Por Redacción Es Noticia
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A pesar de la advertencia que hizo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la Cámara de Representantes aprobó ayer la Resolución Conjunta de la Cámara 719, que asigna $185 millones a los 78 municipios de Puerto Rico, a través del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), con el fin de proveer un alivio económico temporero.
La medida, que es de la autoría del presidente de la Cámara, Carlos Méndez, junto a los representantes, José Torres Zamora y Gabriel Rodríguez Aguiló, había recibido el rechazo de la directora ejecutiva de la JCF, Natalie Jaresko, quien envió una carta el pasado viernes, 5 de junio a la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, y a los presidentes legislativos, en la que advirtió al gobierno que no la aprobara.
“Para evitar cualquier malentendido, tenga en cuenta que la Junta de Control Fiscal ha determinado que la aprobación y/o implementación del borrador de la resolución, antes de cumplir con todos los requisitos de la Sección 204, perjudicaría y anularía los propósitos de PROMESA, según lo determine la Junta de Control Fiscal. Por lo tanto, se le prohíbe a la Legislatura que apruebe el borrador de la resolución y al poder ejecutivo que aplique el borrador si se aprueba en violación de PROMESA”, dijo Jaresko en la misiva de tres páginas.
La carta establece que la asignación de fondos propuesta en el borrador de la resolución no se contempla en el presupuesto del año fiscal certificado, lo que constituiría una reprogramación no autorizada a menos que esté debidamente certificada por la JCF.
Además, Jaresko señala en la carta que la JCF no ha recibido una solicitud para analizar y/o certificar la reprogramación de fondos contemplados en el borrador de la medida, lo que es una condición para la adopción de dicha reprogramación por parte de la Legislatura o para llevar a cabo cualquier reprogramación por cualquier funcionario o empleado del gobierno.
“Le recordamos que la Junta de Control Fiscal ha autorizado al gobierno a proporcionar una línea de crédito al CRIM por un monto de 185 millones de dólares, el monto exacto contemplado por la resolución. Esta línea de crédito está diseñada para ayudar a los municipios a cubrir sus déficits de efectivo para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020 atribuibles a su decisión de diferir la fecha de presentación de las declaraciones de impuestos sobre la propiedad personal y, por lo tanto, la recaudación de los pagos del impuesto sobre la propiedad personal. Esta línea de crédito proporcionaría a los municipios el efectivo necesario para prestar servicios a la gente de Puerto Rico. El CRIM, sin embargo, ha decidido no aceptar esta línea de crédito”, sostuvo la directora de la JCF en la misiva.
Finalmente, Jaresko señaló que las medidas legislativas como el borrador de la resolución no ayudan a los municipios de Puerto Rico a largo plazo, ya que solo brindan alivio económico a corto plazo, “pero no brindan ni fomentan la estabilidad fiscal y la solidez que los municipios necesitan para lograr una situación permanente de independencia financiera”
