Por Miguel Díaz Román
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Luego de que en las pasadas semanas entrara en vigor la prohibición federal contra la celebración de las peleas de gallos en Puerto Rico es de esperarse que si las autoridades federales deciden poner en vigor el estatuto, esa actividad continará en la clandestinidad provocando que miles de puertorriqueños ingresen la sombra de la delincuencia por solo disfrutar de un deporte arraigado a la tradición y a la cultura.
Quizás es muy temprano para estimar los efectos que tendrá en Puerto Rico la prohibición federal, pero sin duda podemos anticipar la desconcertante realidad que enfrentarán los fanáticos de esa actividad deportiva ante la posibilidad de ser arrestados por jugar gallos.
“Esto va a ser desesperante para mucha gente que toda su vida han vivido de la esa actividad y de la noche a la mañana algo que era completamente legal es illegal…!nadie sabe lo que es perder la libertad hasta que la pierdes!. Y si llevabas 30 años haciendo una actividad culturalmente bien vista y legal y de pronto te dicen que no puedes hacerlo, que está prohibida, pues la gente reaccionará de acuerdo a su personalidad. Habrá gente que hasta decida suicidarse porque la jugada de gallos es el único sustento para su familia”, dijo la trabajadora social Milagros Rivera Watterson, ex presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales y quien actualmente es la portavoz del Comité Amigos y Familiares del Confinado.
Rivera Watterson indicó que la gravedad del asunto estriba en que existen 27,000 familias en Puerto Rico que dependen para vivir de los ingresos que obtinen del deporte de los gallos.
“Esa es una realidad que no se ha estudiado adecuadamente para entender los efectos que esto puede tener. Algunos galleros adinerados emigraron a Colombia o a la República Dominicana a continuar allá sus actividades relaciondas al deporte de los gallos, pero la gran mayoría de las personas que trabajan o poseen negocios vinculados al sector gallístico dependen exclusivamente de ese deporte para el sustento de sus familias”, explicó Rivera Watterson.
La trabajadora social indicó que ante esa realidad “muchos decidirán por el clandestinaje, para continuar con su modo de vida”.
La Ley Agrícola de 2018 de Estados Unidos, conocida como el “Farm Bill”, ordenó la prohibición de las jugadas de gallos en Puerto Rico y otros territories a partir del pasado 20 de diciembre. Las peleas de gallos en la isla son legales desde 1933.
“Cada individuo tomará sus decisiones, pues la situación te pone en una disyuntiva. Puede que haya esposas que le digan a sus maridos “mira búscate otro trabajo”, pero habrá individuos que decidirán arriegarse y asi entran en el clandestinaje…hay gente que toma riesgos”, observó Rivera Watterson.
La trabajadora social indicó que la decisión de continuar la actividad gallística de manera clandestina tendrá un impacto adverso porque creará una atmósfera de incertidumbre y de tensión que puede afectar a los integrantes de las familias.
“En esta situación presenta una doble controversia de principios y de un aspecto personal y de familia, pues mucha gente entenderá que al continuar jugando gallos en violación a la ley federal defiende su cultura y la idiocincracia del país, y, además, defiende su ingreso y su familia. Esto afecta el área emocional de la familia y los somete a estrés y a una angustia terrible..es triste que esto pase en plena Navidad que es una época tan apreciada por el puertorriqueño”, sostuvo Rivera Watterson.
La trabajora social indicó que las prohibiciones nunca logran su objetivo y presentó como ejemplo la prohibición a las bebidas alcohólicas durante al principio del siglo pasado en los Estados Unidos, que fue derogada en la década de 1930, y la prohibición contra los narcóticos y otros estimulantes que actualmente continúan vigentes con un gran costo económico para el gobierno y con pocos resultados en deterner el flujo de esas sustancial al consumidor estadounidense.
En los últimos años ha comenzado una tendencia a aprobar leyes estatales para permitir el uso de la marihuana recreacional y medicinal en numersos estados y Puerto Rico. “La prohibición nunca ha funcionado”, setenció Rivera Watterson.
El economista Robinson Rodríguez Pérez, profesor del Servicio de Extensión Agrícola de Recinto de Mayaguez de la Universidad de Puerto Rico, coincidió con Rivera Watterson al sostener que los fanáticos de la jugada de gallos no abandonarán el deporte por la prohibición federal y en cambio “se irán a la jugada clandestina por invitación”.
“No tengo duda de que la prohibición por imposición no tendrá éxito porque la jugada de gallos tiene una trascendencia cultural que no podrá detener una ley federal”, dijo Rodríguez Pérez.
Sostuvo que para contrarrestar la prohibición los galleros organizarán jugadas para grupos de jugadores previamente seleccionados e invitados a la actividad con gran sigilo y confidencialidad. También indicó que las jugadas se celebrarían en lugares cerrados a los que no tendría aceso todos el público que suele acudir a las galleras existentes en el país.
Según datos provistos por el Departamento de Recreación y Deportes el deporte de los gallos le produce al erario cerca de $120,000 entre el pago de licencias para operar galleras, costos de inscripción, licencias de jueces, así como multas generadas por violación al reglamento que ordena las jugadas de gallos. La industria de la jugada de gallos emplean 27,000 personas y generan alrededor de $18 millones anuales.
Entre el 2018 y 2019 hubo 71 galleras con licencias para opera en 45 municipios. En ese periodo se vendieron aproximadamente 143,800 espuelas y se contabilizó una asistencia aproximada de 320,000 personas.
Antes de que entrara en vigor la prohibición federal la gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó dos medidas legislativas que buscan mantener viva la celebración de las peleas de gallos en Puerto Rico.
La primera medida convertida en ley fue el Proyecto de la Cámara 2330, que enmienda la Ley 98-2007, conocida como la Ley de Gallos de Puerto Rico del Nuevo Milenio, que tiene el objetivo de establecer que las licencias de galleras serán por un término de dos años.
La medida, además, prohíbe la importación y exportación de gallos con el propósito de participar en peleas organizadas, y ordena un estudio sobre las implicaciones que tendrá la prohibición en la isla.De esta forma, se limita toda lo concierne a la industria de los gallos al territorio de Puerto Rico.
La gobernadora también avaló la Resolución Conjunta del Senado 459 que solicita tanto a la gobernadora como a la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, realizar gestione para que el Congreso de Estados Unidos legisle para proveer un periodo de transición de cinco años en la aplicación a Puerto Rico de las disposiciones del “Farm Bill”.
Al firmar la medida Vázquez Garced se refirió directamente a las autoridades federales a quienes invitó a dialogar en la Fortaleza.
«Mi petición a la jurisdicción federal es que si tienen algún señalamiento con relación a esta legislación, las puertas de La Fortaleza están abiertas para que podamos dialogar y que ellos puedan tener la oportunidad de dialogar y que se pueda establecer como se puede implementar, pero con dialogo se puede resolver», sostuvo la Primera Ejecutiva.
Sobre la posibilidad de que las autoridades federales comiencen a imponer la prohibición sobre la jugadas de gallos Vázquez Garced incicó que «en su momento vamos a tomar las determinaciones que correspondan dependiendo de cuál sea la intervención de la agencia federal. Al día de hoy, no ha habido un plan, no se han comunicado con ninguna de las galleras, no se han comunicado con ninguno de los galleros, no ha habido un plan de intervención de ninguna agencia federal».
Vázquez Garced agregó que con la aprobación de la ley su gobierno no pretendía desafiar al gobierno federal.
«Aquí no estamos buscando una confrontación. Hemos tenido una relación extraordinaria con la jurisdicción federal, pero yo creo que necesitamos que haya el diálogo, que nos sentemos a hablar porque nosotros tenemos unos problemas mayores donde sí queremos que las agencias federales intervengan y nos ayuden como es el narcotráfico», sostuvo.
El licenciado Ramón Cotto Ojeda, quien dijo no ser fanático de la jugada de gallos pero se opone a la prohibición federal, indicó si las autoridades comienzan a cerrar galleras provocarán que las peleas de gallos se celebren en el clandestinaje, lo será muy detrimental para la convivencia de miles de familias puertorriqueñas que trabajan en la industria gallística.
El abogado indicó que la actividad gallística se realiza en el clandestinaje el gobierno quedará privado de los ingresos que obtiene de la industria y causará un severo trauma económico entre la gente que actualmente trabaja en ese sector.
No obstante, Cotto Ojeda indicó que la ley aprobada por la gobernadora constituye una medida apropiada para enfrentar la prohibición federal porque permite las jugadas de gallos dentro del territorio de Puerto Rico.
El abogado señaló que el elemento principal es que la Constitución de los Estados Unidos no prohibe la jugada de gallos y que los estados y sus territories pueden garantizar más derechos que aquellos contenidos en la Constitución.
“Como la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe las peleas de gallos, es evidente que bajo el argumento constitucional de que los estados pueden brindarles a sus ciudadanos más derechos que los que tienen los ciudadanos bajo la Constitución, podemos decir que la legislación estatal o de un territorio permitiendo las peleas de gallos es válida bajo la Constitución de los Estados Unidos”, indicó Cotto Ojeda.
Señaló que la Constitución de los Estados Unidos no prohíbe el uso de la marihuana y que a pesar de es un delito federal el consumo y tráfico de la marihuana, muchos estados han legalizado la marihuana medicinal , incluyendo Puerto Rico, y en muchos estados, se ha legalizado su uso recreacional.
“Los estados que la han legalizado tienen la situación muy parecida a la ley en Puerto Rico que permite las peleas de gallos. El planteamiento del poder los estados y los territorios a dar más derechos, pero no menos, es a mi parecer la razón de ser por la cual la mayoría de los estados han legalizado la marihuana permitiendo hasta su uso recreacional”, agregó Cotto Ojeda.
El abogado indicó que la legislación local permitiendo las peleas de gallos puede generar una controversia con el gobierno federal y finalmente será el Tribunal Federal quien deberá determinar si el «Farm Bill» viola la Sección 1 de la Enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos, que garantiza la igual protección de las leyes de los ciudadanos de Estados Unidos.
“Un gallero me decía los otros días: cómo le explicaré a mi nieto, que lo he criado visitando galleras y viendo pelear gallos, que ahora su abuelo es un delicuente por jugar gallos. Mire todo esto es muy angustioso y es que los jugadores de gallos no van a dejar de jugar gallos porque lo prohiba una ley.Lo harán en el clandestinaje. Eso está claro”, indicó Cotto Ojeda.
