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Contraloría revela falta de controles internos en la Autoridad de los Puertos

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Por Redacción Es Noticia
redaccion@esnoticiapr.com

 

La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión adversa sobre las operaciones fiscales de la Autoridad de los Puertos, al detectar múltiples deficiencias en el manejo de arrendamientos, cobro de deudas y otorgamiento de incentivos.

Según el informe OC-26-03, el 36 por ciento de las 258 instalaciones comerciales en ocho de los nueve aeropuertos de la Isla operaban con contratos vencidos desde 1993, situación que no salvaguarda los intereses de la corporación pública.

Además, se identificaron cláusulas contractuales contrarias a derecho que permitían implícitamente la ocupación de locales fuera de contrato, mediante penalidades y rentas adicionales.

La auditoría revela, entre otros hallazgos, que la Autoridad permitió a un concesionario ubicar por más de 16 años un “trailer” en terrenos de un aeropuerto sin pagar renta; que seis instalaciones no figuraban en el inventario de propiedad; y que no se exigió póliza de seguro de responsabilidad general en ocho contratos.

Durante la pandemia, la Junta de Directores aprobó reducir en un 40 por ciento la renta mensual por 60 días, concediendo créditos por 273,015 dólares a 82 instalaciones, de las cuales el 61 por ciento operaban sin contratos vigentes. Asimismo, se otorgaron incentivos bajo el programa Airport Coronavirus Response Grant a concesionarios en la misma condición, lo que invalida dichos beneficios, según la Contraloría.

El informe también expone que un asesor legal de la Autoridad tardó seis años y medio en atender un referido y emitir una recomendación de cobro de 424,910 dólares a un cliente, lo que genera “la percepción de parcialidad, negligencia y una gestión deficiente”.

La OCPR puntualizó que la Autoridad de los Puertos acumuló déficits por 302.5 millones de dólares entre los años fiscales 2018 y 2021. Al 30 de junio de 2021, las cuentas por cobrar ascendían a 15.2 millones, reflejando una falta de controles internos que compromete la liquidez y presenta activos potencialmente irreales.

La auditoría cubrió el periodo del 1 de julio de 2018 al 31 de marzo de 2022.

 

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