La gobernadora Jenniffer Gonzáalez Colón anunció que la jueza federal Laura Taylor Swain determinó que son las cortes de Puerto Rico a las que le corresponde adjudicar la controversia con el contrato entre el Gobierno y LUMA por lo que reclamará la cancelación del mismo en la esfera estatal.
Empero, LUMA no tardó en reaccionar e informó que su equipo legal revisa el documento y evalúa «opciones legales».
«Reiteramos que, sin importar el foro donde finalmente se atienda el litigio, el contrato suplementario es válido bajo el ordenamiento jurídico aplicable, según confirmado por las autoridades locales que participaron en su firma y las grabaciones públicas donde se discutió el tema. Mientras tanto, continuaremos comprometidos y enfocados en la transformación del sistema eléctrico para brindar el servicio de calidad que nuestros clientes merecen», indicó por escrito.
«La decisión del tribunal establece que la remoción de estos casos al foro federal fue improcedente bajo PROMESA y demuestra que las acciones ejecutadas por el Gobierno de Puerto Rico constituyen el ejercicio legítimo de sus poderes regulatorios y fiscalizadores para proteger el interés público», indicó la empresa encargada de la red de distribución de energía.
Mientras, la Gobernadora dijo que “la determinación del Tribunal valida que el Gobierno de Puerto Rico sí tiene la autoridad y la responsabilidad de fiscalizar a LUMA cuando están en juego servicios esenciales, el cumplimiento de nuestras leyes y la protección del interés público. Nadie está por encima de la ley”.
Por su parte, el ingeniero Josué Colón, zar de Energía, destacó que la determinación del Tribunal Federal consolida la jurisdicción estatal sobre controversias relacionadas al cumplimiento de requisitos regulatorios y la interpretación de legislación local, incluyendo la Ley 29 y la Ley 120.
“Aunque el Tribunal reconoció que se trata de activos críticos del sistema eléctrico, también dejó claro que eso no elimina el poder regulatorio y fiscalizador del Gobierno de Puerto Rico. Esta decisión fortalece nuestra capacidad de exigir cumplimiento y transparencia en todo lo relacionado al sistema energético”, sostuvo Colón.
La administración reiteró que continuará con las acciones legales en busca de «asegurar que todas las actuaciones relacionadas al sistema eléctrico se ajusten estrictamente a la ley, a los contratos vigentes, al interés público y se logre la cancelación o anulación del contrato de LUMA para poder proceder con un nuevo operador para la red eléctrica».
“La prioridad de esta administración seguirá siendo defender al pueblo de Puerto Rico y garantizar un sistema eléctrico confiable, transparente y que sea más económico, sujeto al cumplimiento de la ley”, dijo la Gobernadora.
