La Oficina del Inspector General (OIG) solicitó a la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que recobre $109,009.20 pagados por servicios de arrendamiento de vehículos con contrato que no tenía fondos disponibles.
Según la investigación, la ACT agotó los fondos autorizados antes de que concluyera la vigencia del contrato original. No obstante, el arrendamiento de vehículos continuó entre octubre de 2023 y enero de 2024 sin partidas suficientes para pagarlo.
Posteriormente, la corporación pública enmendó el contrato para añadir fondos y utilizó parte de esos recursos para pagar las facturas correspondientes al periodo para el que no tenía presupuesto.
La OIG sostuvo que esos desembolsos contravinieron las normas sobre contratación gubernamental y uso de fondos públicos, las cuales requieren un contrato vigente, recursos previamente autorizados y las aprobaciones correspondientes antes de recibir los servicios.
La intervención identificó pagos retroactivos por $190,000.20, mientras la recomendación de recobro corresponde a $109,009.20.
Deficiencias adicionales surgieron en la administración del sistema financiero Oracle EBS. Los investigadores encontraron que la ACT no tenía activada la función Audit Trail ni conservaba registros de cambios de contraseñas y administración de accesos.
Según la OIG, esas fallas limitan la capacidad para reconstruir eventos, rastrear transacciones y detectar accesos o modificaciones no autorizadas.
Además del recobro, el informe recomendó fortalecer los controles de contratación y facturación, adiestrar al personal responsable, activar la función Audit Trail y documentar la creación, modificación y cancelación de accesos al sistema.
