Por Redacción Es Noticia
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El portavoz de la Alianza para el Desarrollo Económico de Puerto Rico, Rodrigo Masses, denunció que la Ley 37 del 2020, que ordena al sector privado pagar una licencia especial por coronavirus a sus empleados, contiene contradicciones e imprecisiones que afectan su puesta en vigor por las empresas.
“Evidentemente en este momento histórico donde la economía está cerrada y donde la mayoría de los patronos llevan sobre 25 días sin laborar, se hace totalmente necesario el tener mucho más cuidado con cualquier ley que se apruebe”, dijo Masses en comunicación escrita.
Alegó que la misma contiene un lenguaje impreciso sobre sospecha de padecer COVID-19.
“Esto genera incertidumbre en la aplicación de la ley y obliga a patronos a activar la licencia, aun en ausencia de un diagnóstico corroborado de dicha condición”, manifestó Masses.
Detalló que, entre las distintas áreas de preocupación sobre esta legislación local, figura el que la misma no permite acreditar este pago de licencia a ninguna contribución estatal, distinto a la ley federal ‘Families First Coronavirus Response Act’, que permite a aquellas empresas a las que aplica, acreditar la licencia de COVID-19, contra la contribución federal de nómina. De igual forma, mencionó que “esta ley no contiene excepciones para las pequeñas o medianas empresas, que luego del cierre establecido no puedan cumplir con esta disposición. La aplicación de la ley tampoco está condicionada a que la empresa continúe operando o no durante la emergencia. No permite ningún tipo de exención por tipo de empresa, en abierto contraste con la ley federal que permite excepciones para pequeñas empresas y que no aplica cuando la empresa está cerrada por la emergencia”.
“Nuestra exhortación a la Asamblea Legislativa y a la gobernadora, es que se desista de aprobar legislación como esta, que añade otra carga a un sector privado, golpeado severamente con el COVID-19, donde la mayoría de las empresas permanecen cerradas y aquellas que continúan operando, apenas sobreviven en un mercado de incertidumbre, inestabilidad y de pérdida de ingresos”, añadió el representante de la Alianza.
De igual manera, la Alianza reconoce que el estado debe buscar siempre proteger la salud y seguridad de la población, pero debe hacerse estableciendo las bases y los protocolos para la reapertura gradual de la economía, que da el sustento a las familias y de la que se depende para seguir adelante.
“Muchos patronos del sector privado luchan todos los días para salvar sus empresas, tratan por todos los medios de retener o reactivar a sus empleados, en condiciones adversas y complejas. Vaya nuestra solidaridad con los patronos del sector privado, que usarán su capacidad de innovación y creatividad para recuperarse y volver, dentro de las medidas de salud y seguridad ocupacional, a generar la actividad económica que crea tantos empleos en Puerto Rico. Pero esto no se logra con imposiciones adicionales que agravan la severa fragilidad de las empresas. Se logra con medidas ingeniosas que permitan la reapertura gradual de la economía, para que se vayan reinsertando los distintos sectores a la actividad productiva, adoptando las medidas de seguridad y distanciamiento social que correspondan”, finalizó.
