Por Redacción Es Noticia
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El Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico hizo un llamado al Tribunal Supremo para que divulgue el informe del Comité para el Estudio y Análisis de la Reválida, presidido por el juez asociado Ángel Colón Pérez.
«Este comité tenía la encomienda de estudiar la nota de pase de la reválida de abogados y las causas del alto por ciento de desaprobación de ese examen», informó la licenciada Daisy Calcaño López, presidenta del organismo.
«El contenido del informe no ha sido divulgado y compartido con la comunidad jurídica ni el país y la situación es cada vez más difícil para los egresados y egresadas de las tres Escuelas de Derecho, pues la acreditación de estas por la American Bar Association (ABA) depende del por ciento de aprobación de cada institución en un plazo de dos años. Todos conocemos los resultados de las últimas reválidas», dijo.
El reclamo de la presidenta del Colegio, que agrupa profesionalmente a parte de los togados y togadas del país, se dio tras conocerse que solo aprobó el 22% de los aspirantes que tomaron la pasada reválida, ofrecida en marzo de este año.
A su juicio, el alto porcentaje de fracasos demuestra que hay urgencia en conocer las causas de esta situación por lo que reclamó al Supremo que divulgue las conclusiones y recomendaciones del informe preparado por dicho el comité que preside Ángel Colón Pérez.
La letrada destacó que el último estudio conocido y divulgado sobre la Educación Jurídica y la Reválida en Puerto Rico se presentó en diciembre de 1979 al entonces juez presidente, José Trías Monge, por la comisión especial designada con esa encomienda.
«No se ha vuelto a realizar un estudio de tal envergadura sobre un tema que afecta, no solo a la comunidad jurídica, sino al país, por la importancia de los servicios legales para la ciudadanía. Por eso la urgencia de retomar el estudio de este delicado asunto, para propiciar su discusión pública y aunar esfuerzos para su solución», señaló en declaraciones escritas.
Mientras, el Colegio de Abogados y Abogadas le solicitó al ABA que conceda a las Escuelas de Derecho del país una moratoria, antes de aplicar los nuevos criterios de acreditación.
La pérdida de la acreditación del ABA compromete el prestigio y la calidad de la educación jurídica de las Escuelas de Derecho de Puerto Rico.
El CAAPR constituyó recientemente la Comisión Especial de la Presidencia para atender el pase de la reválida y todos los asuntos relacionados con ello, de manera que pueda colaborar con todas las partes interesadas, la misma es presidida por el licenciado Leonardo Cabán.
La situación se ha tornado alarmante, expresa la licenciada Calcaño López, y requiere el desarrollo de un plan de acción concertado entre las tres escuelas, los graduados en Derecho y el Tribunal Supremo, como autoridad reguladora de la profesión jurídica.
«Se impone la transparencia y el compromiso de todos para encontrar una solución razonable y justa para los aspirantes y para el país que espera por sus servicios, expresó Calcaño López.
