La gobernadora Jenniffer González Colón firmó el Proyecto de la Cámara 227 para permitir que padres, madres, tutores o encargados de personas con impedimentos utilicen las filas de servicio expreso y los turnos de prioridad sin tener que estar acompañados de ellos.
La medida enmienda los artículos 2, 3 y 7 de la Ley 297-2018, conocida como “Ley Uniforme sobre Filas de Servicio Expreso y Cesión de Turnos de Prioridad”, para facilitar las gestiones de estas familias y fortalecer el cumplimiento del sistema de atención preferente.
“Una madre o un padre no debe tener que exponer a su hijo a un ambiente que pueda afectar su salud para recibir un servicio con prioridad. Con esta ley facilitamos sus gestiones y reconocemos el tiempo y la atención que requiere el cuidado de una persona con impedimentos”, expresó la Gobernadora.
La nueva ley permite que estos padres, madres, tutores o encargados reciban atención preferente independientemente de si la gestión es para ellos o para la persona con impedimentos. Para utilizar el sistema deberán acreditar que cumplen con los requisitos mediante una identificación o documentación que lo evidencie.
La legislación también incluye expresamente a la Rama Judicial entre las entidades obligadas a adoptar el sistema de filas expreso y turnos de prioridad. Asimismo, incorpora a la Oficina de la Procuradora de la Mujer y a la Oficina del Procurador del Ciudadano entre los organismos responsables de velar por su cumplimiento.
Como parte de su implementación, la Defensoría de las Personas con Impedimentos tendrá 30 días desde la aprobación de la ley para preparar y publicar el afiche informativo correspondiente y circularlo digitalmente a las entidades concernidas. Estas deberán reproducirlo, colocarlo en lugares visibles y realizar los ajustes necesarios en sus protocolos, sistemas y personal.
La ley dispone, además, que las filas expreso y los turnos de prioridad deberán estar disponibles y en funcionamiento en todo momento. Su implementación es obligatoria y no podrá condicionarse a la disponibilidad de recursos humanos ni a requisitos adicionales a los establecidos en la legislación.
Otros proyectos convertidos en ley:
- Proyecto de la Cámara 998 – convertido en la Ley 219-2026, para declarar esenciales los servicios de cuidado sustituto para adultos mayores y adultos con diversidad funcional y establecer prioridad en la tramitación de pagos por servicios subvencionados durante estados de emergencia. La medida, busca proteger la continuidad de los servicios en establecimientos residenciales que operan las 24 horas del día, los siete días de la semana.
- Proyecto de la Cámara 569 – convertido en la Ley 220-2026, para crear el Programa de Transición y Reintegración Laboral de Policías Estatales Retirados de Puerto Rico, que brindará orientación profesional, capacitación, educación financiera y apoyo psicológico a los agentes que culminan su servicio. El programa estará adscrito a la Policía de Puerto Rico y se desarrollará en coordinación con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), con la colaboración del sector privado y organizaciones sin fines de lucro. La participación será voluntaria. Podrán beneficiarse los policías estatales dentro de los primeros cinco años desde la fecha efectiva de su retiro, así como los agentes que se encuentren en proceso de retirarse durante los doce meses previos a su salida formal. Entre los servicios que ofrecerá el programa figuran la orientación sobre nuevas carreras y oportunidades de estudio, asistencia para preparar currículos y entrevistas de empleo, y acceso a certificaciones y adiestramientos en áreas como seguridad, gestión de riesgos, primeros auxilios, tecnología, emprendimiento y educación.
Asimismo, incluirá educación financiera para administrar los ingresos después del retiro y proteger el patrimonio, junto con servicios de asistencia psicológica y emocional coordinados y provistos primordialmente por ASSMCA. Estos comprenderán terapia individual y familiar, manejo del estrés y talleres de adaptación a la vida civil.
Vetó:
- Proyecto de la Cámara 598 al señalar discrepancias entre su propósito y su contenido, así como la necesidad de que los tratamientos de salud mental para la población correccional respondan a evaluaciones médicas y planes individualizados. La medida, además, conlleva un impacto fiscal no presupuestado para el Departamento de Corrección y Rehabilitación
