Por Redacción Es Noticia
El representante de los consumidores ante la junta de gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el ingeniero Tomás Torres Placa, requirió que se publiquen las deudas actualizadas de cada agencia de gobierno y corporación pública.
La petición es que se difunde la información a no más tardar del viernes, 29 de enero en la página web de la AEE.
“Durante reuniones de la junta de gobierno en octubre de 2020, le requerí a la gerencia de la AEE que publicara en la página web de la corporación pública un listado permanente de todas las deudas actualizadas de cada agencia y entidad gubernamental. A la fecha de hoy esta información no se ha publicado de manera oficial por parte de la AEE, por lo que exijo se haga pública de manera inmediata”, manifestó Torres Placa.
Por otra parte, el ingeniero recordó que, a raíz de los incidentes con un consumidor en la oficina comercial de Fajardo en agosto de 2020, solicitó a la gerencia de la AEE la publicación de métricas en cuanto al trato y manejo de los consumidores.
Esto incluye tiempo en ser atendido tanto presencialmente como vía telefónica y a cantidad de clientes con problemas de facturación y con problemas de seguridad relacionados a postes y cableado.
Según datos de la AEE, para noviembre de 2020 la deuda por concepto de facturación vencida en corporaciones publicas ascendía a $233, en agencias de gobierno a $32.2, en el gobierno federal a $11.3 y en los municipios $34.7. Esto sumó a un total de $311.2, lo que representa un impacto de cerca de dos centavos por KwH (aproximadamente 11% de la tarifa actual) en un ciclo anual de facturación.
“La gerencia de la AEE tiene que diligentemente exigir toda facturación vencida, especialmente a cada agencia, entidad y corporación pública, debido a su alto impacto en la factura del consumidor y establecer los mecanismos necesarios para el recobro de estas cantidades”, manifestó.
“La transparencia, divulgación de información y la participación ciudadana son las mejores herramientas para una sana administración pública. Cohibir a los consumidores y la ciudadanía en general de información clara y precisa de la operación de un ente público es abrir las puertas a una mala administración en prejuicio del interés publico”, agregó.
