Por Redacción Es Noticia
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Empleados de Tribunales desmintieron hoy a la gobernadora Wanda Vázquez, sobre la cantidad del incentivo recibido por los alguaciles y tronaron contra la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, por el criterio utilizado para distribuir los hasta $2,000 aprobados por la Junta de Supervisión Fiscal para este personal.
“La gobernadora anunció hoy que 1,129 alguaciles recibieron un incentivo de $700, pero esa información es totalmente incorrecta, al contrario, muchos alguaciles no recibieron la bonificación que les correspondía. Muchos fueron excluidos del beneficio porque la Administración de Tribunales cambió las reglas establecidas para distribuirlo y las interpretó como mejor les pareció para beneficiar a personal más bien administrativo, esto claro está, sin menospreciar la labor que dichos empleados realizaron y realizan, pero que no atendieron al público, a diferencia de los alguaciles quienes sí representaban riesgo real de contagios. Los datos que le pasaron a la Gobernadoras son erróneos y ella misma debería ordenar verificar cómo fue distribuido el incentivo entre los alguaciles”, explicó el alguacil Amircal Gerena.
Gerena detalló que en un comunicado emitido por la Jueza Presidenta se estableció como criterio principal para recibir el incentivo, haber trabajado las primeras dos semanas de la pandemia, contradiciendo el criterio establecido por la Gobernadora que compensaba al personal que se exponía al posible contagio de coronavirus en ejercicio de sus funciones.
“Ninguna de las órdenes emitidas por la Junta de Supervisión Fiscal, ni por la Gobernadora establece esta normativa de tiempo trabajado que estableció la Administración de Tribunales para otorgar el incentivo. Este cambio en el criterio dejó fuera las razones primordiales por las que se crearon estas bonificaciones para los empleados que son el riesgo y vulnerabilidad de contagiarse realizando su trabajo” añadió Gerena.
Del mismo modo, el alguacil José Castro explicó que hubo numerosas inconsistencias en la distribución del incentivo.
“La Administración de Tribunales determinó que se distribuiría el incentivo en proporción al trabajo presencial, pero aparte del personal de las Salas de Investigaciones, el resto del personal que recibió el incentivo era gerencial, y no estaban expuestos a atender al público. Hubo también alguaciles que trabajaron, aunque fuera un día, del tiempo que la Administración catalogó como el periodo crítico de la emergencia y fueron excluidos. Sin embargo, hubo alguaciles que recibieron $400 y no trabajaron durante periodo crítico de la emergencia. También hubo alguaciles que trabajaron el mismo turno, las mismas horas, en el mismo Tribunal y uno cobró $1,100 y otro $2,000. Otros recibieron $400, $550, $800, $1,000, entre otras proporciones ¿Cuál fue el criterio que utilizaron? ¿Dónde está la distribución justa y equitativa? Ciertamente, cuando algo no se practica frecuentemente, no puede salir bien. La intención no es suficiente” cuestionó Castro.
Castro añadió que la Administración de Tribunales no tomó en consideración ni evaluó las proporciones de alguaciles en los diferentes tribunales alrededor de la isla.
“Aquí hay tribunales grandes con más de 100 alguaciles, que, aunque estaban listos y disponibles, el trabajo que se estaba realizando era limitado en las Salas de Investigaciones, y al rotar a los empleados, no les alcanzó el turno para trabajar 2 ó 3 días en el “periodo crítico de la emergencia” para que se beneficiaran del incentivo. ¿No será que la intención real fue procurar que los menos alguaciles posibles se pudieran beneficiar del incentivo por los reclamos de justicia salarial que llevamos haciendo en los pasados meses, seguidos de la manifestación pasiva en el Tribunal Supremo del pasado 2 de marzo del presente año? ¿Será una revancha de la Administración? Preguntas que sólo las puede contestar la Administración y que pone en tela de juicio su verdadero sentido de la justicia para con sus empleados” concluyó Castro.
