Por Redacción Es Noticia
El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Figueroa Jaramillo, solicitó al gobernador Pedro Pierluisi apelar la decisión de la jueza Taylor Swain, que dejó sin efecto el aumento de salario a los bomberos y la acumulación de días de enfermedad y vacaciones a empleados públicos.
“La determinación de la jueza sobre dejar sin efecto estas leyes no es final y firme, por lo que el gobierno de Pedro Pierluisi tiene aún la oportunidad de apelarla. Además, la jueza dejó abierta la puerta para hacer cambios que justifiquen una modificación a su decisión, pues no declaró nulas las leyes. Por eso, le decimos al gobernador que le corresponde a él tomar una determinación sobre el curso de acción a seguir en este asunto”, manifestó el líder sindical en declaraciones escritas.
La misiva detalla las razones por las que la legislatura creó las leyes que permitían los beneficios a los empleados públicos y a los bomberos.
“En el caso de la ley para restituir la acumulación de días de vacaciones y enfermedad se aprobó porque la legislación aprobada en el 2017 disminuyó el beneficio de acumulación de vacaciones y enfermedad de manera que tuvo un impacto sumamente negativo en los empleados públicos, particularmente por las vicisitudes que siguieron el paso del huracán María y además no hay evidencia que haya evitado la crisis que el gobierno creó”, explicó.
Figueroa Jaramillo añadió, además, que el aumento salarial de los bomberos por $125 mensual o $1,500 anual responde a un reclamo de hace 10 años por un ajuste salarial para los bomberos, cuyas labores los exponen a riesgos de enfermedad y accidentes.
El líder sindical puntualizó que el gobernador Pedro Pierluisi necesita expresarse sobre este asunto que tanta importancia tiene para el sector obrero gubernamental.
“La discusión de la jueza aborda estos temas como un asunto de solo dólares y centavos sin considerar los efectos a largo plazo, la política pública del gobierno de Puerto Rico ni las necesidades de los trabajadores públicos. De aceptar esta decisión sin ulteriores trámites, su gobierno estaría avalando una visión de la Junta de Supervisión Fiscal que va más allá de la fiscalización presupuestaria y se convierte en un gobierno no-electo supraconstitucional que controla la visión y política pública de su gobierno”, sentenció.
