Por CyberNews
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La Junta de Control Fiscal (JCF) le recordó a los alcaldes que, a partir de este jueves, tendrán que devolver al gobierno central el 3% de sus fondos tras la anulación de la Ley 29.
“Mañana, 7 de mayo de 2020, cobrará vigencia la decisión del Tribunal de Distrito federal de Puerto Rico para anular la Ley 29 de Puerto Rico, reinstaurando la obligación de los municipios de reembolsar al gobierno central los beneficios de retiro de los pensionados municipales”, dijo la directora ejecutiva del ente federal, Natalie Jaresko.
La Junta determinó que los municipios deben al gobierno $198 millones por los pagos de beneficios de pensionados, y que el CRIM puede aplicar los $132 millones del fondo de equiparación del Plan Fiscal Certificado a ese balance. Entonces, la diferencia de $66 millones tiene que ser pagada al gobierno que equivale a cerca de 3% del total de presupuestos combinados de los municipios, que asciende a $2,000 millones.
El Centro de Recaudaciones de Impuestos Municipales (CRIM) determinó repagar esa cuantía de forma proporcional para los 78 municipios, lo que se traduce en que cada municipio debe al gobierno una cantidad equivalente al 3% de su presupuesto anual.
La Junta determinó que existen otras fuentes de fondos para saldar la deuda con el gobierno de manera responsable y manejable. Los municipios no tendrán que desviar fondos de sus presupuestos de operaciones del año fiscal en curso, ni tampoco tendrán que hacer recortes a los servicios prioritarios para cumplir con estos pagos.
La secuencia del plan de repago es incremental a los presupuestos de operaciones de los municipios:
- Las ganancias pendientes de la Lotería Electrónica que no se hayan remitido al CRIM.
- Los fondos en exceso de la Contribución Adicional Especial (CAE) que no estaban ya presupuestados por los municipios individuales o que se hayan recaudado en cantidades mayores que las presupuestadas.
- Las recaudaciones de impuestos que excedan lo presupuestado, ya que el CRIM puede recibir recaudaciones de impuestos no presupuestadas, como las propiedades nuevas que pagarán impuestos y la recaudación por las deudas pendientes por impuestos adeudados. En ninguna circunstancia, se utilizará el exceso de recaudaciones de impuestos de un municipio para cubrir la obligación de otro municipio.
- Los ingresos por la venta de las deudas pendientes por el impuesto de la propiedad sin cobrar, medida que tendrá un papel destacado en el plan fiscal del CRIM.
“Los municipios tienen que pagar lo que deben al gobierno sin demoras innecesarias. Es la manera fiscalmente responsable de hacerlo a fin de resolver las obligaciones económicas. La venta de impuestos sobre la propiedad por cobrar es un paso importante hacia la estabilidad fiscal de los municipios en Puerto Rico, pero el proceso de vender esas cuentas por cobrar tomará tiempo. Por tal razón, la venta de las carteras de cuentas por cobrar sólo se considerará para reembolsar al gobierno central luego de haber completado los pasos 1, 2 y 3”, dijo la directora ejecutiva de la JCF.
De otra parte, la Junta propuso crear un servicio de liquidez a corto plazo para el CRIM, subvencionado por el Gobierno, con el propósito de cuadrar el déficit del flujo de fondos tras el retraso de los recaudos de impuestos a la propiedad debido a la crisis provocada por el COVID-19.
El mencionado préstamo, según explicó, estará disponible hasta el 31 de julio de 2020, y en ningún mes el total de retiros puede exceder los $38 millones. El adelanto se devolverá con las recaudaciones de impuestos de los meses de julio, agosto y septiembre de 2020.
“La Junta ha puesto su empeño en trabajar en colaboración con el gobierno y el CRIM con el fin de minimizar la carga de los municipios de tener que repagar al gobierno y sigue firme en su compromiso de ayudar a encontrar soluciones adecuadas para superar los retos que hoy enfrentan los municipios”, indicó.
