Por Redacción Es Noticia
El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, su presidenta, Lcda. Daisy Calcaño López, y su Comisión sobre los derechos de las personas con diversidad funcional, presidida por la Lcda. Glorimar D. Andújar Matos, hacen un llamado a orientar, concientizar, y prevenir la trata humana.
«La trata humana se convirtió en una de las actividades ilegales más lucrativas del mundo, generando sobre $150 millones al año. Se estima que 45 millones de personas alrededor del mundo son víctimas de trata humana, de las cuales el 98% de las víctimas son mujeres y niñas. Sin embargo, poco se ha estudiado sobre cuántas de las víctimas son personas con diversidad funcional.
Varias leyes ya incluyen la trata humana, entre ellas:
1. El Código Penal de Puerto Rico tipifica como delito la trata humana en sus distintas modalidades.
2. Ley 246-2011, según enmendada, “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, añadió la trata humana como una de los formas de maltrato de menores.
3. Ley 300-1999, “Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y a Personas de Edad Avanzada”, prohíbe que personas con historial delictivo estatal o federal por trata humana provean servicios a poblaciones vulnerables incluyendo personas con discapacidad.
4. Ley 8-2015, crea la “Ley de asistencia a inmigrantes víctimas de trata humana”.
5. Ley 85 -2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” otorga la función al Consejo Escolar, en colaboración con el Tercer Sector, de realizar campañas preventivas sobre trata humana.
6. La Ley 87-2015, «Ley del Mes de la Orientación y Prevención Contra la Trata Humana”, declara febrero de cada año como el mes de la orientación y prevención contra la trata humana. Por lo que es apropiado, precisamente en este mes crear conciencia sobre las poblaciones que, por sus situaciones especiales, pueden estar aún más vulnerables a ser víctimas de trata humana.
Una de las poblaciones más vulnerables, son aquellas con alguna discapacidad. Varios son los factores identificados que hacen a las personas con diversidad funcional más vulnerables a la trata humana, entre los que se encuentra el grado de dependencia que algunos puedan tener para poder satisfacer sus necesidades básicas o para comunicarse, convirtiéndolos en posibles tarjetas de los tratantes, quienes precisamente aprovechan estas necesidades para crear el grado de dependencia que necesitan y someter a sus víctimas.
Se ha reconocido, además, que las víctimas de trata humana pueden desarrollar algún tipo de discapacidad, precisamente por el abuso a los cuales son sometidas.
No olvidemos las propias barreras sociales que resultan un impedimento para que las personas con diversidad funcional sean protegidas. Este obstáculo es necesario sobrepasarlo. Una búsqueda del tema de las personas con diversidad funcional y la trata humana, refleja la poca investigación a nivel local e internacional sobre este tema de trascendental importancia.
La División de Estadísticas de la Criminalidad de la Policía de Puerto Rico, reporta como acumulado al 31 de julio de 2019, un solo caso de trata humana. Es forzoso preguntarnos, si siendo este un negocio tan lucrativo a nivel mundial, cómo se refleja tan sólo un caso en Puerto Rico. Desearíamos que esa fuese la realidad, y que no hubiese ni un sólo caso reportado. Pero no podemos pensar que este delito es ajeno a nuestro país. La conclusión forzosa es que el mismo no se procesa como tal, desapareciendo los casos de trata humana bajo la categoría de otros delitos, tales como la violencia de género y el abuso sexual. Ello tiene el efecto de hacer el mismo invisible, dificultando su identificación y, por consiguiente, su prevención y lucha para erradicarlo, expresa la Lcda. Andújar Matos, presidenta de la Comisión sobre los derechos de las personas con diversidad funcional del CAAPR.
La trata humana es un asunto que atenta contra los derechos humanos. Las personas con diversidad funcional son doblemente más vulnerables a ser víctimas de este delito. Para poder contar con políticas públicas fuertes y que realmente trabajen con las situaciones que enfrenta nuestra sociedad, es necesario contar con las investigaciones y los datos que revelen quienes son las víctimas, cuántos casos reales hay en nuestra jurisdicción, cuántas víctimas son personas con diversidad funcional, cuántas de estas se convirtieron en víctimas por razón de su discapacidad y cuántas la desarrollaron por razón del abuso.
Es necesario estudiar el tema y que se creen políticas públicas dirigidas a visibilizar las víctimas, ayudarlas en su recuperación y prevenir que otras personas se conviertan también en víctimas, principalmente aquellas que padecen de una discapacidad», concluye la Lcda. Calcaño López, presidenta del CAAPR.
Levantemos la voz, ayudemos a las autoridades reportando situaciones sospechosas.
