El representante Denis Márquez Lebrón radicó una medida que busca la cancelación de todos los contratos del Gobierno con New Fortress Energy (NFE) y sus subsidiarias, e iniciar una transición ordenada para sustituir esa relación contractual.
La Resolución Conjunta de la Cámara 427 -RCC427- busca ordenar a la Autoridad de Puertos de Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas y a la Autoridad de Energía Eléctrica a proceder con la terminación de sus respectivos contratos con NFEnergía LLC.
“El ahorro prometido en la factura de la luz con la entrega del control del muelle a NFEnergia para que construyera el único terminal de gas en el norte de Puerto Rico junto con la conversión de plantas generatrices a gas y el contrato de suplido de gas a esa misma compañía, nunca se concretó. Por el contrario, estamos pagando la factura de luz más cara en la historia como resultado del control y monopolio sobre el suplido de gas e infraestructura vital cedido a una compañía privada en quiebra que, a su vez, controla el 60% del sistema de generación eléctrica del país”, expresó Márquez Lebrón.
El representante, portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara de Representantes, señala que, entre los señalamientos al NFE figuran los incumplimientos en la entrega del gas contratado, los costos adicionales que ha tenido que asumir la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para adquirir diésel y las controversias relacionadas con la operación del terminal de gas en la bahía de San Juan.
“Desde los inicios de la relación contractual para el suplido de gas y control del muelle, el NFE ha demostrado un patrón de incumplimiento temerario con sus obligaciones a expensas del interés público que le ha costado al país mucho dinero”, indicó.
Márquez Lebrón señaló que el impacto de la crisis energética trasciende el recibo de electricidad y afecta directamente la actividad económica, la prestación de servicios esenciales y la calidad de vida de la población.
“La relación contractual con NFE y sus subsidiarias ha tenido y tendrá consecuencias devastadoras para el bienestar y desarrollo económico. El aumento sostenido en el costo energético provocó que el pueblo sufriera el alza en la factura de la luz más alta en su historia. Las entidades que agrupan sectores comerciales estiman que los altos costos energéticos provocaron el cierre de miles de negocios lo que a su vez resultó en la pérdida de empleos para decenas de miles de personas. Ante la dificultad de sostener los costos operacionales, los comercios empezaron a reducir sus plantillas de trabajadores o sus horarios de servicios. La crisis energética también afecta la operación de hospitales, centros de salud y los costos de mantenimiento en condominios residenciales; entre muchas otras lamentables y horribles consecuencias”, explicó.
La medida también plantea la necesidad de proteger la infraestructura estratégica de la bahía de San Juan, tanto por su importancia para el sistema energético como por su función en la entrada y distribución de bienes y suministros esenciales para Puerto Rico.
