Por Redacción Es Noticia
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Familiares y amigos del biólogo Roberto Viqueira Ríos expresaron hoy -martes- su inconformidad con la determinación judicial en el caso del asesinato del biólogo y reclamaron justicia por esa muerte.
Los familiares pidieron al Departamento de Justicia que revise la gestión del juez Ángel Llavona, del Centro Judicial de Ponce, y adelantaron que exploran todas las vías legales posibles tras el fallo que califican de «contrario a derecho».
Los familiares describieron el juicio como un proceso «viciado, revictimizante y arbitrario». Señalaron que el Ministerio Público presentó cargos por asesinato en primer grado, una tipificación que implica premeditación, deliberación y malicia, presentando evidencia que, a juicio de los familiares, incriminaba claramente al acusado.
El juez Llavona determinó absolver al enfermero Eduardo Meléndez Velázquez de los cuatro cargos en su contra.
La familia enfatizó que la absolución «no fue basada en la duda razonable, sino por legítima defensa» lo que calificaron de «totalmente absurda». Alegaron que, desde el estrado, el Juez ofreció información falsa que no se desprende de la prueba presentada y que «mancilla la reputación de Roberto Viqueira Ríos, denotando un claro prejuicio hacia la víctima y sus familiares».
«La determinación del juez Ángel Llavona fue contraria a Derecho. La consideramos un acto tan criminal como el asesinato de Roberto», expresó la familia en un comunicado de prensa. Indicó que esa decisión agrava el dolor y el duelo de ellos, a la vez que ha generado una «preocupación por la seguridad y tranquilidad del pueblo» al dejar en libertad al individuo acusado por ese crimen.
El crimen, ocurrido el 15 de julio de 2025 en el hogar de Viqueira Ríos, en Yauco, donde residía junto a su compañera Moshayra Vicente Cruz y sus tres hijos. Según la narrativa de la familia, el asesinato fue la culminación de un prolongado patrón de hostigamiento y acecho por parte de Meléndez Velázquez, que se remonta al año 2020.
Cronología de incidentes
2020 – De acuerdo con la cronología presentada por la familia Viqueira Vicente, los incidentes comenzaron en 2020 cuando, tras un período de relación cordial entre vecinos que incluyó la ayuda de la familia Viqueira con maquinaria para las mejoras en la propiedad del asesino, estos descubrieron cámaras de vigilancia apuntando hacia su residencia.
Diciembre de 2020 – Ante esta situación, Roberto Viqueira solicitó la intervención de la Ley 140 para denunciar el patrón de hostigamiento. El proceso, que derivó en una mediación que el agresor se negó a aceptar, por lo que no prosperó.
Junio de 2021 – La familia fue objeto de una demanda por daños y perjuicios por vicios de construcción, a la que respondieron con una reconvención donde denunciaban formalmente el acecho y solicitaban un remedio legal preliminar. «Desde entonces comenzaron a darse distintos incidentes de provocación y hostilidad», señala el comunicado familiar, afirmando que el tribunal nunca atendió esa solicitud de protección.
Llamado a revisión
Ante este escenario, la familia Viqueira Vicente, con el respaldo de más voces, pidió la evaluación del juez Llavona. «Queda al descubierto que su nombramiento careció de méritos como jurista», afirmaron, recordando su pasado como precandidato a la alcaldía de Ponce por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Los familiares hicieron un llamado para que todos los casos atendidos por este magistrado sean revisados.
«Este reclamo nace porque hay un asesino en la calle que pone en riesgo a un pueblo. Todo el país vio cómo se ejecutó a un padre de familia en su hogar y este juez le absolvió de todos los cargos», expresaron.
La familia informó que se encuentra explorando todas las vías legales posibles para lograr justicia. Como parte de este proceso, han sido convocados a una reunión clave con el jefe de fiscales y otros funcionarios del Departamento de Justicia, pautada para el miércoles 18 de febrero, en la que esperan que se evalúen los pasos a seguir ante un fallo absolutorio que, aunque de revisión compleja, consideran que merece un análisis jurídico más detenido y riguroso dadas las circunstancias.
