El presidente, el gerente y dos empleados de Ganaderos Borges, Inc., en Naguabo, hicieron alegación de no culpabilidad ante un juez del Tribunal Federal en Hato Rey, luego de ser arrestados en un operativo federal y acusados de presuntas violaciones a la Ley de Agua Limpia de Estados Unidos.
Los acusados fueron identificados como César P. Borges Arroyo, presidente de la empresa; Neftalí Borges Gómez, gerente; y los empleados Erison Delgado Santos y Héctor Fulgencio Cabrera.
Según el pliego acusatorio desellado por la Fiscalía Federal, los cuatro enfrentan cargos relacionados con violaciones a la Ley de Agua Limpia y conspiración por hechos que presuntamente ocurrieron entre agosto de 2018 y septiembre de 2025.
La investigación fue realizada por agentes de la División de Crímenes de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Presuntas descargas de aguas contaminadas
De acuerdo con los documentos judiciales, Borges Arroyo y Borges Gómez presuntamente ordenaban a empleados descargar aguas residuales almacenadas en una laguna privada de retención hacia una charca adyacente a la propiedad.
La Fiscalía sostiene que esa charca estaba conectada a un cuerpo de agua que, aproximadamente media milla río abajo, desembocaba en el mar Caribe.
Para realizar las descargas, los acusados presuntamente utilizaban una bomba sumergible instalada en la laguna y conectada a una manguera. Según los fiscales, el sistema era escondido cuando no estaba en uso con el propósito de evitar que las autoridades detectaran las descargas.
Las aguas residuales provenían, según la acusación, de las operaciones de procesamiento de carnes y del matadero de Ganaderos Borges y contenían sangre animal, tejidos, pelo, excremento, grasa, aguas residuales, desinfectantes y otros productos químicos utilizados para limpiar las instalaciones.
La Fiscalía sostiene que las descargas eventualmente llegaban a Tropical Beach, en Naguabo, provocando un aumento en los niveles de bacterias y condiciones que podían hacer que el área no fuera apta para bañistas.
Alegan que buscaban evitar costos millonarios
La teoría de los fiscales federales es que el esquema presuntamente tenía como objetivo reducir los costos asociados con el manejo y disposición adecuada de las aguas residuales y desperdicios generados por las operaciones de la empresa.
Según los documentos judiciales, Ganaderos Borges contó hasta el 31 de julio de 2019 con un permiso para el tratamiento de aguas residuales que no autorizaba las descargas señaladas en la acusación.
El permiso expiró y la empresa no obtuvo su renovación. La Fiscalía sostiene que, pese a ello, las presuntas violaciones a la Ley de Agua Limpia continuaron hasta, al menos, septiembre de 2025.
El plan presentado por la compañía ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para renovar el permiso tampoco habría sido aprobado después de 2019, debido a que, según los fiscales, la empresa no demostró contar con un mecanismo adecuado para manejar y disponer legalmente de los desperdicios generados en el matadero y las operaciones de producción.
Acusación señala intentos de ocultar las descargas
Los documentos judiciales describen varios incidentes en los que los acusados presuntamente intentaron ocultar el sistema utilizado para las descargas.
La Fiscalía alegó que el 27 de agosto de 2019, Borges Arroyo y Borges Gómez ocultaron a inspectores del DRNA el uso de la bomba y la manguera que utilizaban para controlar los niveles de la laguna privada.
Según la acusación, para ese momento los imputados conocían que la laguna se desbordaba periódicamente y que los desperdicios animales podían llegar a la charca ubicada en las inmediaciones.
La Fiscalía también sostiene que durante 2021 y 2022 Delgado Santos, junto con otras personas no identificadas, realizó aproximadamente 20 descargas ilegales hacia la charca cercana, siguiendo instrucciones de Borges Arroyo.
Asimismo, en mayo de 2023, Delgado Santos presuntamente escondió la bomba sumergible debajo de un pedazo de metal. Un incidente similar habría ocurrido el 4 de junio de 2023, cuando Fulgencio Cabrera presuntamente ocultó el equipo.
Los fiscales alegan además que los acusados ofrecieron declaraciones y documentos que calificaron como falsos o engañosos para evitar ser detectados.
Empresa enfrenta una multa de hasta $500,000
De ser encontrados culpables, los cuatro acusados podrían enfrentar penas máximas de hasta cinco años de prisión y multas de hasta $250,000 por cada cargo, según la información presentada por la Fiscalía Federal.
Por su parte, Ganaderos Borges, Inc. enfrenta una multa máxima de $500,000. La corporación deberá comparecer ante el Tribunal Federal el 28 de agosto. La empresa ya había sido allanada en 2023. El caso surge después de que Ganaderos Borges fuera objeto de un allanamiento federal el 7 de junio de 2023.
En aquella ocasión, más de 40 agentes del FBI participaron en el operativo, durante el cual buscaban información relacionada con el manejo de desperdicios en el vertedero de Fajardo, así como manifiestos y documentos sobre el manejo de las lagunas y aguas residuales de la instalación.
En ese momento, César Borges, quien se desempeñaba como director operacional de la empresa, confirmó el operativo a un medio radial y manifestó que la compañía no tenía nada que esconder.
Ganaderos Borges, Inc. es una empresa dedicada a la producción y comercialización de diversos productos alimenticios, entre ellos carne para hamburguesas.
Los procedimientos judiciales continuarán ante el Tribunal Federal de Puerto Rico mientras los acusados enfrentan las alegaciones presentadas por la Fiscalía.
