Por Redacción Es Noticia
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La Legislatura tiene ante su consideración una medida que autorizaría, de manera excepcional, la caza de cerdos salvajes sin necesidad de licencia por parte de los agricultores cuyas fincas estén siendo afectadas por esta creciente plaga.
La medida busca proteger las cosechas locales y evitar mayores pérdidas económicas en el sector agrícola, informó el representante Axel “Chino” Roque Gracia, autor del Proyecto de la Cámara 64.
“Estamos hablando de agricultores que, literalmente, despiertan para encontrar sus cosechas destrozadas por manadas de cerdos salvajes. Lo que les toma meses sembrar y cultivar puede desaparecer en una sola noche. Esta es una crisis agrícola que ya no podemos ignorar. El gobierno tiene la obligación de actuar con decisión y agilidad para proteger a quienes nos alimentan y sostienen nuestra economía agrícola. Se trata del sustento de muchas familias y de la seguridad alimentaria de todo Puerto Rico”, sostuvo el legislador.
La medida, titulada Ley para Controlar la Amenaza Porcina a Nuestros Agricultores, responde al aumento descontrolado de cerdos salvajes en la zona central de la isla desde el paso del huracán María en 2017, lo que ha provocado destrucción masiva de cosechas y un riesgo inminente para la sostenibilidad alimentaria de la isla.
El proyecto enmienda de forma específica el Artículo 16(a) de la Ley 241-1999, conocida como la Nueva Ley de Vida Silvestre de Puerto Rico, para permitir que agricultores puedan controlar esta amenaza sin requerir licencias o permisos especiales de caza, lo cual representa un alivio operacional en medio de la emergencia agrícola.
“La amenaza de los cerdos salvajes va más allá del daño económico; representa un ataque directo a la seguridad de cosechas y alimentos. Esta medida empodera al agricultor, reconoce su vulnerabilidad y le provee una herramienta efectiva para proteger su cosecha sin trabas burocráticas”, sostuvo el Representante.
El proyecto también ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a coordinar con el Departamento de Agricultura el manejo y disposición adecuada de los animales cazados. Además, se permitirá la colaboración de agencias estatales y federales para implementar de forma efectiva la ejecución de esta política pública.
“Esta es una solución responsable, concreta y necesaria. No se trata de eliminar por eliminar, sino de responder a una emergencia con un plan claro, que incluye coordinación interagencial y protección al agricultor puertorriqueño. Vamos a actuar antes de que esta amenaza nos cueste aún más”, puntualizó.
La autorización para cazar, de aprobarse la medida, se mantendría vigente de forma indefinida hasta que el DRNA determine que la amenaza ha sido contenida y que ya no representa un riesgo significativo para las fincas locales.
