El fiscal federal W. Stephen Muldrow informó hoy -martes- la radicación de cargos criminales contra cuatro personas por dos esquemas separados de fraude en programas de salud, como parte del operativo nacional 2026 National Health Care Fraud Takedown del Departamento de Justicia federal.
El esquema, según la acusación, involucró la promoción, comunicación, venta y distribución de productos que los acusados no estaban autorizados a poseer ni distribuir, incluyendo Semaglutide, Mounjaro, esteroides y Tirzepatide.
Acusados en Puerto Rico:
- Josué Sáez Rodríguez – Comerio – 42 años – enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y rotulación indebida de medicamentos y posesión con intención de distribuir esteroides anabólicos.
- Chancey Irmaries Olmed Pérez – Comerío – 40 años – enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y rotulación indebida de medicamentos.
- Carlos Andrés Rendón Bermúdez – Columbus, Ohio – 32 años – fueron acusados por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y rotulación indebida de dispositivos. Según la acusación, realizó procedimientos dentales sin licencia válida para ejercer la odontología, incluyendo instalación de braces, blanqueamiento dental, limpieza, aplicación de carillas y tratamiento de caries. Además, utilizó una herramienta eléctrica para limar dientes, administró anestesia y entregó antibióticos recetados luego de procedimientos dentales.
- Jandiel Santos Rodríguez – San Lorenzo – 22 años – fueron acusados por conspiración para cometer fraude postal y electrónico, fraude postal, fraude electrónico y rotulación indebida de dispositivos. Las autoridades federales indicaron que Santos Rodríguez actuaba como representante de Rendón Bermúdez en Puerto Rico, coordinaba citas dentales, anunciaba servicios en redes sociales y decía falsamente a pacientes que Rendón Bermúdez era dentista licenciado.
“Health care fraud threatens both public resources and public safety”, dijo Carlos R. Goris, agente especial a cargo del FBI en San Juan.
Goris sostuvo que el fraude de salud pone en riesgo servicios críticos, explota poblaciones vulnerables y afecta la confianza en los sistemas creados para ayudar a quienes los necesitan.
“La Fiscalía Federal está comprometida con erradicar el fraude de salud y procesar a los criminales que cometen estos delitos. Estos esquemas de fraude son peligrosos y a menudo resultan en daño físico y emocional a los pacientes, incluso mediante tratamientos médicamente innecesarios o por no proveer el tratamiento correcto”, dijo Muldrow en declaraciones escritas.
El operativo nacional produjo cargos contra 455 acusados, incluidos 90 médicos y otros profesionales licenciados, por esquemas de fraude de salud y abuso de opioides vinculados a más de $6,500 millones en reclamaciones falsas.
Las autoridades federales informaron además la incautación de más de $182 millones en efectivo, vehículos de lujo, joyería y otros activos.
En Puerto Rico, los casos fueron investigados por la Fiscalía Federal, la Unidad de Fraude de Salud del Departamento de Justicia federal, el FBI, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de San Juan, como parte del Caribbean HEAT.
Las acusaciones son alegaciones. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de duda razonable en un tribunal.
