En «la prángana» trabajadores de la AEE tras privatización de transmisión y distribución

Por Redacción Es Noticia

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Aunque la empresa Luma Energy, seleccionada para la privatización parcial de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), defiende que retendrá la mayor cantidad de empleados, el acuerdo suscrito con el gobierno estipula que no están obligados a contratar a los actuales trabajadores de la corporación pública.

En una comunicación enviada a los empleados de la AEE, el consorcio -compuesto por las compañías Quanta Services, ATCO e IEM- expresó que busca contratar a la mayor cantidad de trabajadores cualificados para las plazas disponibles en la nueva organización, según informó el periódico El Vocero.

“Nuestro objetivo es construir una organización nueva, poderosa y eficiente que se beneficie de tener las mejores personas para el trabajo”, sentenció la empresa.

Sin embargo, Fermín Fontanés, director ejecutivo de la AAPP, comentó a EL VOCERO que “todo el personal de la AEE que opte por permanecer como empleado en el Gobierno de Puerto Rico será asignado de acuerdo a los estatutos, regulaciones y reglamentos administrativos aplicables a estos bajo la Ley Núm. 120”.

Ante esto, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), dijo que el acuerdo -para operar, administrar, mantener, reparar y restaurar la red eléctrica de la corporación pública por 15 años- sí pone en una posición vulnerable a los trabajadores.

Figueroa Jaramillo enfatizó que, de consumarse la entrada de la nueva entidad, los empleados que se vuelvan a contratar perderán todos los beneficios acumulados en sus años previos de servicio. El acuerdo dicta que LUMA “no asumirá, ni será responsable de las obligaciones o deudas del propietario en virtud de los planes de jubilación” y que “los exempleados contratados no recibirán crédito por su servicio antes de la fecha de inicio del servicio a efectos de la acumulación de beneficios”.

En esa misma línea, el abogado y analista John Mudd opinó que el contrato va más allá de la transmisión y distribución energética. “Esto es casi decir que la empresa seleccionada es la que en realidad va a mandar en la Autoridad. Hay que hacerse la pregunta si verdaderamente la corporación sobrevivirá como entidad. Esto va a traer cola”, mencionó.