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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com
Una auditoría de la Oficina del Contralor reveló que la administración municipal de Santa Isabel -pasada y presente- incurrió en irregularidades y practicas fuera de lo establecido en una sana administración de fondos públicos.
La auditoría reveló que el municipio no le requirió a un contratista el pago de arbitrios y patentes del proyecto de construcción de la pista atlética, cuyo costo total superaba los $2 millones. El contratista debió haberle pagado al Municipio $110,056; sin embargo, sólo abonó $11,255, revela el resultado de la Auditoria.
Al 16 de noviembre de 2022, el Municipio no le había requerido al contratista el pago de la diferencia de $98,801, ni tampoco le había retenido esta cantidad de los pagos ya realizados.
Al 27 de febrero de 2023, el Municipio le debía $115,498 al contratista por trabajos pendientes y por el 10% retenido.
El Informe le recomienda al Alcalde que retenga los $98,801 de arbitrios de construcción y patentes, del balance pendiente de pago a dicho contratista.
La auditoría, de cinco hallazgos, señala varias deficiencias de control ya que los funcionarios responsables no encontraron ni entregaron a los auditores de la OCPR documentos relacionados con la construcción de la pista atlética y con la remodelación de la plaza pública.
Los empleados no suministraron evidencia de la autorización del Alcalde al contratista para subcontratar, ni la minuta aprobando órdenes de cambio, ni cinco comprobantes de desembolso por $343,117, entre otros.
«Esta situación dificulta mantener registros confiables de los acuerdos entre el Municipio y el contratista, e impidió verificar en todos sus detalles, la corrección de los procesos de construcción», señaló el Informe.
Además, el Municipio pagó $25,113 a seis exfuncionarios y cinco exempleados por días acumulados en exceso de los 90 días de la licencia por enfermedad cuando el Código Municipal de 2020 establece que, al momento de separarse del servicio público o jubilación, se le pagará al empleado lo acumulado por enfermedad hasta un máximo de 90 días.
El Informe recomienda que el alcalde evalúe este incumplimiento de ley y la posible aplicación de sanciones a los funcionarios encargados de la transacción del pago global al exalcalde, a los exfuncionarios y a los exempleados.
Por otro lado, el Alcalde nombró una directora de Obras Públicas sin que contara con la experiencia laboral requerida para ocupar dicho puesto.
No obstante, la Legislatura Municipal la confirmó el 25 de febrero de 2021. Además, el Municipio no había actualizado los reglamentos para la administración del personal de confianza ni de carrera al 30 de junio de 2022.
Mientras, de una muestra examinada a los comprobantes de desembolso, se evidenció que «el municipio de Santa Isabel no mantiene un control efectivo de los gastos, ni del presupuesto».
Citaron, por ejemplo:
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- 52 comprobantes por $1,338,656 que no estaban firmados por las empleadas de preintervención.
- 51 comprobantes por $1,413,902, no estaban firmados por la directora de finanzas.
- 44 comprobantes por $1,329,412 no estaban firmados por el alcalde.
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Una situación similar ya había sido publicada en los informes de auditoría OC-24-25 del 2023, y el M-19-43 del 2019.
La auditoría comenta que, el pasado 22 de abril, la Oficina de Ética Gubernamental multó por $5,500 al exalcalde Enrique Questell por no remitir información adicional solicitada con respecto a sus informes financieros anuales de 2016 y 2017.
Al 30 de junio de 2022, el Municipio tenía seis demandas civiles por $1,799,228, pendientes de resolución en los tribunales. Las demandas presentadas eran por razón de discrimen político, cobro de dinero y daños y perjuicios.
El presupuesto del Fondo General, para los años fiscales del 2017-18 al 2021-22, ascendió a $10,125,158, $10,527,726, $10,661,367, $11,089,633 y $11,384,893, respectivamente.
El Municipio tenía preparados sus estados financieros, auditados por contadores públicos autorizados, para los años fiscales del 2017-18 al 2019-20. Estos reflejaron déficits acumulados por $6,824,806, $5,138,810 y $4,550,499, respectivamente.
La auditoría le recomienda al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto que se asegure que la administración municipal de Santa Isabel cumpla con el Plan de Acción Correctiva establecido por la OCPR.
Este segundo y último informe del municipio de Santa Isabel cubrió del 1 de junio de 2018 al 30 de junio de 2022.
