Por Redaccion Es Noticia
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Gobierno
Por CyberNews
La Autoridad de Energía Eléctrica confirmó hoy -jueves- que la Superintendencia del Capitolio adeuda cerca de $2.5 millones por servicio de electricidad de los últimos años.
“La deuda gubernamental con (la Autoridad de) Energía Eléctrica es de cerca de 245 millones de dólares”, afirmó la directora de servicio al cliente en esa corporación pública, Noriette Figueroa Meléndez, durante una entrevista por NotiUno 630.
La deuda de unos $245 millones a la AEE se divide entre corporaciones públicas, agencias y municipios, detalló.
Los clientes residenciales, comerciales o industriales que se atrasan en el pago de sus facturas con la AEE enfrentan el corte del servicio eléctrico al cabo de un par de meses. Pero en el caso de las dependencias del gobierno, no se les corta la electricidad.
“Nosotros como servidores públicos hay un compromiso, de nosotros poder, darle la mano al cliente con opciones de pago y hemos sido muy flexibles con muchos procedimientos. No cabe duda que siempre tenemos limitaciones y siempre tenemos espacios para nosotros poder mejorar y definitivamente, medir a todo el mundo de la misma manera y hacer que nuestros procedimientos sean eficaces y fiscalmente poner a la Autoridad (de Energía Eléctrica) en una mejor posición”, dijo Figueroa Meléndez.
Por CyberNews
El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que el viernes estará presente en la reunión ordinaria de la Junta de Control Fiscal (JCF).
“Desde este viernes en adelante, voy a estar sentado con la Junta, algo que ningún gobernador ha hecho hasta el momento”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.
“Voy a tener voz, no voy a tener voto, pero me voy a hacer sentir y hay áreas que ya yo he identificado que la Junta sabe que voy por ahí”, añadió.
Según el gobernador, estos puntos son justicia salarial para los empleados públicos de manera que se facilite el reclutamiento de profesionales. Ofreció como ejemplo, que un contable en el gobierno cobra un salario base de 1,500 dólares.
El otro asunto son los recortes a la Universidad de Puerto Rico que entiende, deben detenerse.
“En el área de presupuesto yo lo que voy a estar reclamando a la Junta es un respeto al gobierno de Puerto Rico. La Junta tiene el deber de establecer la proyección de los recaudos, pero voy a velar que ese estimado de recaudo sea justo y razonable. Y a la hora de montar el presupuesto eso va a ser clave”, dijo el mandatario.
Desde la pasada campaña electoral, Pierluisi Urrutia estableció que participaría activamente de las reuniones con la JCF.
Sus expresiones se dieron en conferencia de prensa luego de recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el centro de vacunación de la Guardia Nacional en el municipio de Bayamón.
Por Redacción Es Noticia
El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia anunció hoy, lunes, ocho designaciones para dependencias gubernamentales.
Las designaciones son:
- Mariela Vallines Fernández, directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
Vallines Fernández tiene bachillerato en finanzas y un Juris Doctor de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), ambos Cum Laude. Trabajó en la industria hotelera para las cadenas de Westin y Wyndham, en clínicas de asistencia legal y ejercido como abogada litigante en casos de asesoría civiles, criminales, administrativos y prácticas apelativas. Además, ha fungido como directora de la división legal del municipio de Guaynabo y es la vicealcaldesa de este pueblo.
- Natalia I. Zequeira Díaz, comisionada de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF)
Zequeira Díaz tiene un bachillerato de Saint Joseph University en mercadeo internacional y un Juris Doctor de la UIPR. Completó una maestría en banca, corporaciones y leyes financieras. Por otra parte, trabajó para instituciones bancarias fue asesora legal para resolver problemas internos y controversias sobre aplicabilidad, jurisdicción y regulaciones en el Citibank International PLC, en Madrid, España.
- Francisco J. Rodríguez Dosal, director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)
El designado director ejecutivo de la ACT posé dos bachilleratos, uno en ciencias de ingeniería civil y otro en ciencias de agrimensura y topografía de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez (RUM). Asimismo, ha trabajado como profesor de ingeniería civil en la Universidad de Puerto Rico (UPR) y cuenta con 24 años de experiencia en el servicio público y la industria de la construcción. Además, ha formado parte y presidido diferentes proyectos de infraestructura y de construcción con diferentes compañías del área oeste de la isla.
- Carlos Rodríguez Mateo, director de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA)
El exalcalde salinense y exsenador tiene experiencia en medicina y política pública. Egresado del recinto riopedrense de la UPR (UPRRP) con un bachillerato en biología, estudió medicina en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra Santiago en la República Dominicana. Rodríguez Mateo tiene cuatro maestrías en salud pública, gobernanza estratégica y comunicación política, administración pública y gestión y decisión política, de diversas universidades. Fue profesor universitario al mismo tiempo que ejercía su carrera médica y director médico de facilidades en Guayama y Salinas.
- Nilda Marchan, directora ejecutiva de la Autoridad para el Redesarrollo de Roosevelt Roads
Marchan se graduó de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Puerto Rico con un bachillerato en diseño ambiental y una maestría en arquitectura. Trabajó en varias firmas de arquitectura en Puerto Rico y por más de 10 años se dedicó a diseñar proyectos federales en San Francisco, California. Los proyectos incluyeron el Naval Station Treasure Island, dos embajadas americanas en el extranjero y la universidad de mujeres más grande del mundo para el Rey Abdullah en Arabia Saudita. En Roosevelt Roads, se ha desempeñado como gerente de proyecto y directora de desarrollo y operaciones. También, estuvo en la Administración de Terrenos de Puerto Rico donde manejó el portafolio de propiedades del gobierno y fue vicepresidenta del Instituto Americano de Arquitectos por dos años.
- Carlos Mercado Santiago, director ejecutivo a la Compañía de Turismo
Mercado Santiago obtuvo un bachillerato en administración de empresas y una maestría en manejo estratégico y finanzas corporativas de la Universidad. Dirigió esfuerzos de mercadeo del International Institute of Tropical Forestry (IITF) donde se encargó de crear y promover campañas educativas sobre la conservación forestal en conjunto con múltiples agencias, organizaciones sin fines de lucro y agencias de gobierno. Sirvió como director legislativo de la Cámara de Representantes de Puerto Rico y como director de la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico donde se dedicaba a la creación y ejecución de política pública de la agencia. Además, laboró como subdirector ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
- Orlando Rivera Carrión, director de la División de Juegos de Azar
Rivera Carrión obtuvo un bachillerato en Columbia College con una concentración en administración de empresas. Comenzó su carrera administrando el área de casino del Condado Plaza y fue gerente de mercadeo de varios hoteles y firmas de consultoría en Puerto Rico. Rivera Carrión ha dedicado los últimos quince años de su carrera a dirigir el sector de casinos dentro de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, dirigiendo y supervisando alrededor de 82 casinos a través de la isla.
- Rafael Freytes Cutreras, director del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE)
Freytes Cutreras tiene un bachillerato en Ciencias Políticas de la UPRRP y un Juris Doctor, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR). Sirvió como asesor legislativo de la comisión de lo jurídico del Senado de Puerto Rico. Por once años, es fiscal auxiliar asignado a Arecibo atendiendo investigaciones y procesamientos de casos criminales.
Por Redacción Es Noticia
El director de la oficina de Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), Enrique Völckers Nin, informó que se buscará que cada agencia pueda comunicarse una con otra, para así abrir la puerta para mayor agilidad y eficiencia gubernamental.
“A pesar de que existen ciertos avances tecnológicos, cada agencia opera de manera independiente lo que ha generado que no exista comunicación entre sí, creando el problema que hoy tenemos. Existen diferentes sistemas entre las agencias, pero muchos de esos no se comunican entre sí y es precisamente lo que queremos cambiar”, enfatizó Völckers Nin en declaraciones escritas.
El Sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL) permitirá que el gobierno tenga un sistema que comunique todas las agencias del gobierno que ofrecen certificaciones y que ya no tenga que pedirle al ciudadano que busque documentos que el mismo gobierno ya tiene, adelantó Völckers Nin.
Por su parte, el Portal Informativo Ciudadano (PIC) permitirá informados a los ciudadanos sobre los servicios que el gobierno ofrece y detalles específicos del momento.
El PIC tendrá una sección donde el ciudadano podrá reportar detalles a las diferentes dependencias que les ofrecen servicios. Se pretende que el ciudadano pueda reportar salideros, hoyos en carreteras, fallas en el servicio eléctrico y de agua, problemas de tendido eléctrico, deslizamientos, accidentes, entre otros.
El interoperabilidad entre los sistemas de cada agencia gubernamental, la creación de una sistema de Identidad Electrónica de Acceso en Línea (IDEAL) y el Portal Informativo Ciudadano (PIC) responden a las iniciativas establecidas en la Orden Ejecutiva (OE) 2021-007 y 008 divulgadas el martes por el gobernador Pedro Pierluisi.
La OE 2021-007, también, ordena a todas las dependencias gubernamentales a proveer la información necesaria a PRTIS para facilitar la obtención de información para encaminar la transformación digital. Todo el personal de informática también deberá ser consultado con dicha agencia.
Por Redacción Es Noticia
El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, propuso este lunes la creación de una comisión con el fin de analizar y establecer un proceso para aumentar el salario mínimo en Puerto Rico.
“Nuestra clase trabajadora vive una situación económica difícil, que se agrava aún más con la pandemia. Tenemos más de 300,000 personas que ocupan un puesto de trabajo sujeto al salario mínimo federal, que es de $7.25 la hora, lo que representa un salario anual de $15,080. Es momento de hacerle justicia salarial a estos trabajadores, mediante un análisis serio que redunde en beneficios para todos los sectores involucrados”, manifestó el legislador.
La Resolución Conjunta de la Cámara establece que la comisión tendrá el propósito de definir una metodología para realizar un aumento al salario mínimo en Puerto Rico y estaría integrada por los Secretarios del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, y del Departamento de Hacienda, así como por los Presidentes de ambos cuerpos legislativos. Además, tendría representantes del interés público nombrados por el gobernador.
Los representantes Luis Raúl Torres, Jesús Manuel Ortiz, Ramón Luis Cruz Burgos, Juan José Santiago y Domingo Torres se unieron como autores de la medida.
“Contrario a lo que indican otras fuentes, otorgar un aumento en el salario mínimo tendría un efecto positivo en el desarrollo económico de Puerto Rico. El estudio que lleve a cabo la comisión propuesta deberá dar énfasis en la importancia de alcanzar este aumento para mejorar la desigualdad económica existente”, sostuvo Ferrer Santiago.
Asimismo, el Representante del PPD dijo que cualquier cambio en el salario mínimo estatal debe estar sujeto al costo de vida y recomendó que se realice de manera escalonada.
“Cualquier propuesta de aumento debe ser de forma escalonada, pero con el interés de hacerle justicia al trabajador asalariado. Es indispensable que la comisión busque reivindicar la cultura de trabajo en Puerto Rico y fortalecer la economía formal frente a la informal, elemento esencial en la construcción de un proyecto de País”, expresó Ferrer Santiago.
Por CyberNews
El nuevo representante por el distrito 26 (Barranquitas, Orocovis, Villalba y Coamo), Orlando Aponte Rosario, presentará este lunes una medida para derogar las escoltas obligatorias a los exgobernadores de Puerto Rico, en vista de la crisis fiscal y para concentrar los esfuerzos del Negociado de la Policía en las tareas para combatir el crimen en todas sus manifestaciones.
“Este es un reclamo del pueblo desde hace muchos años. Previo a mi elección como representante, atendí este caso de manera particular, ante la polémica pública por la asignación de escoltas al exgobernador Ricardo Rosselló. Argumentamos que él no cumplía con los requisitos para clasificarse como exgobernador al no culminar su término como mandatario, por lo que era una persona privada sin derecho a escolta policíaca. Sin embargo, al contestar la demanda, la dirección del Negociado de la Policía argumentó que los planteamientos se tornaron académicos pues la exgobernadora Wanda Vázquez le había retirado el servicio de escoltas a la familia de Rosselló Nevares. Ante esta realidad, lo conveniente es la derogación de escoltas a los exgobernadores, mediante una ley”, dijo Aponte Rosario en una declaración escrita.
La medida de Aponte Rosario, a la que se asignará un número tan pronto se radique en la Secretaría de la Cámara de Representantes, busca enmendar los artículos 6 de la Ley Número 2 de 26 de marzo de 1965, según enmendada, conocida como “Ley para Conceder una Anualidad Vitalicia y otras Facilidades a Ex-Gobernadores”, a los fines de aclarar los derechos o beneficios que ostentará un ex-gobernante, para establecer que no disfrutará de los beneficios si decide renunciar al cargo y para enmendar la Ley Número 20 de 10 de abril de 2017 para eliminar la discreción del Comisionado de la Policía para proveer escoltas a un exfuncionario.
En la actualidad, los exgobernadores Carlos Romero Barceló, Luis Fortuño Burset, Alejandro García Padilla y Wanda Vázquez Garced tienen escoltas asignadas. En cambio, Sila Calderón y Aníbal Acevedo Vilá renunciaron a dicho derecho.
La medida de Aponte Rosario establece que “esta Asamblea Legislativa reconoce la austeridad, la estrechez económica y crisis fiscal por la que ha atravesado el gobierno de Puerto Rico, por lo que se establece expresamente como política pública el deber de reducir gastos no esenciales para redirigirlos a los servicios esenciales directamente a los ciudadanos”.
Por Redacción Es Noticia
La gobernadora Wanda Vázquez Garced informó el jueves que otorgó 31 clemencias ejecutivas, incluyendo 19 indultos totales de personas que ya no están convictas. La mayoría de estos son personas que ya cumplieron su sentencia, a los fines de que puedan solicitar tener el récord limpio. En otros casos son personas que llevan algún tiempo en la libre comunidad cumpliendo con todas las condiciones impuestas por la Junta de Libertad Bajo Palabra de manera satisfactoria.
Aunque típicamente un exconvicto puede limpiar su récord luego de cinco años de cumplida la sentencia, en muchos de estos casos las personas han demostrado su deseo de superación al culminar grados universitarios o encontrarse ya reinsertados en el mundo laboral. De esta forma se acelera ese proceso.
La primera ejecutiva concedió además tres conmutaciones al mínimo para que estas personas puedan ser evaluadas por la Junta de Libertad Bajo Palabra, y concedió nueve indultos condicionales.
“Estas acciones fueron evaluadas con detenimiento, responsabilidad y cumpliendo con nuestra facultad constitucional, y con el beneficio de tener la óptica desde las distintas posiciones que he ocupado en el sistema de justicia de Puerto Rico. Creo firmemente en la ley y el orden y que cada acción conlleva unas consecuencias, pero también sé que muchas personas tienen la oportunidad y el empeño de rehabilitarse y superarse, y esa es la oportunidad que les otorgo hoy. Luego de varios días evaluando detenidamente todas las solicitudes, y de sostener reuniones junto a mi equipo y a la presidenta de la Junta de Libertad Bajo Palabra, he decidido que estos casos son meritorios para una oportunidad de demostrar su rehabilitación”, destacó la primera ejecutiva en comunicación escrita.
Entre las clemencias otorgadas, se destaca la de Ashley M. Torres Feliciano en la modalidad de indulto condicional. Torres Feliciano había sido sentenciada a cumplir 111 años de reclusión carcelaria.
“Luego de un profundo análisis de las circunstancias de su caso, concedo a Ashley Marie Torres Feliciano un indulto condicional por el término de diez años contados a partir de la fecha de la firma de este indulto”, destaca el documento, que agrega que deberá permanecer en su residencia bajo arresto domiciliario por un año monitoreada electrónicamente, de manera que pueda ir ajustándose a la vida fuera de la cárcel, y luego deberá cumplir con estar en su residencia de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., así como no cometer delito ni usar sustancias controladas, entre otras condiciones. Una vez cumplidas las condiciones podría limpiar su récord.
Igualmente, a Sharelys López Pérez, quien el 30 de julio de 2013 fue sentenciada a cumplir 15 años de prisión, la primera ejecutiva le concedió un indulto condicional por el término de cinco años cumpliendo restricciones que incluyen estar en su residencia de 9:00 p.m. a 6:00 a.m., entre otras que, de no cumplir, el indulto sería revocado.
La gobernadora también concedió una clemencia ejecutiva bajo la modalidad de indulto condicional a Edwin Domínguez Torres, quien había sido sentenciado a cumplir ocho años y un día de cárcel. La clemencia es de cuatro años con varias condiciones, como no comunicarse, dirigirse ni relacionarse, directa o indirectamente, ni por ningún medio de comunicación o electrónico, con las partes perjudicadas ni con sus familiares, y permanecer bajo arresto domiciliario por el término de dos años, entre otras restricciones. Advirtiendo que cualquier violación a las condiciones resultaría en la revocación del indulto condicional.
En adición a estas clemencias otorgadas, la gobernadora incluyó nueve indultos totales que eran una corrección a indultos condicionales que otorgó el exgobernador Alejandro García Padilla y que carecían del lenguaje necesario para que una vez se cumplieran las condiciones impuestas, se aclarara que se convertiría en un indulto total. Sobre este asunto, la Junta de Libertad Bajo Palabra habías recibido una misiva del exmandatario solicitando el arreglo para que estas personas pudieran tener ya su récord limpio.
Por Rose Monique Varela Henriquez | Centro de Periodismo Investigativo
Hace ya casi 10 meses, dos días después de que se estableciera un periodo de cuarentena, la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó una orden ejecutiva que pretendía atender las necesidades de las personas sin techo durante la pandemia. Mientras la mayoría de los puertorriqueños debían permanecer en sus hogares, las personas sin hogar requerían especial atención.
La orden establecía que los secretarios de Vivienda, Salud y Familia deberían trabajar en conjunto con las organizaciones comunitarias para crear centros de asistencia que fueran espacios seguros, donde las personas sin hogar pudieran hacer cuarentena, recibir servicios de apoyo y realizarse las pruebas de COVID-19. Para esto, el Departamento de la Vivienda federal asignó 12.4 millones de dólares del Emergency Solutions Grant Program (ESGP) el pasado mes de abril. Un mes después de firmada la orden, el plan sobre papel era crear un centro de asistencia en Santurce.
A punto de finalizar el año, el plan que aseguraban tener casi listo, ya no existe. Según el secretario del Departamento de la Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, la orden para que se detuviera el proceso vino del secretario del Departamento de Salud, Lorenzo González Feliciano, ya que, a su parecer, los hospitales darían abasto para que las personas sin techo que dieran positivo a COVID-19 pudieran tratarse y hacer cuarentena en los mismos.
González Feliciano no ha atendido durante más de un mes una petición de entrevista del Centro de Periodismo Investigativo para explicar por qué no se cumplió la orden ejecutiva, cómo se atendió a esta población y qué se hizo con los fondos asignados.
“Se descartó el proceso inicial, pero el tiempo le ha dado la razón al secretario de Salud porque los hospitales no se han llenado”, dijo Fernández Trinchet, a pesar de que el país tuvo en diciembre un alza en las hospitalizaciones.
Francisco Rodríguez Fraticelli, director ejecutivo de la organización sin fines de lucro Coalición de Coaliciones, que atiende a la población de personas sin hogar, entiende que los hospitales no son los lugares apropiados para que las personas sin hogar puedan hacer cuarentena. “No es la manera correcta, porque la mayoría de los casos son asintomáticos. Es un desperdicio de recursos poner a alguien en un hospital cuando todo lo que necesita es aislarse, pero como no tienen hogar, no pueden”, dijo Rodríguez Fraticelli.
Cuando el CPI cuestionó al secretario de Vivienda sobre el uso que se le ha dado a los fondos asignados para la creación de espacios de cuarentena para las personas sin hogar, Fernández Trinchet argumentó que “el hecho de que hubiesen recursos para hacerlo no implicaba que era prudente crear una estructura”.
Yorelys Rivera Amador, directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria, organización sin fines de lucro que atiende a personas sin techo, dijo que su organización solicitó parte de estos fondos del Emergency Solutions Grant Program (ESGP). “Nuestra propuesta fue sometida en julio con estructuras que están en desuso en Río Piedras para revitalizar el casco urbano”, dijo. Al cierre de esta edición, no había recibido respuesta por parte del gobierno.
Por su parte, la Coalición de Coaliciones también recibió un trato similar cuando pidieron fondos para alquilar unidades de vivienda, “todo lo que nosotros propusimos cayó en oídos sordos”, dijo Rodriguez Fraticelli.
En un principio, el plan gubernamental también vislumbraba crear centros de asistencia en otros lugares, como Ponce, donde Rodríguez Fraticelli estima que hay cerca de 120 personas sin hogar, pero Fernández Trinchet desconoce a dónde fueron a parar esos planes. “Si continuaron esas conversaciones, no fui parte de ellas”, dijo.
Pruebas de COVID-19
A pesar de que la orden ejecutiva también establece que se deben realizar pruebas de COVID-19 a las personas sin hogar, el gobierno no ha hecho esfuerzos significativos para esta labor. El CPI pidió al Departamento de Salud las estadísticas de las pruebas que han hecho a esta población, la agencia dijo que no tiene los datos y refirió la petición a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), que no contestó.
Mientras tanto, las personas sin techo han dependido del azar para obtener acceso a las pruebas. Luis, quien salió recientemente de prisión, supo que era negativo al virus porque le hicieron la prueba cuando lo arrestaron. De salir positivo a COVID-19, hubiera estado dispuesto a hacer cuarentena en el hospital, a pesar de que dijo haber tenido experiencias negativas con personal médico. Otro hombre sin techo que se encontraba en la Parada 18 de la Avenida Manuel Fernández Juncos, dijo que su plan era tratar de conseguir una cita en el Centro de Metadona. “Allí te piden tener resultado negativo, pero por lo menos te hacen la prueba ellos mismos. Aunque hay que esperar pal’ de días para recibir el tratamiento”, comentó mientras sacaba una mascarilla de su bolsillo para ponérsela en el rostro. Por su parte, Michael, un joven que lleva siete años viviendo en la calle, logró realizarse una prueba molecular debajo de una carpa azul en Río Piedras. “Yo salí negativo. Tengo los resultados aquí conmigo. Te los puedo enseñar si quieres”, dijo con un tono defensivo, como el de quien ya está cansado de ser marginalizado.
La Coalición de Coaliciones informó que realizó 1,475 pruebas moleculares a personas sin hogar, empleados que ofrecen servicios directos a esta población, y personas de diferentes grupos vulnerables en pueblos fuera de la zona metropolitana. Entre esas pruebas, ninguna persona sin techo dio positivo a COVID-19. Rodríguez Fraticelli, presidente de la organización, explicó que esto puede deberse, precisamente, a la marginación que siempre han sufrido quienes viven en la calle.
“Mientras la población general continúa exponiéndose y aumentando el número de contagios y muertes relacionadas con COVID-19, la población sin hogar y vulnerabilizada ya se encontraba aislada y marginada como parte del rechazo y discrimen… Ahora es objeto de más rechazo en medio de esta pandemia. Sin embargo, en esta ocasión el rechazo y la marginación ha representado también su protección de esa sociedad que les rechaza”, comentó Rodríguez Fraticelli.
Al preguntarle a Fraticelli si había recibido apoyo de AMSSCA para llevar a cabo las pruebas, dijo que “ellos no nos son útiles para nada, ellos son los que nos buscan a nosotros cuando nos necesitan”.
Los Centros para el Control de Enfermedades (CDC en inglés) emitieron unas guías para atender a la población sin techo durante la pandemia, pero se desconoce si el Departamento de Salud las siguió o distribuyó entre las agencias y proveedores de servicios a este grupo.
La organización Iniciativa Comunitaria recibe una asignación anual de AMSSCA de 1.2 millones de dólares, según su directora ejecutiva, el Gobierno les hace un desembolso de 360 mil dólares cada tres meses, pero desde julio no reciben ningún pago, señaló Rivera Amador.
La marginación se ha exacerbado
La asistencia que recibe la comunidad por parte de las organizaciones comunitarias también se ha visto comprometida en algunas zonas durante la pandemia. Algunas entidades de ayuda tienen protocolos más estrictos o han optado por exigir pruebas de COVID-19 negativas a sus beneficiarios, denunció Rodríguez Fraticelli. Por esta razón, el difícil acceso a las pruebas trae consigo mayores complicaciones. Por ejemplo, en ocasiones se les ha negado un plato de comida a personas hambrientas por no poder comprobar que son negativos al virus, según Rodríguez Fraticelli.
En Guara Bi, una organización que ofrece servicios de vivienda a personas sin hogar en albergues ubicados en Caguas, Comerío y Vega Baja, exigen un resultado negativo para proveer asistencia, pero el programa no facilita el acceso a la prueba. “Aquí no hacemos las pruebas, ellos la tienen que traer de afuera”, dijo un oficial de seguridad que respondió al teléfono.
“Se han exacerbado las dificultades de antes. Si antes era bien dramática la manera en la que los rechazaban cuando pedían una peseta, ahora es casi neurótico”, dijo el presidente de la Coalición de Coaliciones.
Salud mental versus vivienda
El secretario del Departamento de la Vivienda considera que la problemática de las personas sin hogar no es una situación de albergue, sino una de salud mental. “Vivienda se encarga de levantar refugio y darle facilidades. Vivienda no va a atender la situación de salud de estas personas”, dijo Fernández Trinchet.
En cambio, Rodríguez Fraticelli asegura que la vivienda es un elemento básico inmediato a resolver ya que un espacio seguro es un determinante social de la salud. Rivera Amador concuerda con él, “En el país uno de los retos que vemos es que cuando salen del detox lo que se recomienda es una casa permanente, pero las personas sin hogar no tienen un espacio donde recuperarse”, dijo la líder comunitaria.
Fernández Trinchet sostuvo que “el punto es que muchas de estas personas no quieren una vivienda. Es una situación de salud mental por la que no pueden estar más de una semana completa en algún lugar”, comentó el secretario. A lo que Rodríguez Fraticelli reaccionó diciendo que hay miles de personas que residen en vivienda pública y reciben tratamiento para su bienestar emocional.
“Siguen dando excusas. Los están discriminando. ¿Dónde está su opinión experta? Esa es su opinión personal. Las decisiones que toman están basadas en prejuicios que afectan las vidas de seres humanos”, añadió Rodríguez Fraticelli. “Para mí es una falta de seriedad el no tomarse el tiempo para comprender el problema” comentó quien también vivió unos años en la calle.
Falta de colaboración gubernamental
El desinterés del gobierno por asistir a esta población no se ha dado solamente durante la pandemia. “Cada cuatro años me tengo que volver a sentar con ellos… Hay grupos de líderes capaces, que están dispuestos a trabajar con el gobierno en igualdad de condiciones, pero eso no se da. El Gobierno trata de ser protagonista en su mirada siempre política,” recalcó el líder comunitario.
Por su parte, el director de Desarrollo y Recursos Externos de La Fondita de Jesús, Edwin Otero Cuevas, considera que el Gobierno no ve a las organizaciones sin fines de lucro como aliadas, sino como un gasto. Apenas un 6 por ciento del presupuesto anual de La Fondita de Jesús proviene del gobierno, el resto se costea a través de donaciones. “Escudándose en ese pequeño aporte, nos tiran a nosotros la responsabilidad, pero es la responsabilidad del Estado velar por la seguridad de las personas”, manifestó.
En las agencias gubernamentales existe una falta de voluntad política para atender el problema. “Es triste porque en nuestro país hay miles de personas clamando por un techo seguro. Nadie quiere estar en la calle. La vida y las situaciones los han obligado”, sostuvo la directora ejecutiva de Iniciativa Comunitaria.
El líder de la Coalición de Coaliciones considera que además de ser un problema de intereses políticos, es también una falta de educación sobre la problemática. Día a día, quienes están en posiciones de poder toman decisiones basadas en prejuicios que afectan negativamente a la población, asegura Rodríguez Fraticelli.
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