Por Sandra Caquías Cruz
redaccion@esnoticiapr.com
SALINAS – Poco más de un centenar de familias que viven en la comunidad Ranchos de Guayama, en Salinas, despertaron un día con la noticia de que uno de sus vecinos se había despojado de un predio del terreno para en el lugar establecer un campo de tiro.
La organización conocida como Corporación para la Defensa del Poseedor de Licencias de Armas de Puerto Rico, mejor conocida como CODEPOLA, estableció un acuerdo con el dueño de esas tierras para desarrollar el campo de tiro.
El permiso para iniciar los trabajos era para la limpieza del terreno, destacó el matrimonio de Miguel Ángel Rivera Pérez y Natividad Torres Hernández, cuya vivienda tiene el balcón frente a lo que sería el polígono.
“Estos son terrenos agrícolas protegidos donde no se permite ningún tipo de construcción o proyecto comercial que no esté vinculado al terreno”, afirmó Rivera Pérez, quien junto a la comunidad se han unido en una lucha para impedir el desarrollo del campo de tiro. “Aquí no se permite desarrollo de negocio”, dijo.
Explicó que esa comunidad está sobre el Acuífero del Sur y este desarrollo estaría llevando contaminación a ese abasto de agua. “Cada vez que sale una bala de esa, se va el plomo al ambiente, se lo lleva el viento o cae al suelo… Si contaminamos toda el agua que hay en Puerto Rico: ¿De qué vamos a vivir, del agua de botella?”, preguntó.
“Eso se va a convertir en una fuente de contaminación tanto para la tierra, el Acuífero y los ruidos, con los disparos”, señaló. “Ellos no tienen el endoso, pero siguen construyendo. Nosotros continuamos haciendo las quejas a Recursos Naturales y ellos se han hecho de la vista larga, han sido muy laxos”, dijo.
El residente de Ranchos de Guayama, José Cora Collazo, portavoz de los vecinos, explicó que el desarrollo del campo de tiro comenzó en verano pasado con un permiso para “limpieza de terreno simple”, lo que representaba hacer camino.
Los vecinos se percatan que habían removido parte de la vegetación y llamaron al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) e hicieron una querella.
Luego acudieron a la Casa Alcaldía y la encargada de atender las propuestas de desarrollo “nos vendió el campo de tiro como si fuera un parque de Disney. Que iba a tener 180 parking, entradas y salidas”, dijo Cora Collazo.
“La comunidad levantó bandera y le dice (a la funcionaria) que no estamos de acuerdo. Que ese campo de tiro no iba a afectar y que era prohibido por las escrituras. Y ella dijo que en las escrituras del proponente eso no aparecía”, explicó.
El pasado 24 de septiembre, los vecinos volvieron a movilizarse porque la Guardia Nacional comenzó a depositar neumáticos en ese terreno y tras las denuncias tuvieron que regresar y sacarlo.
Los vecinos sometieron una querella para que el DRNA acudiera a evaluar los daños ocasionados en el lugar donde desarrollarían el campo de tiro, pero en Salinas le dicen que eso lo evalúan a nivel regional y en Cayey, región a la que pertenece, le responden que esa petición a ellos no se la han sometido.
Los vecinos denunciaron los múltiples escollos que han encontrado en las agencias, así como el municipio, para no tener que pronunciarse en contra del proponente y terminar con la propuesta, lo que los tiene alerta sobre las intenciones del Gobierno con el proponente.
“La alcaldesa (Karylin Bonilla) dice que va a estar con la mayoría, pero nosotros somos 140 familias y CODEPOLA tiene 3,000 socios. ¿A qué mayoría ella se refiere?”, preguntó Rivera Pérez.
“La mayoría de los que viven aquí son personas que pasan los 65 años. Nosotros hemos tenido hasta el apoyo del párroco de la Iglesia Católica. Nos dio espacio y nos dijo que iba a estar con nosotros hasta lo último y que si tenía que salir a protestar con nosotros, lo iba a hacer”, indicó Cora Collazo.
“Nosotros estamos esperando que le remuevan el permiso. Hemos agotado todos los recursos. Hemos llamado al Ombudsman. Hemos hecho todo. El próximo paso es pagarles a unos abogados para llevar al Tribunal una petición para que se ordene un cese y desista, por qué ¿qué nos queda? Hemos tratado de todo, tenemos todo en contra”, indicó.
Otro problema en esa comunidad es que debajo del asfalto de las carreteras depositaron toneladas de cenizas de la empresa AES. “Nuestras carreteras, en su gran mayoría, tienen una base de cenizas provenientes de la planta de carbón y con el tiempo, la capa de asfalto se ha perdido, y tenemos cenizas expuestas. Hay un gran problema en términos de cómo el municipio va a atender esta situación. FEMA otorgó los fondos, pero ahora no encuentran dónde depositarla. Nadie las quiere aceptar”, explicó Rivera Pérez.
“Las cenizas llegan porque el pasado alcalde, Carlos Rodríguez Mateo, consiguió que AES depositara cenizas como capa inicial y sobre ella colocaron asfalto que se ha ido deteriorando”, señaló. Explicó que donde tenían que colocar cuatro pulgadas de asfalto colocaron una capa superficial que ha ido desapareciendo por el desgaste del tiempo, las lluvias y los huracanes.
Cora Collazo propuso que el exijan tanto a AES como al exalcalde Rodríguez Mateo, que respondan por el daño ocasionado a esa comunidad y los problemas de salud que comienzan a manifestar los residentes y que vinculan a la exposición de cenizas en el vecindario.
CODEPOLA no respondió preguntas sobre el particular. Indicó que el caso está en el Tribunal y refirió a la demanda por libelo, calumnia o difamación contra la organización Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) José Cora y Rafael Díaz. El DRNA no respondió la petición de entrevista ni la alcaldesa de Salinas.
