Por Miguel Díaz Román
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En las próximas dos semanas los hospitales privados estarán despidiendo 8,000 empleados, incluyendo enfermeras, médicos y otro personal administrativo a consecuencia de la reducción de ingresos que han enfrentado los hospitales del país tras la paralización de la mayor parte de la economía por la emergencia provocada por el coronavirus, denunció el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos (CMC), doctor Víctor Ramos Otero.
Ramos Otero sostuvo la precaria situación económica de los hospitales amenaza con provocar el colapso del sistema de salud privado, que ofrece servicios a casi la totalidad de la población incluyendo los beneficiados por el plan de salud del gobierno, lo que dejará al país sin personal médico y de enferemería para atender un posible incremento de los casos de coronavirus y los casos que surjan si ocurriera una emergencia causada por terremoto catastrófico.
“Los hospitales tienen un plan de emergencia para atender una situación de emergencia por un terremoto y por el coronavirus, lo que no tienen es personal porque ya han despedido a miles de empleados y en las próximas dos semanas se estiman que despidan 8,000 empleados más”, dijo Ramos Otero.
El presidente del CMC sostuvo que la situación de los hospitales se ha agravado luego de que Junta de Control Fiscal (JCF) no recomendó avalar el desembolso de un rescate millonario para el sector hospitalario privado que estaba contenido en varias medidas aprobadas en la Legislatura.
Las medidas incluían el pagos de diversa cantidad a los hospitales por las camas desocupadas en áreas de emergencia, recuperación e intesivo, así como un adelanto de los fondos que recibirían de parte de la plan de salud del gobierno.
Ramos Otero dijo que la JCF recomendó que los fondos para el rescate se obtuvieran del paquete de ayuda federal de $2,200 millones que aprobó el Congreso para lidiar con la emergencia del coronavirus.
“La Junta de Control Fiscal tiene gente como Ana Matosantos, que trabajó en la transformación del sistema de salud de California y aquí están permitiendo el colapso del sistema de salud privado al permitir que los fondos del rescate salgan de la asignación federal. No sabemos cuándo los hospitales recibirán esos fondos”, dijo Ramos Otero.
Indicó que aunque el gobierno de Puerto Rico ya tiene depositado el dinero en sus cuentas, para poder gastarlo debe presentar un plan que lo tiene que aprobar el gobierno federal. “Sé que el gobierno está trabajando con ese plan, pero no sabemos el tiempo tomará eso y si no lo haces bien no te lo aprobarán. Y mientras más tiempo pasa más difícil es la situación para los hospitales”, indicó Ramos Otero.
Señaló que a la luz de la experiencia con las asignaciones federales por el huracán María, la gran mayoría de las cuales aún no han sido desembolsadas cuatro años después de desastre, no es posible pensar que la propuesta de la JCF ayudará al sector hospitalario privado del país.
“La ayuda federal más reciente, la de los $1,200 ha tardado 36 días. Los hospitales necesitan al ayuda ahora”, explicó Ramos Otero.
El presidente del CMC advirtió que si ocurriera una emergencia causada por terremoto catastrófico con decenas o cientos de heridos, el sistema hospitalario privado no podría responder adecuadamente por la falta de personal médico especializado en cirugías de emergencia, ortopedas y otro tipo de especialistas en atención de traumas severos. Indicó que el único centro de trauma en Puerto Rico está ubicado en el Centro Médico de San Juan, cuyas instalaciones no serían suficientes para atender una emergencia de grandes proporciones.
Recordó que se han discutido propuestas para construir un centro de trauma en Mayaguez y en Ponce, pero señaló que si el gobierno cuenta con los fondos no será un problema construir estas instalaciones.
“Lo que sí será un problema es el personal médico para etender esos centro de trauma. Esa gente hay que crearla porque esos especialistas no existen en Puerto Rico…!no los hay! ..y para correr esos centros de trauma necesitas gente”, dijo Ramos Otero.
Indicó que la clase médica ha sufrido una merma de 5,000 miembros, lo que ha implicado que los 14,000 médicos que estaban ubicados en la isla en los pasados años se han reducido a una población profesional de 9,000 miembros. La gran mayoría de ellos han emigrado a los Estados Unidos.
“Estamos esperando que la tasa de 4% para los médicos tenga un mejor efecto”, dijo Ramos Otero en referencia a la tasa contributiva de 4 % que aprobó el gobierno para detener la emigración de médicos.
