Por Redacción Es Noticia
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La Oficina del Contralor de Puerto Rico reveló el viernes serias irregularidades en la construcción y mantenimiento del Puente Jesús Izcoa Moure, conocido como el Puente Atirantado, en un informe solicitado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
“La integridad de la estructura pudo verse comprometida, se puso en riesgo la seguridad de los usuarios del puente, y este hecho pudo haber tenido consecuencias adversas para la ACT”, señala el informe sobre dicha estructura, localizada entre los municipios de
Naranjito y Toa Alta.
El informe recomienda que la secretaria de Justicia y la Federal Highway Administration en Puerto Rico evalúen los hallazgos para determinar las acciones correspondientes.
Entre los hallazgos figura que el 6% del hormigón utilizado en la construcción no cumplía con la resistencia mínima requerida, y no se encontró evidencia de análisis estructurales para validar su uso en la torre #5 ni en la plataforma.
Además, se determinó que la superficie de rodaje no cumple con las especificaciones de rugosidad y que no se propusieron correcciones.
La ACT no realizó labores de mantenimiento entre 2010 y 2022, y tampoco documentó un plan de mantenimiento desde 2008 hasta 2016. Esta falta de gestión resultó en contrataciones por 31 millones de dólares para inspección, reparación y auditorías forenses.
También se evidenció que 30 enmiendas por $4.4 millones entre 2002 y 2009 no fueron registradas en la Oficina del Contralor, y que entre 2015 y 2022 no se rindieron informes sobre el estado de las facilidades de transporte a la Asamblea Legislativa, como exige la ley.
El contratista y la ACT formalizaron un acuerdo -Change Order- en el 2019, por un importe negativo de $1.4 millones como parte del proceso de liquidación de pago de la construcción del puente. El Manual de Especificaciones establece que, al terminar un proyecto, el ingeniero tiene 10 días para inspeccionar y certificar la obra.
Sin embargo, al 8 de mayo de 2023, la inspección final no se había realizado, y el 1 de febrero de 2024 el director ejecutivo de la ACT certificó que está revisando posibles incumplimientos por parte del contratista. (De CyberNews)
