Por Redacción Es Noticia
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La investigación que se inició por instrucciones de la exsecretaria del Departamento de la Familia (DF), Glorimar Andújar, en torno a la alegada intervención indebida en la distribución de alimentos a los afectados por los terremotos del pasado mes de enero, evitó que se perdieran fondos federales, según expresó ayer en vistas públicas, el secretario interino de esta agencia, Eddie García Fuentes.
Esta conclusión fue ofrecida por este funcionario a la Comisión Especial para la Reconstrucción y Preparación Total de Puerto Rico ante una Emergencia, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, que investiga los procesos llevados a cabo para atender a las víctimas de los sismos en la zona sur y suroeste de la Isla.
A preguntas del representante Rafael “Tatito” Hernández, el García Fuentes especificó que era “correcto”, que de no haberse realizado la investigación y se hubiese mantenido a la exadministradora de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia, licenciada Surima Quiñones en su posición, la agencia corría el riesgo de perder fondos provenientes del The Emergency Food Assistance Program (TEFAP, por sus siglas en inglés).
Según el informe final presentado por el secretario interino del DF, los testimonios vertidos por empleados de la agencia apuntan hacia la presencia de políticos que cambiaron el orden en el cual se llevaría a cabo la actividad, la falta de evaluación comunitaria de las necesidades de la población, así como los cambios a la logística en la distribución de alimentos. Todo esto sin la autorización del Food Nutrition Service (FNS, por sus siglas en ingles).
García Fuentes criticó estas actuaciones y a interrogantes del representante Denis Márquez opinó que no debe “haber políticos, ni terceros en el proceso de distribución de alimentos”.
Además, salió a relucir que Alberto Morales, del Departamento de Agricultura Federal, le envió una comunicación electrónica a la licenciada Quiñones, en la que le instruye a que evitar que esto ocurriera “porque se está manchando la imagen de la institución federal”.
El presidente de esta Comisión Especial, Rodríguez Aguiló, sostuvo que García hizo lo correcto cuando “recibió un informe con unos señalamientos serios, usted entendía que faltaba como parte de una investigación importante entrevistar a esas personas involucradas y lo encomendó, e hizo lo correcto y el gobierno federal está mirando lo que usted está haciendo porque si usted hubiese mirado para el lado también usted hubiese puesto los fondos federales en peligro, por inacción”.
Por otro lado, Rodríguez Aguiló le cuestionó a García Fuentes si entendía que el hecho de haber continuado la investigación lo descalificó para ser nombrado como secretario en propiedad, a lo que éste contestó que “fue una decisión personal” no aspirar a la posición a la que fue designado Orlando López Belmonte.
El funcionario también dijo que el designado secretario hasta el mes de marzo laboraba con ADSEF mediante un contrato de consultoría a través de la firma OFE Consulting Group, que inició en 9,000 dólares y culminaron en 124,500 dólares, por lo que no tenía que ir a la autorización del secretario. El contrato fue cancelado el 12 de mayo, dos días antes de su designación a la silla del DF.
García Fuentes añadió que el reglamento está bajo revisión para que este tipo de decisiones reciban el aval y conocimiento del secretario, y no solamente de los administradores. El presidente de esta Comisión Especial comunicó que esta área sería estudiada a fondo para legislar de manera que estos eventos no ocurran.
Al finalizar la vista pública, Rodríguez Aguiló señaló que tan pronto estén listas las transcripciones de esta parte de la investigación radicará un primer informe parcial, que incluirá recomendaciones para que se apruebe legislación ya presentada. Esto, para mejorar los protocolos y la respuesta del Ejecutivo ante las emergencias de modo que esté claro el rol de cada agencia en atender las necesidades del pueblo. En particular, lo que son los inventarios de los almacenes, cómo deben mantenerse para que no se pierdan y quién debe ser el responsable de este inventario.
“La próxima etapa de la investigación va a estar dirigida a la reconstrucción; vamos a estar estudiando cómo el gobierno se ha estado preparando para ayudar a los gobiernos municipales de la zona en el proceso de reconstrucción, con todo lo que tiene que ver con los pequeños y medianos negocios, las viviendas privadas y públicas, la infraestructura de carreteras, y las utilidades, específicamente lo que está pasando con la planta de Costa Sur”, afirmó el presidente de dicha Comisión.
