El Colegio de Administradores de Servicios de Salud de Puerto Rico (CASS) acudió al Negociado de Energía para exigir que se escuche formalmente al sector de la salud antes de aprobar cualquier nuevo ajuste en la tarifa eléctrica y anunció que impulsará una medida legislativa para establecer tarifas especiales para los hospitales y otras instituciones médicas.
La presidenta del CASS, licenciada Tania Conde Sterling, compareció el lunes, 2 de noviembre, ante el organismo regulador, acompañada de representantes de hospitales, laboratorios clínicos, farmacias de comunidad y otros proveedores de servicios de salud.
Durante su intervención, Conde Sterling solicitó la celebración de una audiencia pública formal para que el sector pueda presentar su oposición al aumento propuesto y exponer las consecuencias económicas y operacionales que tendría sobre las instituciones y los pacientes.
“No podemos permitir que un aumento en la factura de energía eléctrica se convierta en una amenaza adicional para la estabilidad de nuestros hospitales y demás instituciones de salud. La electricidad no es un lujo para el sector de la salud; es un servicio esencial para salvar vidas”, expresó la presidenta.
Como ejemplo del impacto económico, el Colegio señaló que un hospital de cuidado agudo con 175 camas podría enfrentar un incremento de aproximadamente $60,000 mensuales en su factura eléctrica. Esa cantidad, según la organización, equivale al costo de 15 profesionales de enfermería.
El CASS advirtió que un aumento sin medidas de protección podría provocar reducciones en los servicios, limitaciones en el acceso a la atención médica y mayores gastos para los pacientes.
La preocupación surge luego de que LUMA Energy advirtiera sobre un desfase de $48 millones entre sus ingresos y gastos, situación que abrió la posibilidad de una revisión acelerada de la tarifa eléctrica.
La organización, que representa a más de 800 administradores de entidades que ofrecen servicios de salud, destacó que hospitales, centros de diálisis, salas de emergencia, instituciones de cuidado prolongado y centros de salud mental dependen de un suministro eléctrico estable las 24 horas del día.
Estos establecimientos necesitan energía continua para mantener en funcionamiento equipos médicos, sistemas de ventilación, laboratorios y unidades de refrigeración utilizadas para conservar medicamentos y vacunas.
Impulsarán legislación para tarifas especiales
Tras su comparecencia, Conde Sterling anunció que el Colegio intensificará sus gestiones en dos frentes para proteger al sector de la salud.
En primer lugar, continuará sus reclamos ante el Negociado de Energía mediante una ponencia respaldada por información económica y operacional, que incluirá evidencia comparativa de hospitales como el Menonita y el Presbiteriano sobre el aumento en los costos energéticos.
Además, acudirá a la Legislatura para impulsar una medida que establezca condiciones tarifarias más favorables para las instituciones de salud.
Entre las propuestas del CASS figuran la evaluación de tarifas eléctricas especiales para instalaciones médicas, incentivos para mejorar la eficiencia energética y mecanismos que faciliten la transición hacia fuentes de energía renovable.
Asimismo, solicitará al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) incentivos energéticos similares a los que reciben otras industrias, como la hotelera.
El Colegio sostuvo que su objetivo es evitar que el aumento en los costos de electricidad comprometa la estabilidad financiera de las instituciones médicas y afecte la continuidad y calidad de los servicios de salud en Puerto Rico.
