Por Redacción Es Noticia
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El senador independentista, Juan Dalmau Ramírez, acusó a la Junta de Control Fiscal (JCF) de impulsar un presupuesto que reduce en un 8.5% la nómina del gobierno.
La denuncia, explicó Dalmau Ramírez, surge a raíz de una respuesta en una vista pública donde la directora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) admitió a la Comisión senatorial de Hacienda que la propuesta de presupuesto de la JCF afectaría a miles de trabajadores del sector público ya que reduciría en 8.5% la nómina del gobierno.
«La Junta de Control Fiscal hace lo que quiere y el gobierno lo que puede. Lo que ha reconocido la directora de OGP, a preguntas mías, es que la propuesta presupuestaria que desea imponer la Junta es una que reduciría la nómina con la consecuencia nefasta de que haya despidos o jornada parcial para empleados públicos en momentos de necesidad económica y de pandemia», dijo.
«La funcionaria me admite, además, que están muy conscientes que dicha reducción presupuestaria en nómina afectaría dramáticamente servicios gubernamentales esenciales y necesarios ya que de 90 agencias, 40 se verían impactadas. O sea, casi un 50% del gobierno. La perversidad de esa Junta dictatorial, que opera en contubernio con un gobierno que se doblega sumisamente a sus caprichos insensibles y abusivos, no tiene límites», sentenció el portavoz senatorial del PIP.
El también aspirante a la gobernación manifestó que esta reducción en nómina «no tiene otro propósito que destinar un dinero a los bonistas, que hubiese correspondido a miles de trabajadores que se lo ganaron con el sudor de su frente».
«Ante este atropello que la Junta pretende perpetrar tiene que haber una respuesta contundente de parte de esta Asamblea Legislativa. Reitero mi llamado a la mayoría parlamentaria de la Cámara de Representantes para que le den paso a la Resolución Conjunta del Senado Núm. 215, de mi autoría y aprobada unánimemente en el Senado, que ordena al secretario de Hacienda a no hacer desembolsos del presupuesto a la Junta de Control Fiscal, que asciende a $57 millones. No pueden continuar cruzados de brazos en momentos en que el país más necesita que los representantes del pueblo saquen la cara y den la batalla por el pueblo», indicó Dalmau Ramírez.
