Por Redacción Es Noticia
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La coalición Tierras Pa’ Agricultura, Techos Pa’ Energía denunció que la reciente determinación del Tribunal de Primera Instancia de San Juan permite que las agencias de gobierno favorezcan los proyectos solares industriales -fincas solares- en terrenos agrícolas y ecosistemas importantes.
El tribunal desestimó el mandamus y la petición de relevo de sentencia presentados por la coalición, que buscaban obligar al Negociado de Energía (NEPR), al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a identificar terrenos aptos para proyectos solares a escala industrial, sin comprometer la seguridad alimentaria del archipiélago y excluyendo los Suelos Rústicos Especialmente Protegidos (SREP), áreas ecológicamente sensibles y la Reserva Especial Agrícola.
La sentencia concluye que el Negociado ha dado curso a los reclamos de la coalición, aunque no se compromete a determinar los lugares adecuados para la instalación de estos proyectos. Para las organizaciones, esto mantiene un vacío en la fiscalización y deja que las agencias “continúen parcializándose a favor de los intereses industriales”.
“El gobierno ha ido acomodando agencias para que no existan entes imparciales para evaluar los reclamos de las comunidades. Esto es muy peligroso porque confirma la falta de democracia severa que atraviesa Puerto Rico”, expresó Lydia Díaz, del Comité Yabucoeño Pro-Calidad de Vida (YUCAE).
Por su parte, Alfredo Vivoni, del Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas, recalcó que “necesitamos un sistema judicial que atienda los problemas en las comunidades y no los intereses de la clase política y de unos pocos sobre el bien colectivo”.
Desde 2020, la coalición reclama que las agencias públicas entreguen la información completa sobre los proyectos solares industriales y protejan los suelos agrícolas y ecológicos designados por ley. Durante estos años, los grupos han presentado estudios técnicos y científicos que respaldan sus reclamos, pero la falta de acción del NEPR y del DDEC los ha llevado repetidamente a los tribunales.
En un primer mandamus, el tribunal desestimó la demanda al entender que el Negociado tenía jurisdicción exclusiva sobre la ubicación de los proyectos solares. Tras esa decisión, los grupos presentaron una querella ante el NEPR, que fue ignorada, lo que los llevó a presentar un segundo recurso de mandamus. Ese también fue desestimado.
Solo después de esta segunda radicación, el Negociado decidió asignar número y atender la querella, aunque el tribunal nuevamente desestimó el caso. Para la coalición, estas decisiones evidencian la falta de mecanismos efectivos de fiscalización cuando el Negociado incumple con sus deberes ministeriales. Ante este panorama, los grupos llaman al pueblo a exigir rendición de cuentas.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía: llamen a sus representantes, exijan que escuchen a las organizaciones de base y sus propuestas para una transición energética efectiva y no esta mala planificación en la que tienen al pueblo sufriendo las fallas del gobierno en otorgar contratos sin determinar lugares aptos”, manifestó Víctor Alvarado Guzmán, del Comité Diálogo Ambiental.
La coalición aclaró que no se opone a la energía renovable. Por el contrario, respalda la instalación de paneles solares en techos con almacenamiento y la creación de microrredes comunitarias, además de promover el uso de estacionamientos y vertederos clausurados para proyectos industriales.
Según los grupos, este modelo garantiza una transición energética sostenible sin poner en riesgo la soberanía alimentaria. Actualmente, el 85% de los alimentos consumidos en Puerto Rico es importado, y el archipiélago mantiene una de las tasas más altas de inseguridad alimentaria en Estados Unidos.
A pesar del fallo, las organizaciones reiteraron que no se debe poner en peligro el escaso suelo agrícola ni los ecosistemas restantes. Reclamaron que se respete y se haga valer la Reserva Especial Agrícola de Puerto Rico.
Los grupos que conformaron esta demanda, presentada el 21 de agosto, son Liga de Ciudades PR Inc., Organización Boricuá de Agricultura Eco Orgánica Inc., Frente Unido Pro-Defensa del Valle de Lajas Inc., El Puente de Williamsburg Inc., Comité Diálogo Ambiental Inc., Mujeres de Isla Inc. y Comité Yabucoeño Pro-Calidad De Vida Inc.
