Por Redacción Es Noticia
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La Comisión de Salud de la Cámara presentó -este lunes- el informe final sobre la investigación sobre el proceso de compra de las pruebas para detectar el COVID-19, el cual contiene once referidos a agencias estatales y federales por irregularidades, negligencia y violación a leyes y reglamentos establecidos.
Empero, la gobernadora Wanda Vázquez Garced dijo que no había visto el referido ni tenía conocimiento de que los legisladores votaron por el mismo y que sería una tragedia que a determinadas personas las incluyeran en el mismo. «Es una tragedia el que se halla imputado a personas integras», dijo en conferencia de prensa.
«No hemos visto ese informe», insistió la mandataria antes de señalar que la ley establece que antes del referido los legisladores deberán votado por el mismo. «Hasta donde tenía conocimiento, eso no ha ocurrido», indicó.
La Resolución 1741 incluye referidos a:
- Iris Santos – directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP)
- Alfonso Rossy – secretario auxiliar de Contabilidad del Departamento de Hacienda
- Segundo Rodríguez Quilinchini – médico y coordinador del Medical Task Force
- Antonio Pabón Battle – secretario de la Gobernación
- Lillian Sánchez – subsecretaria de la Gobernación
- Mabel Cabeza – exfuncionaria del Departamento de Salud y exempleada de La Fortaleza
- Guarina Delgado García – ayudante especial en el Negociado Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD)
- Ottmar Chávez – administrador de Servicios Generales (ASG)
- Juan Maldonado De Jesús – representante de Apex General Contractors
- Robert Rodríguez – presidente de Apex General Contractors
- Ricardo Vázquez Hernández, presidente de 313, LLC.
Los referidos serán enviados a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente, Oficina de Ética Gubernamental, Oficina del Contralor, al Negociado Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) y al Tribunal Supremo de Puerto Rico.
“No podemos dejar de destacar que tenemos la potestad de autorizar en primera instancia el presupuesto de ingresos y gastos de nuestro gobierno. Pero con esta facultad viene la enorme responsabilidad de velar por el buen uso que la Rama Ejecutiva realiza sobre dichos fondos. Si en otras instancias o administraciones eso no se ha fiscalizado, lo estamos haciendo desde que llegamos a la legislatura y desde que presido la Comisión cameral de Salud”, indicó el representante Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión.
“Por encima de consideraciones partidistas, intra-partido o inter-partido, se tiene que evaluar el desempeño de los funcionarios públicos y personas privadas que intervienen en estas transacciones y se adjudiquen responsabilidades por irregularidades con los fondos públicos y violaciones a las leyes y reglamentos”, reiteró el legislador.
El informe que contiene, además, hallazgos y recomendaciones, detalla que se refiere a varios funcionarios del Gobierno de Puerto Rico y personas que estuvieron involucrados en el proceso de compra de las pruebas con el Departamento de Salud (DE).
El informe establece que Iris Santos, directora de la OGP, pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme el Artículo 263 del Código Penal, además de posiblemente haber violentado el Artículo 264 del Código Penal, que atiende la malversación de fondos públicos.
El CPA Alfonso Rossy pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme a los Artículos 262 y 263 del Código Penal y pudo haber infringido el Artículo 4.2 (del Capítulo IV Inciso (r) y (s)) de la Ley de Ética Gubernamental, así como el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico. Además, posiblemente haber violentado el Artículo 264 del Código Penal que atiende la malversación de fondos públicos. El Dr. Segundo Rodríguez pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 254, 255, 261, 262 y 263 del Código Penal y pudo haber infringido el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental.
Igualmente, el secretario de la Gobernación, licenciado Antonio Pabón Battlle y la subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez, pudieron haber sido negligentes en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 262 y 263 del Código Penal, y pudieron haber infringido el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental, posiblemente violentando, en múltiples instancias, en lo que constituyen las funciones y deberes que acarrean sus cargos.
El informe refiere que Mabel Cabeza pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme los Artículos 254, 255 y 261 del Código Penal y pudo haber infringido el Artículo 4.2 de la Ley de Ética Gubernamental. En el caso de Guarina Delgado García pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme el Artículo 263 del Código Penal. Así mismo, Ottmar Chávez pudo haber sido negligente en el cumplimiento de su deber conforme lo dispuesto en el Artículo 263 del Código Penal y pudo haber infringido el Artículo 9 de la Ley de Contabilidad. Además de posiblemente haber violentado el Artículo 264 del Código Penal.
Se refiere al licenciado Juan Maldonado por posibles violaciones al Artículo 56 de la Ley Notarial y a la Regla 67 (Testimonio de legitimación y firma) del Reglamento Notarial, pudo haber violado los Cánones de Ética Profesional, en especial, el Canon 35 (sinceridad y honradez), pudo haber cometido perjurio al testificar en violación del Artículo 33 del Código Político de Puerto Rico y el Art. 269 de la Ley 146-2012, conocida como Código Penal de Puerto Rico.
El informe establece que Robert Rodríguez pudo haber infringido los Artículos 202, 211 y 212 del Código Penal. De igual manera, el informe establece que Ricardo Vázquez pudo haber incurrido en el delito de Falsedad Ideológica (Artículo 212 del Código Penal) y por haber violado el Artículo 34 del Código Político, así como el Art. 298b del Código Penal.
En el informe final se hace constar que debido al análisis exhaustivo que hizo la Comisión con la totalidad de la información en su poder, se añade otra irregularidad cometida por el general José Burgos, comisionado del NMEAD, toda vez que firmó una factura suscrita con Apex General Contractors ascendente a 38 millones de dólares, donde certificaba haber recibido un millón de pruebas, sin que, en efecto, eso haya ocurrido. “Poniendo en peligro de esta forma, el desembolso de fondos públicos. Además, de lo anterior, resulta sorprendentemente vergonzoso, que un destacado militar, del rango de GENERAL, se preste para aseverar, en un documento, hechos que son falsos, de los cuáles le consta su falsedad, y sobre los cuales se va a pagar con fondos públicos”, se añade en el informe.
Entre los hallazgos se destaca como resultado de la investigación, un patrón de irregularidades y negligencia en el proceso de las compras realizadas y en el cumplimiento del deber de varios funcionarios del Gobierno, poniendo en riesgo la vida y la salud de todos los ciudadanos. Así también, una crasa deficiencia en la dirección administrativa del Departamento de Salud, el cual estuvo nueve días sin Jefe de Agencia mientras se tomaron decisiones importantes para el Pueblo de Puerto Rico en medio de la pandemia.
De igual modo, órdenes de compras donde el Gobierno de Puerto Rico adquirió pruebas sin tomar las precauciones necesarias sobre la confiabilidad y especificidad de estas, ejemplo de esto fue la orden de compra por $650,000 otorgada a Castro Business. Pruebas que a este momento aún no han podido ser utilizadas por el Departamento de Salud porque no cuentan con la aprobación de la FDA.
También destaca el atropellado proceso llevado a cabo para la compra de Apex General Contractors donde se puso en riesgo la pérdida de 38 millones de dólares. Sobre este particular nunca se justificó lo requerido para el pago adelantado en momentos en que Puerto Rico se encuentra atravesando por la peor crisis fiscal de su historia.
Como parte de las recomendaciones contenidas en el informe, se reitera la necesidad de que la Oficina del Contralor realice una auditoría al Departamento de Salud y al Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, en aras de evaluar las posibles irregularidades en los procesos de compras que llevaron a cabo estas agencias y los desembolsos de fondos realizados, durante el periodo de emergencia del COVID-19.
