Por Redacción Es Noticia
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La defensa del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, compareció ayer ante el Primer Circuito de Apelaciones de Boston para solicitar que se desestime el veredicto de culpabilidad emitido en su contra por cargos de corrupción gubernamental, argumentando que los pagos en efectivo recibidos del empresario Oscar Santamaría correspondían al pago de deudas de campaña política y no a sobornos.
Durante la vista argumentativa, el abogado José Olmo Rodríguez aseguró que la evidencia presentada en el juicio mostró que Santamaría y sus allegados realizaron donativos a la campaña de Pérez Otero para eludir los límites de aportaciones establecidos por ley, pero sin que existiera un quid pro quo (beneficio mutuo) entre ambos.
“Sí, estaban violando la ley electoral para evadir el límite máximo de donativos, pero no hubo intercambio de favores ni pagos a cambio de contratos”, sostuvo Olmo Rodríguez ante el panel de jueces compuesto por David J. Barron, Ojetta Rogeriee Thompson y Gustavo A. Gelpí, hijo.
Sin embargo, la jueza Thompson cuestionó la credibilidad de ese argumento, recordando que Santamaría testificó en el juicio que continuó realizando pagos después de que Pérez Otero había saldado sus deudas de campaña. El abogado respondió que el testimonio del empresario fue “ambiguo” y que sus declaraciones variaron durante el proceso.
El juez Barron, por su parte, destacó que en el juicio se presentó evidencia de que algunos pagos fueron realizados “literalmente bajo una mesa”, lo que refuerza la tesis de la fiscalía de que se trató de un esquema de sobornos.
“¿No es eso algo que el jurado pudo haber considerado como evidencia de corrupción?”, preguntó el magistrado.
El abogado de Pérez Otero no pudo ofrecer ejemplos de casos en los que pagos posteriores a una elección se hayan clasificado como contribuciones políticas legítimas.
En su réplica, el fiscal David M. Lieberman, en representación del Departamento de Justicia federal, defendió la validez del veredicto y sostuvo que el jurado tuvo razones suficientes para concluir que los pagos no eran donativos de campaña, sino parte de un esquema de conspiración, soborno y comisiones ilegales.
Pérez Otero, exalcalde del Partido Nuevo Progresista (PNP), fue sentenciado en febrero de 2024 a 63 meses de prisión por la jueza Aida M. Delgado Colón, luego de ser hallado culpable de recibir pagos mensuales de $5,000 de Santamaría a cambio de favorecer a su empresa en contratos con el municipio de Guaynabo entre 2018 y 2019.
El Tribunal de Apelaciones tomará la solicitud bajo consideración y se espera una decisión en los próximos meses.
