Por Redacción Es Noticia
Yamira Colón Rosa y Annette Jiménez Collet, candidatas al senado del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) por el distrito de Arecibo, denunciaron un esquema fraudulento por el senador novoprogresista Ángel “Chayanne” Martínez Santiago.
Esto ya que el proyecto de la autoría de Martínez Santiago le hubiese allegado fondos públicos a la extinta Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR), a pesar de que la corporación ya había incumplido con sus informes al Departamento de Estado y su cuerpo de gobernanza se encontraba acusado de fraude de fondos ante el caso famoso de CRECE 21.
“En enero de 2017, INTENOR ya había incumplido con sus informes hacia el Departamento de Estado, y su presidenta y directora de fondos externos acusadas por fraude. Sin embargo, el senador Ángel Martínez creó este Proyecto de Ley para hacerle llegar fondos a esta entidad. Mínimamente, el proyecto de ley que promovió el senador debe calificarse como irresponsable. Buscó designarle fondos a una corporación especial que incumplía con sus deberes y cuya gobernanza se encontraba acusada de malversación de fondos”, expresó Colón Rosa.
La Ley Núm. 284 de 15 de septiembre de 2004 creó la Corporación Especial de Desarrollo Industrial de la Región Norte, entidad sin fines de lucro, con personalidad jurídica separada a la de los municipios de la región geográfica. Una de sus iniciativas fue la Iniciativa Tecnológica del Norte (INTENOR).
El pasado 2 de enero de 2017, Martínez Santiago presentó el Proyecto del Senado 101 para crear la ley que autorizaría la extensión de un Sistema Integrado de Autobús de Rápido Acceso desde la jurisdicción municipal de la Ciudad de Vega Baja hasta la Ciudad de Hatillo. La misma, además, designaría a INTENOR como la entidad jurídica responsable de administrar las etapas de desarrollo del proyecto y desarrollar el estudio de viabilidad del mismo, además de otros fines relacionados, por lo que recibiría fondos públicos.
Sin embargo, INTENOR había incumplido sus responsabilidades financieras al no estar en cumplimiento con la radicación de informes para el Departamento de Estado para los años 2016, 2017 y 2018. Eso significa que, a la hora de radicar el proyecto de ley, ya INTENOR incumplía con sus deberes ante el estado. Eventualmente, por la misma razón, fue cancelada la corporación especial en noviembre del 2019.
Además, miembros de su cuerpo de gobernanza fueron acusados de fraude bajo el programa Certificación y Recertificación, conocido como CRECE 21. CRECE 21 fue una alianza entre la Universidad de Puerto Rico (UPR), bajo la presidencia de Miguel Muñoz, y el Departamento de Educación con el propósito de llevar a cabo el adiestramiento del magisterio del sistema público de enseñanza.
Originalmente, las denuncias de malversación de fondos por parte de la gobernanza de CRECE 21 vinieron del Departamento de Justicia e incluían 263 cargos. Justicia estimó que un total de $73,000 fue malversado como parte de estos hechos ocurridos entre junio de 2011 y noviembre de 2012. Eventualmente, los casos pasaron al Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI).
Al radicarse el proyecto de ley de la autoría de Martínez Santiago, INTENOR estaba presidido por Yanaira Vázquez Cruz y contaba con Ada Liz López Hernández como directora de fondos externos, ambas acusadas dentro del esquema de CRECE 21.
Vázquez Cruz fue rectora de la del recinto de Utuado de la UPR y directora de CRECE 21. En la actualidad, enfrenta 13 cargos graves por fraude a CRECE 21 y está a la espera de juicio debido al retraso en los tribunales por la pandemia.
Por otro lado, López Hernández también fue acusada por el programa Crece 21 como excoordinadora del programa y se declaró culpable. En su vista en el tribunal emitió una declaración de culpabilidad por 18 cargos en su contra en cumplimiento con un preacuerdo entablado con FEI a principios de febrero.
Además de Ada Liz López Hernández, Juan Varona Echeandía, ex rector de la UPR Cayey, y Juan Ramírez Silva, ex rector de la UPR Arecibo, también se declararon culpables ante los casos de CRECE 21.
“El legislador Martínez debe retirar este proyecto. Aunque el proyecto de ley lleva engavetado por varios años e INTENOR cancelada como corporación especial, pedimos que se retire. La vieja política está asociada con aprobar proyectos de ley de manera irresponsable por descargue y por eso no descartamos el que vuelva a surgir. Así ocurrió con el proyecto que buscaba crear un corredor costero en Manatí y que atentaba en contra de la Reserva Natural de Mar Chiquita. Ese logró denunciarse y eventualmente retirarse. Victoria Ciudadana, incluso antes de las elecciones, ya se ha convertido en un ente fiscalizador, y estos dos proyectos así lo han demostrado”, finalizó Colón Rosa.
