Por Redacción Es Noticia
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La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico (SESA) urgió hoy al gobernador Pedro Pierluisi, a firmar la Resolución Conjunta de la Cámara 604 que ordena a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y a LUMA Energy detener la imposición de cargos retroactivos a miles de clientes que instalaron sistemas solares hasta cinco años atrás.
Javier Rúa Jovet, director de política pública de SESA, explicó que “el Reglamento 8915 de la AEE que impone el cargo $300 es un reglamento obsoleto que choca con la regla de interconexión automática codificada en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico (Ley 17 de 2019) para sistemas solares hasta 25kW. Como dicho Reglamento no ha sido derogado o actualizado para cumplir con la Ley 17, y como LUMA carece de discreción o poder legal para cambiar las regulaciones actuales de la AEE, LUMA se ha visto obligada a implementar estos avisos de cargos retroactivos”.
Según el Reglamento 8915, dicho cargo de $300 está destinado a la realización de estudios suplementarios para determinar si es necesario realizar mejoras al sistema de distribución eléctrica de la AEE o cambios al diseño de generación distribuida para lograr una interconexión segura y confiable.
Con la aprobación del RCC 604 se eliminaría el cargo a los clientes que instalaron sus sistemas solares hasta cinco años atrás, y se reduciría a $250 el cargo para las nuevas interconexiones. De igual forma, esta Resolución establece una norma temporera en lo que el Negociado de Energía de Puerto Rico actualiza y/o adopta un nuevo reglamento de interconexión que sea consistente con la Ley 17.
Rúa Jovet indicó que “nuestra petición al Gobernador es que apruebe esta Resolución, que le hace justicia tanto a los consumidores que instalaron sus sistemas solares hace tiempo, como a los consumidores que prospectivamente lo harán. Se trata de un paso adicional en pro de la integración eficiente de un mayor número de fuentes alternas de energía. No firmar esta resolución resultaría en cargos retroactivos injustos e incobrables, que podrían dar pie a litigios innecesarios a cuesta de los contribuyentes”.
