción pública que facilite delitos. Estos empleados no representan a los dedicados empleados del gobierno de Puerto Rico”, dijo Rebecca González-Ramos, Agente Especial a Cargo de HSI San Juan.

Si son declarados culpables, las penas máximas incluyen:

      • 5 años de prisión por violación del 18 U.S.C. § 371.
      • 10 años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 666(a)(2) y (a)(1)(B).
      • 20 años de prisión por cada violación del 18 U.S.C. § 1343, 1346, 1349.

Un juez del tribunal federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Directrices de Sentencias de EE. UU. y otros factores legales.

Esta investigación fue realizada por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Investigaciones de Seguridad Nacional. La fiscal federal auxiliar Marie Christine Amy está a cargo del caso. La investigación tuvo el apoyo del Negociado de la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Transportación de Puerto Rico.

Una acusación es meramente una alegación y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.