Por Miguel Díaz Román
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A solo días para la celebración de primaria, la gobernadora Wanda Vázquez Garced ha mantenido silencio luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) reiterera su oposición a dos medidas que ayer convirtió en ley y que favorecen programas de retiro para miles policías y empleados públicos.
El portavoz de la JSF, Edward Zayas, sostuvo ayer que ambas medidas no cuentan con el aval del organismo.
Las medidas han sido ampliamente respaldadas a través de las redes sociales por miles de empleados públicos que deseaban acojerse al retiro y que habían abogado por su aprobación. EsNoticia solicitó una reacción a los planteamientos precisos de la JSF sobre las medidas y hasta esta mañana no se había recibido una respuesta.
En la mañana de hoy la gobernadora dejó saber en las redes sociales que ”la política pública de nuestro gobierno es proteger el esfuerzo y dedicación de los empleados públicos retirados. A los pensionados le reitero mi compromiso, el cual es firme y por el cual no claudicaré ante nada ni nadie”.
Pero esas expresiones y otras que realizó en el El Nuevo Día no responden a los planteamientos puntuales de la JSF, que fundamentalmente indican que las ventanas de retiro aprobadas representan un gasto adicional para el Fondo General y no un ahorro, como sostuvo la gobernadora ayer.
Las nuevas leyes proponen que los empleados públicos que se acojan al retiro reciban una pensión que oscila entre el 50 % y el 55 % del salario que reciben actualmente. Además, la mayoría de ellos también recibirían una aportación de $100 para plan médico.
Una de las medidas es el Proyecto del Senado 1623, que propone la “Ley para Proveer un Retiro Digno” para los miembros de la Policía y los Bomberos; y la segunda medida es el Proyecto del Senado 1616, que establece un plan de retiro incentivado para empleados públicos.
Los dineros para las pensiones serían pagados del Fondo General, que también es responsable de pagar las pensiones de los jubilados que estaban acogidos al desaparecido Sistema del Retiro del gobierno y cuyo costo anual supera los $2,000 millones.
“La posición de la Junta con respecto a estas medidas se mantiene, tal y como expresan las cartas enviadas a la gobernadora y a los líderes legislativos. Conforme a (la Ley) Promesa, la gobernadora tiene siete días para enviarle a la Junta tales medidas acompañadas de un certificado de cumplimiento con el plan fiscal”, sostuvo ayer Zayas por medio de declaraciones escritas.
Zayas hacía referencia a dos cartas eviadas el 23 y 24 junio a la gobernadora como a los presidentes legislativos, Thomas Rivera Schatz y Carlos Méndez, en las que la JSF sostuvo las medidas no cumplen con el plan fiscal aprobado y exigió la presentación de informes económicos y actuariales sobre el impacto de los beneficios a largo plazo en el fondo general.
En las cartas la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que las medidas eran contrarias a la ley PROMESA y advirtió que si eran aprobadas podrían solicitar su anulación en el Tribunal Federal.
El senador Gregorio Matías, sostuvo ayer que la JSF tiene “motivos políticos” contra la administración de la gobernadora Vázquez Garced, al rechazar las leyes que crean programas de retiro para policías y empleados públicos.
“!Claro que los motivos son políticos… las medidas crean un ahorro y no un gasto, que es lo que la JSF siempre ha dicho. La oposición de la JSF tiene motivos políticos y nosostros vamos a continuar con estas leyes para beneficiar a nuestros empleados públicos. Al igual que la Ley 80 y el Bono de Navidad, contra las que se opuso la JSF y todavía están vigentes, pasará igual con estas leyes”, sostuvo Matías, quienes es el autor del Proyecto del Senado 1623.
La medida propone una pensión del 50 % del salario para los policías, bomberos o otros mienbros de servicios de seguridad del gobierno, que tengan 30 años o más de servicio y que hayan cumplido 55 años. Para los que hayan cumplido 58 años la pensión será el 55% de su salario. Además, la medida garantiza una aportación de $100 para el plan médico.
El senador también fue un fuerte defensor de la segunda medida cuestionada por la JSF, que es el Proyecto del Senado 1616 y cuyo autor lo fue el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y la delegación del Partido Nuevo Progresista. Esta medida propone que los empleados cobijados bajo la Ley 447 de 1951 recibirían una pensión equivalente al 50% de su último salario y una aportación de $100 para plan médico.
Mientras que los empleados cobijados bajo la Ley 1 de 1990 elegibles bajo esta legislación recibirían un beneficio de jubilación equivalente al 2% multiplicado por el número de años de servicios acreditados hasta el 30 de junio de 2017, hasta un máximo de 46%. y podrían continuar con la cubierta de plan médico de su patrono por un un año.
“Si la JSF va a los tribunales nosotros vamos a defender el derecho de miles de empleados públicos a tener un retiro digno. Estas medidas no significan un nuevo gasto sino un ahorro. Eso es lo que la JSF no está analizando, es un ahorro para el gobierno”, insistió Matías.
En la carta del 24 de junio la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, señaló que el Proyecto 1623 “tiene el efecto de incrementar significativamente los costos de retiro asociados con el retiro de oficiales de la Policía” y destaca que “los agentes cobrarían una pensión de entre 50% y 60% de su último salario y además recibirían un beneficio $100 mensuales para el pago de plan médico”.
“Bajo la elegibilidad de pensión mejorada contenida en el PS 1623, la compensación en las pensiones de los policías se duplicarían (25% a 55% en promedio) en términos del porcentaje relativo al salario de su último año y aumentarían incluso más en el caso de los participantes que se retiren después de los 58 años”, expresó Jaresko.
En la carta del 23 de junio, Jaresko indicó que el Proyecto 1616 “como está propuesto sería significativamente inconsistente con el Plan Fiscal y no puede implantarse hasta que la información que solicitamos en esta carta le sea provista a la Junta”. Jaresko también solicitó un estudio actuarial sobre los grupos que se podrían acoger al plan de retiro y su efecto económico real a largo plazo para el gobierno.
Según Jaresko, la capacidad financiera de los beneficios propuestos depende de la eliminación de ciertas disposiciones. “Esto, falla en lograr el requisito de reducir costos, lo que potencialmente redundaría en un aumento a largo plazo en los pagos que tendría que hacer el gobierno”, sostuvo la directora de la JSF.
De acuerdo con Jaresko, desde el 1994 se han ofrecido sobre 20 ventanas de retiro incentivado que han fallado en lograr ahorros significativos.
Recientemente y a solicitud de la JSF, la jueza Laura Taylor Swain, quien supervisa la quiebra del gobierno, anuló la Ley 29 de 2019, que liberaba a los municipios del pago de las pensiones y planes médicos de sus empleados, al concluir que el estatuto es inconsistente con el plan fiscal.
