La gobernadora Jenniffer González Colón rechazó que las denuncias de presunta corrupción surgidas entre el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, y el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, representen una fractura dentro de su administración o afecten la imagen de Puerto Rico como destino para la inversión.
En declaraciones ofrecidas ayer, la mandataria reiteró que no contempla destituir a Domenech y aseguró que las alegaciones presentadas están siendo atendidas por las entidades correspondientes con jurisdicción sobre los asuntos señalados.
“Mira, no. Las alegaciones que se hacen son sobre temas puntuales que tienen, en este momento, las agencias, los foros correspondientes con jurisdicción en la materia que atender”, expresó González.
La gobernadora también destacó que ya tomó medidas para garantizar la continuidad de los trabajos relacionados con el desarrollo económico de la Isla tras la renuncia de Negrón Reichard el pasado 26 de mayo.
Según indicó, designó al licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi para atender los asuntos de desarrollo económico debido a su experiencia y conocimiento en la agencia.
“Ya yo hice la asignación de un funcionario con la capacidad, la experiencia y el conocimiento para atender lo que es la materia de desarrollo económico, que es el licenciado Carlos J. Ríos Pierluisi, que ya fue subsecretario de la agencia”, sostuvo.
González reveló además que, tras la salida de Negrón Reichard, asumió personalmente la tarea de comunicarse con representantes del sector industrial para informarles sobre el proceso de selección del próximo titular del DDEC y mantener la confianza de los inversionistas.
La gobernadora subrayó que su administración continuará impulsando la manufactura como uno de los pilares de su estrategia económica, en línea con los compromisos establecidos en su plataforma de gobierno.
“Mi plataforma enfatiza la importancia de la industria de la manufactura”, afirmó, al asegurar que ese sector seguirá ocupando un lugar prioritario dentro de la política pública de su administración.
