Por Redacción Es Noticia
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El Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió -hoy- una Resolución para acoger el Certiorari que presentó el Proyecto Dignidad en el que este ente político cuestiona disposiciones del Código Electoral entorno al cierre de la oficina de Proyecto Dignidad en la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La determinación, que incluyó la destitución de los empleados adscritos a esta oficina, se basó en interpretaciones controvertidas de las disposiciones mencionadas en el Código Electoral, señaló el Proyecto Dignidad en declaración escrita.
“El cierre y la falta de representación plena en la CEE contradicen lo dispuesto en el propio Código Electoral, particularmente en su Artículo 3.10(1), que establece que partidos como Proyecto Dignidad conservan su franquicia electoral y derecho a representación, como mínimo, hasta el 30 de junio de 2025”, sostuvo el Comisionado Electoral de Proyecto Dignidad, Juan M. Frontera Suau,
El caso, presentado por el Proyecto Dignidad, argumenta que los artículos resultan inconstitucionales al limitar de manera desigual y discriminatoria la representación de este partido en la estructura de la CEE, a pesar de que retiene su franquicia electoral tras las elecciones generales de 2024.
“Proyecto Dignidad plantea que dichas disposiciones violan los principios de equidad y representación igualitaria garantizados por la Constitución de Puerto Rico y la de los Estados Unidos. El Tribunal Supremo ha ordenado a la presidenta Jessika Padilla Rivera y los demás Comisionados Electorales a presentar sus alegatos en un término de 20 días desde la notificación de esta Resolución”, explicó el licenciado Frontera Suau.
El abogado sostuvo que, además, la aplicación de la doctrina de autolimitación judicial por parte de los tribunales inferiores ha sido señalada como un obstáculo para evaluar de manera integral los planteamientos constitucionales que afectan no solo a Proyecto Dignidad, sino a los derechos fundamentales de sus electores.
“Este caso no solo trata sobre la representación de un partido político, sino sobre la garantía de un trato igualitario y el respeto a los derechos de representación democrática de todos los electores en Puerto Rico. Nos complace que el Tribunal Supremo haya decidido atender esta controversia constitucional y confiamos en que se restituirán los derechos de nuestros electores de manera justa”, declaró, por su parte, el presidente de la colectividad, César Vázquez Muñiz.
El caso tiene implicaciones significativas no solo para Proyecto Dignidad, sino también para el sistema electoral, su representatividad y equilibrio en la Comisión Estatal de Elecciones. La decisión final podría definir el alcance de los derechos de los partidos minoritarios y limitar posibles inequidades en futuras contiendas electorales, puntualizó Frontera Suau.
