El Departamento de la Familia aclaró que un correo electrónico relacionado con supuestas gestiones de pago a la empresa NOLA Education correspondió a un intercambio interno entre funcionarios de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) y no constituyó una solicitud de fondos, autorización de pago ni gestión de desembolso a favor de la compañía.
Según la agencia, la comunicación ocurrió entre el entonces administrador de la ADSEF, licenciado Ramón Burgos, y el administrador auxiliar de Finanzas y Presupuesto, Eddie Burgos. En el intercambio se evaluaban posibles mecanismos de pago y se revisaban las disposiciones legales y los manuales aplicables.
El Departamento sostuvo que se trató de un análisis preliminar que no culminó en ninguna acción administrativa ni fiscal.
La secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, y el Secretariado de la agencia no formaron parte del intercambio, según la aclaración.
Además, una certificación oficial emitida el 16 de junio de 2026 por la Administración Auxiliar de Finanzas y Presupuesto de la ADSEF establece que esa oficina no recibió de la Oficina de Asuntos Legales ninguna solicitud de fondos para un contrato a favor de NOLA Education.
“Una consulta interna entre funcionarios no es una autorización para comprometer fondos públicos. En este caso no se formalizó un contrato, no se presentó una petición de fondos y no se tramitó ningún desembolso. Un análisis preliminar no es una determinación ni un pago autorizado”, expresó Roig Fuertes.
La funcionaria recalcó que evaluar alternativas administrativas no equivale a adjudicar un contrato y sostuvo que cualquier compromiso de fondos públicos debe cumplir con los procedimientos legales, fiscales y reglamentarios establecidos.
Roig Fuertes acoge investigación de Justicia
En medio de la controversia, Roig Fuertes expresó que acoge la investigación que lleva a cabo el Departamento de Justicia, conforme a las disposiciones legales y los procedimientos aplicables.
La secretaria reiteró su confianza en los procesos investigativos del Departamento de Justicia y reconoció la responsabilidad de las autoridades competentes de atender cualquier asunto dentro del marco de la ley.
Asimismo, reafirmó su convicción de que la pesquisa confirmará que sus actuaciones se han realizado conforme a las leyes, los reglamentos y los principios de integridad, honestidad y transparencia que rigen el servicio público.
Roig Fuertes sostuvo que esos valores siempre la han caracterizado tanto en el ámbito profesional como en el personal.
“El manejo de los fondos públicos exige responsabilidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley. Esa ha sido y seguirá siendo nuestra posición. Los documentos deben examinarse en su contexto y no usarse para atribuir decisiones que no ocurrieron”, puntualizó la secretaria.
Finalmente, la titular del Departamento de la Familia indicó que no emitirá declaraciones adicionales sobre este asunto.
