Por Lcdo. Lind Orlando Merle Feliciano – Excomisionado Electoral del PPP
En los últimos días, el candidato por nominación directa en Guánica, señor Edgardo Cruz, ha realizado declaraciones difamatorias sobre aquellos que difieren de él, en una muestra más de su carácter. Hace aproximadamente año y medio, mientras el aspirante realizaba campaña bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), tomó ventaja de nuestros hermanos guaniqueños, prometiendo hasta el cielo, en claro menosprecio de sus necesidades.
Mientras, este servidor, a nombre del Partido Popular Democrático y de todos sus candidatos, alzaba su voz en el Capitolio de Puerto Rico en contra de la Reforma Electoral por ser injusta y discriminatoria. Una «reforma» que el aspirante Edgardo Cruz apoyó y respaldó, pues se trataba de un engendro del partido al que él aspiraba representar en la papeleta municipal de Guánica. Una ley, por demás, antidemocrática, y que como anticipamos, facilitó una ventaja indebida al partido de gobierno. De hecho, nuestra gestión en contra del Código Electoral está evidenciada ampliamente en los medios de comunicación y las redes sociales.
Ahora, luego de iniciado el evento electoral, el aspirante por nominación directa pretende que se utilicen unas reglas contrarias a lo que dispone la Ley que juró defender como afiliado del Partido Nuevo Progresista (PNP). Claro, su afiliación política causa confusión pues también pretendió aspirar bajo la insignia de Proyecto Dignidad (PD( y ahora, según sopla el viento, está coqueteando con el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC). El aspirante exige un trato distinto y preferencial al pretender que se utilicen unas reglas contrarias a lo que establece la Ley que él mismo respaldó.
Irónicamente, el aspirante hoy es víctima de sus propios actos. Éste se dedicó a apoyar la política pública del PNP y nunca veló por los derechos de los sectores vulnerables, todo porque nunca imaginó que luego sería parte de ellos. En Guánica a eso se le llama hipocresía. Invito a nuestros hermanos a leer y conocer de primera mano las alegaciones y el Código Electoral y decidan quién dice la verdad.