La Asociación de Alcaldes anunció que acudirá a los tribunales para defender el cobro de arbitrios de construcción por parte de los municipios, particularmente en proyectos relacionados con obras financiadas con fondos federales.
Durante una reunión celebrada la pasada semana, los alcaldes asociados acordaron unirse como amicus curiae a una próxima apelación relacionada con una demanda presentada contra el Municipio de Aguada, en la que se cuestiona el pago de arbitrios por trabajos de construcción realizados en el municipio.
El presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Jayuya, Jorge “Georgie” González Otero, sostuvo que estos ingresos son necesarios para que los gobiernos municipales puedan mantener los servicios que ofrecen a sus residentes.
“Todos los proyectos de construcción pagan arbitrios en los municipios, que son fondos para pagar los servicios que se le ofrecen a la ciudadanía. Desde salud y seguridad, hasta el manejo y disposición de desperdicios sólidos y reparación de carreteras”, expresó González Otero.
El alcalde también cuestionó cualquier intento de eliminar este mecanismo de ingresos municipales.
“Si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) se empeña en eliminar el cobro de arbitrios, habrá que cerrar municipios. Y los más necesitados son los que van a sufrir”, afirmó.
El caso, identificado como AG2025CV00012, se encuentra relacionado con una demanda presentada el 7 de enero de 2025 por Román Electric Contractors contra el Municipio Autónomo de Aguada ante el Tribunal de Primera Instancia, Sala de Aguada.
Según la Asociación de Alcaldes, la empresa alegó que la exención contributiva establecida en la Sección 22(a) de la Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941 debía extenderse al contrato suscrito con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para realizar trabajos de reemplazo de postes y luminarias en propiedades de la corporación pública ubicadas en Aguada.
El Municipio de Aguada había reclamado el pago del arbitrio de construcción correspondiente a los trabajos. El caso fue resuelto por el juez Miguel Deynes Vargas a favor de la parte demandante, según informó la Asociación.
El alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, trabaja en la apelación de la determinación judicial.
La Asociación de Alcaldes sostiene que los municipios tienen un marco legal para el cobro de arbitrios de construcción desde 1996, cuando se aprobó la Ley de Municipios Autónomos, cuyas disposiciones fueron posteriormente incorporadas al Código Municipal.
La organización plantea que estos arbitrios constituyen una fuente legítima de ingresos para sostener las finanzas municipales y sufragar servicios dirigidos a la ciudadanía.
La controversia cuenta con la participación de alcaldes afiliados a la Asociación, electos bajo el Partido Popular Democrático (PPD), y de alcaldes afiliados a la Federación de Alcaldes, electos bajo el Partido Nuevo Progresista (PNP), quienes defienden los ingresos derivados de los arbitrios de construcción para sus respectivos municipios.
