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Por Redacción Es Noticia
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Varios refugiados por los terremotos denunciaron que personal del municipio de Guánica y varias agencias acudieron ayer -domingo- a los diversos refugios para obligarlos a abandonar ese lugar o firmar una carta en la que relevan al gobierno de cualquier situación que ocurra, incluyendo el contagio por coronavirus.
«Aquí me tengo que quedar porque no tengo donde ir», denunció Lisbeth Malavé, quien ayer recibió la visita de empleados gubernamentales que la obligaron a salir del lugar.
Malavé, residente en el barrio Susúa, explicó que gastó cerca de $30 para entregar los documentos que le solicitaron para un vale de Sección 8, pero le pidieron otro documento que debe obtener en Sabana Grande, porque su vivienda está en la guardarraya de ambos municipios. Indicó que acudió a Sabana Grande, pero la colocaron en una lista a la espera del servicio.
Los refugiados -con los que habló Es Noticia- dijeron sentirse amenazados por la acción de obligarlos a firmar un documento y reiteraron que no tienen opción para mudarse, unos porque no encuentran casa con el vale de Sección 8 y otros porque le faltan documentos que les ha resultado difícil obtener.
El alcalde Santos Seda Nazario dijo que están realizando un censo para identificar las razones de cada caso, pero que ordenó a personal del municipio a orientar a esas familias y que muchos de ellos habían decidido regresar a sus viviendas.
“Hay personas que estaban regresando a sus hogares porque tienen el papel verde (que identifica la estructura como apta para vivir). Hay otras que quieren quedarse y otras que tienen ‘boucher’ y que no quieren hacer nada… estamos agotando todos los recursos para ayudarlos con su situación”, indicó Seda Nazario.
“Esto (coronavirus) es peligroso. Si ya tiene las ayudas; ¿qué más vamos a hacer?”, preguntó. “Están exponiendo a nuestro personal”, dijo.
Explicó que el documento que le estaban obligando a firmar no debían tomarlo como una amenaza, pero sí constituía el relevar al municipio y a las agencias de responsabilidad ante la orden ejecutiva de resguardarse debido a la pandemia del coronavirus.
“Yo no quiero un brote de coronavirus en mi pueblo”, subrayó el alcalde.
La situación ocurre dos días después de que, el administrador de Vivienda Pública, William Rodríguez, informó “el cierre definitivo de todos los refugios” administrados por esa agencia.
Rodríguez reconoció, en comunicado de prensa, que “al momento, todavía quedan ocho refugios no administrados por el Departamento de la Vivienda con cerca de 139 refugiados, para los cuales se han continuado ofreciendo las ayudas y las orientaciones pertinentes para que apliquen a los servicios disponibles”.
Explicó que las instrucciones de la gobernadora Wanda Vázquez Garced, en coordinación con las agencias pertinentes, era mover a todas las familias a lugares seguros y cerrar todos los refugios del Gobierno para el 24 de marzo.
“Cuando nos fijamos la meta de cerrar todos los refugios para finales de marzo, sabíamos que enfrentábamos un gran reto. No obstante, la seguridad y bienestar de las familias siempre fue nuestra prioridad y hoy hemos logrado cumplir esa meta días antes de lo establecido”, expresó Rodríguez.
