Por Redacción Es Noticia
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El comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández Rivera (PPD), expresó su rechazo a que el Ejército de Estados Unidos realice operaciones de entrenamiento en Puerto Rico, justo cuando la Casa Blanca ha intensificado su ofensiva contra el narcotráfico en el Caribe, con especial énfasis en el llamado Cartel de los Soles, vinculado al presidente venezolano Nicolás Maduro y a altos dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela.
“Creo que la verdadera noticia aquí es que tenemos a un director de Seguridad Pública que anuncia una idea de remilitarizar a Puerto Rico y, al día siguiente, la gobernadora, su jefa, le lleva la contraria. Remilitarizar la isla, reabrir las bases de Vieques y Culebra, por ejemplo, es totalmente inaceptable”, sostuvo Hernández Rivera.
Las expresiones surgen tras declaraciones del secretario de Seguridad Pública, Arthur Garffer, quien había resaltado el rol estratégico de Puerto Rico para EE. UU. en el Caribe. No obstante, la gobernadora afirmó que no ha recibido comunicación oficial del Ejército sobre reabrir bases militares.
Reacciones de sectores independentistas
El colectivo Plan B Independencia condenó las expresiones de Garffer, calificándolas como “un retroceso histórico” y un intento de reactivar la subordinación colonial. “La seguridad de un pueblo no se mide en portaaviones ni en bombarderos, sino en escuelas, hospitales y justicia social”, expresó su portavoz, Carlos Rivera Lugo.
La economista Marta Quiñones, también del colectivo, añadió que las bases militares “no generan desarrollo económico real, sino dependencia artificial y desigualdad”. Mientras, el abogado Rolando Emmanuelli Jiménez advirtió que una remilitarización violaría el derecho internacional a la autodeterminación de los pueblos.
El repudio coincide con la Marcha por la Independencia celebrada el 31 de agosto, donde miles de personas en San Juan rechazaron el coloniaje y las prácticas militares en la isla.
Municipios denuncian falta de información
Alcaldes de municipios del sur como Juana Díaz, Salinas, Ponce y Guánica aseguraron que no fueron notificados sobre los ejercicios militares iniciados el 31 de agosto por la 12.ª Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de EE. UU., en conjunto con la Guardia Nacional de Puerto Rico.
En Juana Díaz, el alcalde Ramón Hernández Torres afirmó que a diferencia de cuando la Guardia Nacional organiza entrenamientos, en esta ocasión el municipio y su oficina de Manejo de Emergencias no recibieron aviso de operaciones anfibias ni vuelos militares. La situación se repitió en Salinas, Guayama y otros pueblos con instalaciones castrenses.
Aunque la primera teniente Cailin Duffy, portavoz de la unidad de Infantería de Marina, indicó en declaraciones escritas que han coordinado con “funcionarios locales y servicios de emergencia para garantizar transparencia”, alcaldes y legisladores insisten en que no hubo comunicación previa.
Tensión regional
Los entrenamientos ocurren en un momento de alta tensión diplomática entre Washington y Caracas. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro, acusado de liderar junto a Diosdado Cabello y Tareck el Aissami una red de narcotráfico internacional.
Mientras tanto, persiste la incertidumbre sobre la magnitud y duración de los ejercicios militares en Puerto Rico, así como el posible impacto en áreas protegidas como la Reserva Estuarina de Bahía de Jobos (Salinas) y La Parguera (Lajas).
