Un gran jurado federal acusó a tres personas por su presunta participación en un esquema de tráfico ilegal de armas de fuego en Puerto Rico, mediante el cual dos de los acusados adquirieron aproximadamente 168 armas, de las cuales las autoridades desconocen el paradero de unas 148.
Los acusados fueron identificados como Jean Paul Rivera Vega, Christian Sebastián García De Jesús y Misael Costales Soto, quienes presuntamente conspiraron para dedicarse al negocio de venta de armas de fuego sin las licencias requeridas.
Según documentos judiciales, Rivera Vega y Costales Soto habrían adquirido armas y municiones a través de comerciantes con licencia federal, alegando falsamente que eran los compradores reales de las armas.
Entre abril y diciembre de 2025, Rivera Vega adquirió unas 144 armas mediante comerciantes con licencia federal y ventas privadas. De estas, las autoridades han recuperado aproximadamente 16, mientras que se desconoce el paradero de las restantes 128.
Por su parte, Costales Soto habría adquirido aproximadamente 24 armas entre diciembre de 2025 y julio de 2026. Las autoridades han recuperado cuatro de ellas y desconocen dónde se encuentran las otras 20.
De acuerdo con la acusación, Rivera Vega presuntamente vendía las armas con fines de lucro, incluyendo transacciones con García De Jesús, quien no estaba autorizado para adquirir o poseer armas de comerciantes con licencia federal por no contar con una licencia válida expedida por Puerto Rico.
Las autoridades alegan que García De Jesús posteriormente revendía las armas y municiones a otras personas para obtener ganancias.
Las comunicaciones y negociaciones entre los tres acusados se habrían realizado principalmente mediante mensajes, videos y grabaciones de audio enviados a través de la aplicación WhatsApp, según la Fiscalía federal.
Los tres enfrentan cargos por conspiración para traficar armas de fuego sin licencia y por dedicarse al negocio de venta de armas sin licencia. Además, Costales Soto fue acusado de realizar declaraciones falsas durante la adquisición de un arma de fuego.
De ser encontrados culpables, Rivera Vega, García De Jesús y Costales Soto podrían enfrentar hasta cinco años de prisión por los cargos relacionados con el tráfico de armas. Costales Soto podría enfrentar una pena adicional de hasta 10 años de prisión por el cargo de declaraciones falsas.
El fiscal federal interino Héctor Ramírez Carbó señaló que la acusación representa un paso en los esfuerzos de las autoridades federales para combatir el tráfico de armas de fuego en Puerto Rico.
La investigación está a cargo del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF). Los fiscales federales Evangeline Dech y Pedro Casablanca tienen a su cargo el procesamiento del caso.
Una acusación federal constituye una alegación y los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de duda razonable.
